El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la nueva mayoría de Morena en la Cámara de Diputados harán una revisión puntual de los fideicomisos de la administración pública federal para determinar el volumen y destino de los recursos, así como recuperar y reasignar dichos fondos a programas sociales y nuevas estrategias de desarrollo.

Así lo advirtió el legislador electo Alfonso Ramírez Cuéllar, aspirante a la coordinación de la bancada lopezobradorista en el Palacio de San Lázaro, al tiempo de subrayar que los últimos gobiernos han recurrido a esa figura para institucionalizar la opacidad de los recursos públicos y hacerlos impenetrables a la fiscalización.

MILENIO reveló en su edición de ayer que el gobierno federal mantiene abiertos más de 300 fideicomisos y mandatos con recursos equivalentes a 15 por ciento del gasto programable anual.

En entrevista, Ramírez Cuéllar sostuvo por ello que la administración entrante exigirá el libro blanco de los fideicomisos durante el proceso de entrega-recepción que comenzará formalmente esta semana, una vez que López Obrador reciba su constancia como presidente electo.

“Se va a hacer una revisión puntual, porque deben existir muchísimos organismos de este tipo que reciben fondos federales y sobre los cuales prácticamente ni siquiera se tiene conocimiento; es tan abrumador el número de fondos y de fideicomisos que resulta, en una primera revisada, inalcanzable la existencia y la totalidad de ellos, pero sí es una veta muy importante y una fuente de recursos que tiene que ser recuperada para los programas de desarrollo social y las nuevas estrategias de desarrollo”, señaló.

El diputado federal electo insistió en que los fideicomisos forman parte de los “usos y costumbres” no solo del gobierno federal, sino también de las entidades federativas, con el fin de esconder fondos y utilizar el erario con absoluta discrecionalidad.

“Es algo que siempre se ha denunciado, pero la nota que ustedes publican, sobre todo por el monto, es verdaderamente importante, pues da cuenta de una enorme cantidad de recursos sobre los cuales no hay prácticamente ningún control, algunos son públicos, otros los hacen privados, pero al final de cuentas la característica común y base principal de su funcionamiento es que resultan impenetrables para la fiscalización”, dijo.

Ramírez Cuéllar manifestó en ese sentido la necesidad de revisar también los fideicomisos y figuras análogas creadas con recursos de las entidades federativas para, en su caso, reorientar fondos a proyectos de inversión.

Convención hacendaria

El ex perredista Alfonso Ramírez Cuéllar llamó a los diputados federales y locales electos a una nueva Convención Nacional Hacendaria durante los primeros días de noviembre para definir nuevos criterios para el ejercicio de los más de 5 billones 500 mil millones de pesos del Presupuesto 2019.

“Queremos reunir a los representantes populares de todos los partidos políticos para discutir, en una primera etapa, las transferencias y el gasto federalizado, la cartera de los principales proyectos de desarrollo social, inversión productiva y desarrollo regional, así como la política de ahorro en los presupuestos públicos locales y federales”, indicó.

Instó a evaluar los fondos que registran una gran discrecionalidad y opacidad en la ejecución de recursos, como el Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social, el Fondo de Capitalidad, el Fondo Metropolitano y el Fondo de Fortalecimiento Financiero de las Entidades Federativas.

“Se trata de garantizar el buen uso de casi 35 por ciento del presupuesto nacional, pues es un gasto que, según la Auditoría Superior de la Federación, de 2011 a 2016 arroja montos observados y sin solventar por 258 mil millones de pesos a cargo de gobiernos estatales y municipales”, añadió.

Estimó que la nueva Convención Hacendaria debe concluir con la revisión de los más de 550 programas relacionados con políticas sociales, así como los casi 100 que encierran el apoyo a proyectos productivos y los dispendios en el gasto para seguridad pública.