Después de una elección presidencial es esperable que el ganador vaya acaparando la atención de medios y sociedad, mientras que el mandatario saliente se vaya alejando poco a poco de los reflectores. Es parte de la transición y es incluso muestra de normalidad democrática.

Lo que no se espera es que la administración que se va actúe desde el día siguiente de los comicios como si sus responsabilidades hubieran terminado. Mucho menos en un país que todavía conserva uno de los periodos más largos entre las votaciones y el cambio de mando constitucional.

Enrique Peña Nieto como presidente en funciones y su gobierno en general han dejado todo el espacio a una nueva administración que aún no toma forma ni tiene facultades legales para gobernar.

Entre los planes de los que aún no llegan y los fracasos de los que se van, el delicado tema de la seguridad parece al garete. Nadie da la cara por lo que se esté haciendo o se haya dejado de hacer, pero la ola de violencia, asesinatos, secuestros, ataques sexuales, asaltos y robos sigue en ascenso. Incluso parece fortalecerse frente al vacío de poder.

El que hoy será declarado presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inaugura foros para discutir qué hará al llegar al poder. Y el que dejará la banda presidencial el 1 de diciembre no da muestras de seguir al mando. Vamos, ni siquiera se esfuerza por aparentarlo.

El esquema fallido de crear en 2012 una supersecretaría de Gobernación que concentró todas las tareas de seguridad está en el limbo. El proyecto para rehabilitar una secretaría de Seguridad aún no nace. López Obrador ya le pidió a Peña Nieto que envíe una iniciativa preferente al Congreso para permitir el cambio en esas áreas. Ni siquiera a eso ha respondido el mandatario ausente.

Y en el interregno de los 4 meses que faltan, la sociedad golpeada ya por décadas por tanta violencia recibe el mensaje de que nadie está a cargo. De que lo que importa es el teatro natural de la política y se olvida la acción de gobierno.

El único tema en el que es clara la acción continuada de la responsabilidad es el de la renegociación del TLC. El equipo que encabeza el secretario de Economía sigue al mando de los trabajos y la postura del país en este trascendente asunto. Se entiende que el nuevo gobierno dio luz verde para que así sea y confió en la capacidad técnica de los negociadores. Incluyó a sus representantes político —el futuro canciller— y técnico, pero no desplazó a los que venían trabajando desde hace más de un año.

En otras áreas del gobierno hay señales de que se han suspendido proyectos, gastos y hasta pagos programados, a petición de los que aún no llegan. Por el otro lado, hay indicios de que se siguen otorgando contratos de último minuto en áreas sensibles.

El país ya está suficientemente lastimado como para tener que soportar cuatro meses entre un presidente virtual y un presidente ausente. Urge que se responsabilicen ambos.

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