El martes el presidente electo pidió en Ciudad Juárez “el beneficio de la duda” para enfrentar la inseguridad en el país. Hay que dárselo, no hay de otra, a la luz de los resultados desastrosos que tenemos en el presente.

No se trata de doblegarse ante López Obrador, sino de aceptar que lo hecho ha arrojado más muerte y desolación.

A juzgar por su intervención en la ceremonia inaugural de los foros de pacificación, al próximo mandatario lo anima una evidente buena fe en este tema.

La misma buena fe que tuvieron otros presidentes para trazar sus estrategias de seguridad, con resultados negativos.

Todos los gobiernos tienen aciertos y errores. La falla del presidente Peña estuvo en la seguridad.

Lo preocupante, después de oír a López Obrador en Ciudad Juárez, es que nos encaminemos a un fracaso todavía mayor.

Según el presidente electo, “la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Los problemas sociales no se pueden resolver con medidas coercitivas. No se va a resolver el problema de la inseguridad, de la violencia, con mano dura, con cárceles, con el uso de la fuerza”.

Y ante un público compuesto por familiares de víctimas de la delincuencia que exigían a gritos “justicia”, López Obrador abogó por el perdón.

Le salió lo demagogo al afirmar que la culpa de la criminalidad es el bajo crecimiento en los “gobiernos neoliberales”, lo que abordaremos otro día.

Es cierto que una nación justa y con mayor desarrollo es menos propensa a caer en una espiral de violencia como la que vivimos en México.

Sin embargo Haití, un país con mucho mayor injusticia social e infinitamente menor desarrollo que el nuestro, es diez veces más seguro que México.

Algo se descompuso en nuestra sociedad que lleva a mexicanos a descuartizar a otros mexicanos y a subir videos de las torturas a las redes sociales. Y hay mucho público para ver ese tipo de monstruosidades.

El problema es más profundo que las diferencias salariales.

De cualquier manera, mientras buscamos el fondo de nuestra crisis social, el próximo presidente tiene que dar respuesta inmediata a la inseguridad.

El perdón no es la vía, en los delitos de sangre.

Contra lo que dice López Obrador, desde luego que tiene que haber mano dura y uso de la fuerza, que es facultad del Estado.

Según López Obrador el gobierno va a renunciar al uso de la fuerza, que es de su exclusividad, porque esa no es solución. Y va a perdonar a los criminales que la emplean contra sus semejantes.

Con esa lógica, les va a regalar el país.

Detrás de cada asesinado, secuestrado o desaparecido, hay criminales que tienen que pagar por sus atrocidades.

López Obrador parece confundir a una banda criminal con una guerrilla que tiene principios y objetivos sociales.

Con la segunda, en algunos casos, se pueden llegar a acuerdos políticos, o pacificación al estilo de la que planteó en Juárez.

Pero los grupos criminales matan por matar. Por dinero. Por drogas. Por mercados. No hay ninguna justificación para “perdonar”.

Los narcos y los secuestradores no son luchadores sociales.

Un Estado que renuncie al uso de la fuerza contra ellos, se empequeñezca y se dedique sólo a dar becas, estará entregando el país a partidas de asesinos.

Es manifiesta la buena fe que alienta al presidente electo para pacificar el país.

Por el fracaso de lo intentado hasta ahora, se merece el beneficio de la duda.

Pero su tarea será proporcionar seguridad a los ciudadanos, no a los criminales.