El seguimiento que la Comisión Estatal de Seguridad dio al homicidio condujo a la detención de nueve personas. Eran miembros de una célula dirigida por un líder de Guerreros Unidos, Raymundo Espino Castro, El Ray.

De acuerdo con reportes oficiales, El Ray tenía una larga trayectoria criminal en el estado. En 2010 la Policía Federal lo sorprendió con armas largas, en un convoy formado por autos y camionetas. En 2016 se hallaba de vuelta en la calle. Una organización autonombrada La Empresa lo amenazó de muerte por medio de una narcomanta. La investigación que siguió reveló que El Ray estaba al frente de la ola de secuestros, extorsiones y “cobro de piso” que asolaba Cuautla, Yautepec y Jantetelco, entre otros municipios morelenses.

El gobierno estatal inició su persecución. De pronto, su rastro se perdió. Para la Comisión Estatal de Seguridad, El Ray había optado por abandonar el estado, dejando en los sitios bajo su control a un grupo de lugartenientes que poco a poco se fueron debilitando.

A principios de julio, según un informe de la Comisión Estatal de Seguridad, una llamada anónima recibida en el 089 informó que El Ray estaba de regreso en Morelos y era el encargado de controlar, con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, “la zona oriente del estado, la narcotienda más grande de la región”.

Cuando los hombres de su célula fueron finalmente detenidos en Cuautla, se confirmó que, en efecto, Espino Castro había regresado al estado.

De acuerdo con reportes, uno de los detenidos reveló que el líder criminal había ordenado el asesinato de Romualdo Ixpango, líder de la organización Trabajadores Unidos del Campo y la Ciudad, quien promovía la creación de autodefensas en diversos sitios de Morelos.

Según la información, el propio Ray se había comunicado telefónicamente con la víctima para llevarla al sitio en que la emboscaron: el cadáver de Ixpango apareció semicalcinado poco después, en la ex Hacienda del Hospital, en Cuautla.

La vuelta de Espino Castro, la ofensiva del CJNG para apoderarse totalmente del estado, ocurre —tal vez no de manera casual— en un momento de debilidad institucional provocada por el enfrentamiento entre el próximo gobernador de Morelos, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, y el gobierno saliente que encabeza el perredista Graco Ramírez.

En medio del pleito que ha emprendido en contra del comisionado estatal de seguridad Alberto Capella, a quien hace responsable de la violencia en Morelos (según declaró Capella en radio, por parte del futuro gobernador hay “un rompimiento absoluto”), Blanco ha anunciado la serie de medidas que adoptará al tomar posesión del gobierno.

Entre ellas, la de revocar el nombramiento del fiscal general del estado, Uriel Carmona, designado por nueve años, para imponer a “un fiscal de su confianza”.

El ex futbolista ha indicado, al mismo tiempo, que descabezará la Comisión Estatal de Seguridad para colocar al frente de ésta a “un comisionado de su confianza”.

Lo que el futuro gobernador no calculó, ya sea por imprudencia o bien por impericia, es que estas declaraciones iban a crear un vacío de poder, una crisis institucional cuyo costo lo acabarían pagando los ciudadanos.

En medio de la andanada de violencia que azota el estado, dos funcionarios clave quedaron convertidos en cadáveres vivientes para los próximos meses. Ambos, sumergidos en una crisis política e incapacitados para dar certeza alguna a sus colaboradores. Ambos, incapacitados para ejercer plenamente el mando en un medio aquejado gravemente por la corrupción y la infiltración de grupos criminales.

De manera imprudente, y revelando una absoluta falta de conocimiento de la realidad institucional e incluso social del estado, antes de tomar posesión Cuauhtémoc Blanco ha sumergido ya a Morelos en una seria crisis de gobernabilidad.

Desde luego que tiene derecho a rodearse de funcionarios de su confianza. ¿Pero nadie podía avisarle que, por razones básicas de seguridad, lo indicado era anunciarlo al momento de tomar las riendas?