En vísperas de la Navidad de 2016, una Corte Federal en Nueva York reveló cómo el conglomerado brasileño Odebrecht y su filial Braskem sobornaron funcionarios, legisladores y políticos en México, Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, para “asegurar una ventaja indebida para obtener y mantener los negocios en esos países”. El 23 de diciembre de ese año, dos días después de la acción de la corte, se describió en este espacio la acusación que afectaba a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Desde entonces, el jaloneo dentro y fuera del gobierno mexicano ha sido intenso, tramposo y con evidencias claras de encubrimiento.

Al día siguiente que se dio a conocer la información de la Corte, la Función Pública inició una investigación en Pemex, la empresa señalada por actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios, y una auditoría transversal para identificar los contratos entre Odebrecht y las diferentes dependencias gubernamentales. La Función Pública, a cargo de Arely Gómez, entró en una dinámica de confrontación burocrática con la PGR, en ese entonces a cargo de Raúl Cervantes, miembro del grupo de abogados capitaneados por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, que desde las sombras de Los Pinos ejerció uno de los poderes más grandes y avasalladores en el sexenio de Peña Nieto, porque no fluía –como hasta ahora–, la información.

En una reunión privada con senadores en octubre de 2017, Cervantes anunció que renunciaría y que había terminado las indagatorias de los sobornos de Odebrecht, por lo que la PGR estaba lista para consignar a los responsables. “El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones”, le dijo Cervantes a los senadores, “Es uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto”. Después de eso, nada sucedió.

La PGR no consignó a nadie, ni profundizó sus investigaciones. Dos razones ayudan a entender los porqués. Por un lado, las autoridades brasileñas y estadounidenses, no le dieron acceso libre a la PGR al expediente y le fueron dosificando la información. No hay una explicación objetiva de ello, pero una de las señales que a lo largo de todo este tiempo se ha enviado, es que no tienen confianza en la integridad jurídica del gobierno peñista. Inclusive en la investigación original sobre Odebrecht, donde además de esas dos naciones participó Suiza por el tema del lavado de dinero, se excluyó a México. Cervantes siempre defendió en privado con el argumento que los sobornos en México habían sido marginales al compararse con otras naciones y que lejos de que fueran excluidos los mexicanos, elogiaban lo que había hecho.

Por el otro lado, funcionarios federales aseguran que Cervantes mintió ante los senadores, y que cuando dijo que todo estaba listo para consignar, no había absolutamente nada concluido. Pero con ello transfirió la carga de responsabilidad al procurador interino, Alberto Elías Beltrán, algunos de cuyos cercanos han sugerido que la declaración de Cervantes pretendió, más bien, descarrillar toda la investigación. Si bien las investigaciones mantuvieron su paso lento, las acciones contra exfuncionarios de Pemex y Odebrecht, no se interrumpieron.

La Función Pública concluyó procedimientos administrativos de responsabilidades con sanciones, donde inhabilitó a la constructora de Norberto Odebrecht –sólo en México se castigó a la empresa, de todos los casos de corrupción en América Latina–, y a Luis Alberto de Meneses Wyelll, quien era su director en México, que afirmó haber dado 10 millones de dólares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por ayudarles a una adjudicación directa de obra pública en la refinería de Tula, que el exfuncionario niega. También se inhabilitó a Gleiber José de Faria, quien era el director de Administración y Finanzas del conglomerado, y a Marco Antonio Sierra Martínez, que era residente de obra en la refinería de Tula.

La investigación en Tula está en curso sobre tres contratos, uno de los cuales involucra a un funcionario de Pemex, pero por tiempo, el caso Odebrecht no va a ser cerrado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y caerá en la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. Tula es una carga explosiva de profundidad sobre el gobierno peñista. Sierra Martínez, el único funcionario sancionado hasta ahora, lo fue por haber pagado “indebidamente” dos millones y medio de pesos a la empresa, que es una fracción de lo que Odebrecht asegura haber entregado en sobornos en México.

Si la investigación avanza, irá subiendo el nivel de funcionarios involucrados, pero no sólo en Pemex, de acuerdo con indicios de las pesquisas, sino a otras áreas hidalguenses vinculadas con Tula que jugaron un papel de influencia en el gobierno actual, y que hasta el momento han sido dejadas en paz.

La joya de la corona, ante la opinión pública, es Lozoya. Pero el exdirector de Pemex ha repetido que se siente tranquilo. Podría estarlo, relativamente hablando. El dinero que asegura Odebrecht le entregó, supuestamente terminó en la campaña de Peña Nieto, donde los responsables finales de los recursos eran el coordinador, Luis Videgaray, y el hombre de los dineros del presidente, Luis Vega, que será diputado en la próxima Legislatura. Lozoya ha dicho en privado que, en extrema circunstancia, él hablará lo que sabe. Y lo que sabe, no se acaba en Pemex, sino en Los Pinos. Esto tendrá que probarlo penalmente, si está dispuesto, el gobierno que viene.