Tuvo una gran idea el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando decidió que iba a desaparecer los cargos de “delegado” estatal. Hoy por hoy, en la política nacional, las Secretarías federales tienen a una especie de representante en cada estado del país. Generalmente los delegados son políticos a quienes se da el cargo como premio de consolación, se vuelven en realidad operadores electorales del gobierno federal en los estados donde son asignados, manejan los recursos de los programas federales sin mucha vigilancia, a veces se sienten más fuertes que los gobernadores electos y buscan desesperadamente que esas delegaciones sean su trampolín a un mejor destino político: una diputación, una senaduría, quizá la gubernatura.

Así que hace muy bien el mandatario entrante en decirles adiós a todos.

De tal forma que, en vez de que existan tantos delegados, López Obrador ha prometido que los va a sustituir por un solo delegado por cada estado, un representante único del gobierno federal en cada una de las entidades del país.

Los 32 perfiles ya están definidos.

La mayoría son cuadros políticos del partido que va a tomar el poder: dirigentes estatales, legisladores y ex legisladores de Morena. Varios son ex aspirantes a la gubernatura que no lograron vencer en las urnas: Delfina Gómez en el Estado de México, Pablo Amílcar Sandoval en Guerrero, Carlos Lomelí en Jalisco, Lorena Cuéllar en Tlaxcala y Joaquín Díaz Mena en Yucatán. Además, están Rabindranath Salazar en Morelos y Rodrigo Abdalá en Puebla, que buscaron ser los candidatos de Morena pero perdieron las contiendas internas ante Cuauhtémoc Blanco y Miguel Barbosa, respectivamente.

Esto ha despertado la preocupación de que, en el supuesto clímax de la democratización en México, desde el más alto poder nacional se esté desdeñando el mandato de las urnas (a nivel estatal, eso sí) y se esté imponiendo gobernadores de facto, representantes de un poderoso presidente López Obrador, con mando sobre el jugoso presupuesto de los programas de apoyo del gobierno federal (de carreteras a despensas).

Es muy temprano para concluir si serán gobernadores de facto, virreyes o algo así, como se ha criticado, porque aún no están definidas sus funciones con claridad: ¿cuánto dinero van a manejar directamente? ¿serán los ejecutores de los programas etiquetados? ¿van a estar saliendo en los medios de comunicación? ¿los gobernadores deberán “ac ordar” con ellos? ¿qué tanto peso van a tener en la realidad política?

Pero con varios de los perfiles seleccionados y con el poder que podrían amasar existe el peligro de que el efecto secundario de la medicina sea repetir la enfermedad: políticos a quienes se da el cargo como premio de consolación, que se vuelven en realidad operadores electorales del gobierno federal en los estados donde son asignados, manejan los recursos de los programas federales sin mucha vigilancia, a veces se sienten más fuertes que los gobernadores electos y buscan desesperadamente que esas delegaciones sean su trampolín a un mejor destino político: una diputación, una senaduría, quizá la gubernatura.
 

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