Lo que están haciendo los diputados de la legislatura 53 no tiene precedente. Son facciosos, abusivos y profundamente corruptos. Este congreso no tiene límites... tampoco madre.
Hay muchas cosas que cuestionar a los diputados actuales, desde sus abusos en el manejo de recursos públicos hasta las decisiones legales que tomaron a favor del gobernador y en contra de los ciudadanos. Sobran razones para que los ciudadanos estén enfadados con los legisladores salientes y motivos para que les negaran la confianza en las pasadas elecciones. La gota que derramó el vaso en esta historia fue la desaparición de los fideicomisos de promoción turística y las jubilaciones doradas. Y todavía van por más.
Contrario a lo que algunos piensan, la Legislatura 53 no debe quedar en el olvido. Hacerlo implica que sus actos queden impunes, que sus acciones prevalezcan y que los delitos y abusos que cometieron se vuelvan a repetir.
Lo que están haciendo los diputados salientes no sólo es un abuso de poder y una ilegalidad, también representa una ofensa a las instituciones y una burla contra los ciudadanos. A pesar de los múltiples señalamientos, a dos semanas de que concluya su mandato los legisladores quieren colocar a familiares en posiciones claves y en puestos inamovibles por varios años.
La madrugada del 15 de julio, dos semanas después de que perdieran las elecciones, el congreso morelense aprobó 20 dictámenes de jubilación, entre los que destacan los de varios secretarios, ex funcionarios de Graco Ramírez, las esposas del secretario de gobierno Ángel Colín y de los diputados Francisco Navarrete y José Manuel Tablas y el primo de Hortencia Figueroa.
A sabiendas de que en algunos casos se trataba de jubilaciones ilegales los diputados dispensaron la primera y segunda lectura de los dictámenes y los sacaron como de “urgente y obvia resolución”; la presidenta Hortencia Figueroa se negó a dar a conocer los nombres de quienes habían sido beneficiados con las jubilaciones porque sabía que hacerlo generaría polémica y molestia pública. A pesar de su intento de ocultar la información, la gente se enteró de lo que hicieron.
Varios nombres llaman la atención en esta oleada de jubilaciones: la diputada plurinominal electa de Movimiento Ciudadano Ana Cristina Guevara, el ex director del IEBEM Fernando Pacheco Godínez, Francisco Velázquez Adán, ex director del Indefom, Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno Ángel Colín López, Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora de Recursos Humanos del Legislativo, Denia Flores Sánchez, esposa del diputado perredista Francisco Navarrete Conde, Stephanie Guzón André, coordinadora general de Relaciones Públicas de Graco Ramírez, Bertha Rodríguez Báez, ex diputada local y actual directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular y Jair Mendoza Beltrán, primo de Hortencia Figueroa.
El caso de la futura legisladora de MC es peculiar, su historial laboral no coincide con los años justificados en el expediente que avala su jubilación al 50%. Ana Cristina Guevara Ramírez presentó ante la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso constancias que acreditaban que comenzó a laborar en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla el 15 de enero de 1995, justo el día que cumplió sus 15 años. A esa edad también cursaba la preparatoria en el Centro Educativo Loyola de Cuernavaca (generación 1995-1998).
De acuerdo a una nota publicada por Ana Lilia Mata en la Unión de Morelos, los datos de Guevara Ramírez no tienen congruencia ni concordancia.
Según los documentos, la futura legisladora trabajó en Puente Ixtla del 15 de enero de 1995 al 31 agosto de 2003, 9 años con 8 meses y 16 días, pero en el historial laboral presentado tanto en el Congreso local como en el Gobierno de Morelos nunca mencionó que fue empleada de ese ayuntamiento.
Al contrastar su currículum con el decreto de jubilación resulta que en ese periodo Ana Cristina no sólo trabajaba en el ayuntamiento ixtleco y estudiaba al mismo tiempo, también realizaba pasantías en los bufetes jurídicos Despacho Jurídico Bahena & Maxinez Asociados (1998-2002), Despacho Jurídico Villanueva y Asociados, Pasante en Materia Mercantil (2000-2001) y Despacho Jurídico Martha Alquicira (2001).
Otro dato es que la futura legisladora aseguró en su historial laboral que entre el 2002 y el 2003 laboró en el área jurídica del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Morelense del Sistema Estatal DIF, es decir, que en este periodo trabajó simultáneamente en Puente de Ixtla y en la dependencia estatal.
De manera intermitente, entre 2003 y 2016 colaboró en el Ayuntamiento de Cuernavaca como asistente de la Regiduría de Derechos Humanos, fue asesora de control de información y coordinadora de gestión de la Secretaría de Gobierno y coordinadora de planeación para el Desarrollo de la Secretaría de Finanzas; además fungió como secretaria particular de Jaime Álvarez Cisneros y asesora de la fracción parlamentaria de Partido Convergencia.
Su último cargo fue como auxiliar adscrita a la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, el cual ocupó del 1 de marzo al 12 de abril de 2016. Según el decreto de jubilación, Ana Cristina Guevara acreditó haber laborado al servicio del Estado 18 años, 5 meses y 28 días, de los cuales la mitad los habría laborado en el Ayuntamiento de Ixtla en circunstancias inverosímiles.
De acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para que un trabajador pueda jubilarse debió al menos haber laborado al servicio del estado por lo menos 18 años para obtener una pensión al 50% de su último salario.
Otro caso es el de Karina Arteaga, también militante del partido Movimiento Ciudadano. La otrora directora de recursos humanos del congreso obtuvo una pensión al 95% de su último salario, pero también existen dudas sobre la autenticidad de los documentos que sustentan su jubilación que justifican 27 años, 1 mes y 27 días de trabajo ininterrumpido.
La trayectoria acreditada por Karina Arteaga detalla nueve cargos en administraciones municipales, en el Instituto Estatal Electoral y el Congreso de Morelos; cuando tenía 16 años de edad atendía asuntos financieros del Ayuntamiento de Tepalcingo.
A sus 45 años, según el decreto jubilatorio, la militante de MC laboró en los municipios de Tepalcingo y Atlatlahucan y al mismo tiempo cursó la carrera de contaduría en la UAEM (generación 1991-1996), realizó su servicio social en la Contraloría del Estado (septiembre de 1995 a febrero de 1996) y trabajó en dos empresas farmacéuticas de Civac, en el municipio de Jiutepec.
De acuerdo con la hoja laboral de la ex directora de Recursos Humanos del Congreso, trabajó en el consorcio Inter MG S.A. de C.V. de marzo de 1997 a mayo 2001 como analista contable y en la empresa Investigación Farmacéutica S.A. de C.V. y de agosto de 2001 a julio a 2003 como asistente de gerencia. Del 01 de octubre de 2003 hasta el 15 de marzo de 2004 fue auxiliar contable en la bancada parlamentaria del partido Convergencia y del 15 de marzo al 23 de noviembre de 2004 laboró como coordinadora administrativa de ese grupo parlamentario . El 01 de diciembre del 2004 Karina Arteaga fue designada Consejera Estatal Electoral, cargo del cual fue destituida 8 meses después porque falseó los requisitos para ocuparlo.
Las otras jubilaciones no son diferentes a estas; los expedientes de las esposas y los familiares jubilados también deben ser analizados por la siguiente legislatura ante la obviedad de que se trata de procesos ilegales. En situaciones como la de Gabriela Guevara, quien fue pensionada hace un año, el caso es más delicado porque ya goza de un derecho obtenido a través de la falsificación de documentos, lo cual implica un delito por el que debería ser destituida y encarcelada.
Otro aspecto igual de grave es el de la desaparición y mal manejo de fideicomisos; al cierre del último periodo ordinario los diputados a propuesta de Graco Ramírez desaparecieron el Fondo de Promoción Turística(FITUR) perteneciente a la Secretaría de Turismo y el de Fomento a la Competitividad y el Empleo (FIDECOMP) de la Secretaría de Economía, lo cual afecta al sector empresarial y al gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
La decisión de desaparecer dichos fondos fue repentina, sin consultar al sector ni explicar en dónde quedaron los más de 372 millones de pesos que había en las cuentas. Otro fondo del cual poco se ha hablado, pero que representó un manejo multimillonario, fue el que crearon los diputados con participaciones que retuvieron a los municipios, cuyo enfoque fue el “desarrollo municipal” pero en realidad se utilizó para la “operación política” del congreso. El Fondo para el Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos fue manejado por Fernando Casillas Méndez, Ana Cristina Guevara Ramírez y Josué Eulalio Espíndola Díaz. Revisar ese fondo provocaría un sisma y podría llevar a la cárcel a varios diputados y a sus consejeros.
Como si todo lo anterior no fuese suficiente, a dos semanas de entregar la curul los diputados van por un último abuso al intentar nombrar a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Aquí la intención es designar a Roberto Soto Castor, esposo de la perredista Hortencia Figueroa Peralta. Este sería un nuevo intento de nombrarlo, el anterior fue echado abajo por el amparo interpuesto por un abogado.
Estas son sólo algunas de las últimas cosas que hizo la actual legislatura. Si los próximos diputados revisan las acciones de la legislatura se encontrarán que además del mal manejo de los recursos y la complicidad en el endeudamiento del estado, también otorgaron al gobernador la facultad de vender los bienes inmuebles del estado sin consultar a nadie o que dieron a un empresario el usufructo del nuevo estadio de Zacatepec.
No hay manera de defender la actuación de esta legislatura, ni tampoco ánimo de hacerlo. Sus hechos están a la vista, sus abusos son por todos conocidos y el reclamo de que se haga justicia y les apliquen la ley es generalizado.
Nadie se salva de la podredumbre que deja la Legislatura 53 de Morelos; todos en mayor o menor medida participaron del saqueo y el abuso. Los personajes que más resaltan en esta historia son Francisco Moreno Merino y Hortencia Figueroa; el primero presume que no le quita el sueño lo que la gente opine de su trabajo y la segunda se hace la víctima.
¡Chulada de diputados!
- posdata
Los perredistas tendrán muy pronto que replantearse su futuro. Una opción es seguir por el mismo camino y bajo el mismo mando, lo cual garantiza que esa institución se extinga en breve. El mal manejo político y la terrible estrategia planteada por quien fue su candidato a gobernador llevó al Partido de la Revolución Democrática del primero al tercer lugar en el estado y prácticamente lo desapareció del congreso y los ayuntamientos.
La estrategia de Gayosso fue fallida por todos lados, porque su objetivo siempre fue individual. Bajo la conducción del Gayo el PRD se convirtió en una oficina de golpeteo político y de defensa de los negocios de la familia del gobernador; atrás quedaron los ideales, los proyectos institucionales y por supuesto, el bienestar de la gente. Rodrigo hizo lo que quiso con el partido, lo trató como papel higiénico, expulsó a las voces críticas, a los fundadores y luego lo convirtió en un monstruo de mil cabezas con las sobras de los demás partidos.
Los perredistas tendrán que replantear su futuro, si no corrigen el camino y regresan a su origen, nada tienen que hacer en un estado donde la sociedad los desprecia y los considera la misma corrupción del gobierno de Graco.
- nota
Otro partido que no tiene pies ni cabeza es Movimiento Ciudadano. Ahí las cosas son peores, la dirigencia carece de talento, de visión, de representatividad y de inteligencia. Jessica Ortega es palera de Jaime Álvarez, cuando le convino fue tapete de Rodrigo Gayosso y ahora intenta desesperadamente congraciarse con Cuauhtémoc Blanco.
El partido naranja de hoy no tiene nada que ver con lo que fue en otros tiempos; la institución es un club de amigos, un negocio personal que ha robustecido la bolsa de su presidenta. Con Jessica Ortega al frente, ese partido no tiene oportunidad de subsistir. No merece subsistir.
- post it
Lo han dicho los diputados locales electos de Morena y ahora se suma Alejandro Mojica; revisar lo hecho por la legislatura 53 de Morelos es imperativo.
Pero el diputado federal va más allá: la revisión se hará desde México, se obligará a los diputados a que regresen el dinero y pedirán cárcel para quienes violaron la ley.
¡Aplausos!
- redes sociales
También la esposa de Roberto Yáñez, hermano del diputado Julio Yáñez recibió el beneficio de una jubilación. En este caso, al parecer, ni siquiera existe antecedente que la dama haya trabajado en el gobierno estatal.
La falsificación de documentos es un delito y quienes se presten a este tipo de ilícitos son cómplices. Los abogados solicitaron a la Fiscalía que revise y sancione a los diputados por su actuar y la respuesta institucional fue que no.
Cualquier acción para sancionar o revertir lo que hicieron los diputados actuales se tendrán que hacer en la próxima legislatura.
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