-Dice Héctor J. García Chávez que no han recibido ningún comunicado de su parte para formalizar el proceso
-Además, informó que se analizan rutas jurídicas para contrarrestar los efectos de algunas reformas aprobadas
El diputado electo por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Héctor Javier García Chávez manifestó que hasta el momento no han recibido ningún comunicado de los legisladores salientes para formalizar el proceso de entrega-recepción.
De manera irónica, expuso que es probable que “estén ocupando su tiempo haciendo otras cosas”. Auguró que llevarán al límite lo que la ley les permite, que son tres días antes del primero de septiembre, fecha en que tome posesión la 54 Legislatura.
Agregó que la bancada de su fuerza política, conformada por ocho diputados, está lista para iniciar con este operativo que mandata la constitución: “Tenemos un equipo técnico-administrativo muy profesional, que incluya a abogados”; esto, para constatar que se cuenten con los documentales fehacientes, como una antesala a las auditorías correspondientes (que se harán “de inmediato”, acotó).
García Chávez añadió que la entrega-recepción tiene que ser tersa, transparente e institucional. En ese aspecto, mencionó que siguen analizándose las rutas jurídicas para contrarrestar los efectos de algunas reformas que han obstaculizado el desarrollo financiero del estado, así como las que tienen que ver con las jubilaciones.
Recordó que los 20 nuevos diputados tendrán las facultades constitucionales para revertir iniciativas y reformas que se hayan consensuado bajo irregularidades: “Lo vamos a hacer en correspondencia con el compromiso establecido con los ciudadanos”.
Insistió en que el análisis del trabajo de la anterior legislatura será en un tiempo corto; sobremanera, el estado que guardan las finanzas, porque es una “preocupación fundamental”. Y añadió: “Si vemos que hubo desfalcos de recursos públicos en el presupuesto del Congreso, vamos a tomar acciones de manera inmediata”.
Dentro de sus puntos superlativos está también el análisis pormenorizado de las pensiones, las cuales, con base en información que se ha vertido a la opinión pública, están llenas de anomalías. “Vamos a revisar una por una”.
Determinó que, de acuerdo a eso, se deberán clasificar las posibles anormalidades: administrativas o que ameriten denuncias de carácter penal.