En aquel año hubo una crisis semejante a la que se padece este verano, también por la llegada atípica del alga a las costas, pero solo se tiene documentado el paradero de 70 millones 797 mil 926 pesos destinados a estudiar y enfrentar el problema.
Ni legisladores locales ni funcionarios del gobierno estatal, ni tampoco empresarios hoteleros, saben adónde fueron a parar esos casi 80 de los 150 millones de pesos etiquetados para atacar el fenómeno natural.
Pero eso no es todo: su gobierno pagó millones de pesos por una máquina que alguien inventó… y que nunca sirvió para atrapar algas: no funcionaba… en el mar.
Borge también pagó casi un millón de pesos (952 mil pesos) por un estudio… que quedó archivado.
Y dispuso de millones de pesos para embarcaciones y barreras… que fueron arrumbadas.
Esta es la historia…
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En 2015, el gobierno federal autorizó a la administración del ex gobernador Borge ejercer un presupuesto de hasta 150 millones de pesos, más del doble de recursos de lo que este año ha recibido el estado para el mismo problema (62 millones). El anuncio se llevó a cabo de manera pública, el 30 de julio de 2015. Fue un acto en el que estuvieron presentes los entonces secretarios de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud.
“Como gobernador de Quintana Roo agradezco al gobierno de la República y al presidente Enrique Peña Nieto haber autorizado un presupuesto de 150 millones de pesos”, dijo a la sazón Roberto Borge. “Noventa millones de inmediato se aplicarán en el Programa de Empleo Temporal y de renta y adquisición de equipos y maquinaria”, anunció el mandatario, y luego se tomó fotos en las playas donde empleados paleaban el sargazo.
La realidad es que, de acuerdo con la información obtenida vía Transparencia, los recursos ejercidos para el Programa de Empleo Temporal durante esa crisis (del 1 de julio al 13 de septiembre) únicamente fueron… 14 millones 167 mil 300 pesos.
Y en renta y adquisición de maquinaria solo hay respaldo de 25 millones 630 mil 629 pesos.
Según consta en los contratos de adquisiciones de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, cuya copia tiene MILENIO, se adquirió una “embarcación de recolección” de seis millones de pesos, una catamarán de “recolección” de 752 mil 500 pesos, “bandas transportadoras” por 2 millones 897 mil 720 pesos, barreras de contención por un millón 207 mil 500 pesos, un vehículo con “remolque para transporte de sargazo” de 568 mil 487 pesos y un tractor “con barredora” por 2 millones 212 mil 262 pesos.
En total 13 millones 638 mil 469 pesos.
En arrendamiento de maquinaria pesada hay documentos que solventan un total de 11 millones 992 mil 157 pesos.
Adicionalmente se utilizaron 30 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la prestación de servicios “de recolección, acopio, transporte y disposición del sargazo varado en las playas de los municipios de Tulum, Othón P. Blanco, Solidaridad y Cozumel”, de acuerdo con información de Fonatur revelada por Transparencia.
El “Proyecto piloto para el manejo integral de sargazo” comenzó con la elaboración de un estudio científico por el que el gobierno estatal pagó casi un millón de pesos, y el cual comprendió un análisis de calidad de agua, del ecosistema marino y del correcto manejo del alga, entre otros aspectos.
También incluía recomendaciones de uso de maquinaria específica para remoción, acopio, transporte y disposición final de las algas.
El trabajo estuvo encabezado por la doctora Guadalupe Velázquez Olimán, directora de la asociación civil Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable. Ella dice que el estudio costó 952 mil pesos y “con los 15 millones que en total se destinaron al proyecto, se compró la infraestructura.”
¿De qué se trató?
“Fueron 670 metros de barreras, dos embarcaciones de diferentes estilos, una artesanal que era una modificación de un catamarán y una barcaza más grande y automática que directamente tenía un sistema de bandas del agua y que podía extraer sargazo. Se compró también un remolque, un camión y 92 metros de bandas”.
Además, el proyecto contaba con “gastos de implementación”, que nunca se ejecutaron, por casi 400 mil pesos.
En 2015, cuando la emergencia del sargazo terminó, el proyecto y la infraestructura… fueron abandonados. La maquinaria se dio en comodato al municipio de Puerto Morelos y el estudio, de más de 300 hojas, para procurar resolver el problema a mediano y largo plazo, fue archivado.
El secretario de Medio Ambiente local justifica la falta de interés en el proyecto y el abandono de los recursos materiales con los que el estado contaba para combatir el sargazo. Dice que 2016 y 2017 fueron años en los que se registró poca afluencia del alga, lo que propició que nadie volteara a ver los avances en la materia.
“Los equipos ahora se están recuperando y yo espero que a la brevedad todo el protocolo diseñado en Puerto Morelos y la estrategia que se ha generado ahí se ponga en operación”, dice.
Para Velázquez Olimán, cabeza del proyecto, se trató de falta de interés que ha trascendido dos gobiernos, el de Borge y el actual.
“En la transición, supongo que es tanta información que se maneja que probablemente, en lo último que pusieron atención fue en este tipo de iniciativas. Aquí está la estrategia, pero no se implementó”.
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En 2015 Roberto Borge destinó parte de los 15 millones del presupuesto del Proyecto piloto para el manejo integral de sargazo en el diseño y la compra de una “embarcación de recolección”… que resultó inservible.
La improvisada máquina sargazera supuestamente sería utilizada para recolectar algas en el mar, pero el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano, confirma que el artefacto, varado en las playas de este destino… solo servía para navegar en aguas continentales.
“El diseño se basó en uno de un sistema lagunar, sin oleaje, y esto conlleva un riesgo para la navegación en mar. Lo que se está haciendo ahora es una adecuación para poder utilizarla con las condiciones de seguridad suficiente para esta zona”, explica.
Según consta en el contrato de adquisiciones que posee MILENIO, la Secretaría de Ecología pagó 6 millones de pesos a la empresa Productos Gab por este equipo mecánico que pasó tres años varado en aguas del municipio de Puerto Morelos, pese a que la cláusula quinta del contrato, en su tercer párrafo, especifica la reserva en el pago del mismo, si el producto no fuera de entera satisfacción.
Es decir, se pagaron 6 millones de pesos por una máquina inventada que, además, no sirvió, en lugar de no haber pagado un peso.
El destino de casi 80 de los 150 millones de pesos para abordar el problema del sargazo se desconoce. En los registros de la Secretaría de Finanzas de Quintana Roo no está la documentación que acredite el ejercicio o no de la totalidad de ese dinero que el gobierno federal destinó al gobierno de Borge en 2015.
El secretario de la Contraloría del estado, Rafael del Pozo, explica así la incertidumbre sobre el destino de los recursos:
“Sería conveniente que el estado revisara la aplicación de los recursos que el gobierno de Borge utilizó en 2015 para este fin, independientemente de las observaciones que en su caso puedan corresponder a la Federación. Que nosotros tengamos claridad de que se aplicaron los recursos de la manera correcta, de que están transparentes, sobre todo de la integración de expedientes para garantizar que los contratos que se hayan celebrado para la atención del problema, pues se hayan hecho con las reglas que deben ser y que hay evidencia de la prestación de servicio y que no se haya gastado de manera, digamos, discrecional”.
Desde un año después de que se anunció la disposición de esos recursos, los empresarios hoteleros empezaron a demandar explicaciones sobre el dinero.
El 15 de julio de 2016, en conferencia de prensa, Carlos Gosselin Maurel, a la sazón presidente de la Asociación de Hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, dijo que “nunca se supo el destino que se le dio a los 150 millones de pesos que en 2015 liberó el gobierno federal para el plan emergente de limpieza de sargazo que arribó a las playas de Quintana Roo entre julio y septiembre de ese año”.
Perla Pech, presidente municipal de Cozumel, en ese entonces diputada local por el PAN, lo resume así:
“En esa etapa había mucha cerrazón por parte de la información, la cual no se entregaba, menos a los de oposición. Realmente la opacidad estuvo en su máximo esplendor”.
Por lo pronto, ahí está la historia del combate al sargazo durante el gobierno de Borge.
