Ayer, Alfonso Romo, el próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, en el Foro Banorte, reiteró uno de los objetivos fundamentales del nuevo gobierno: limitar al máximo el uso del efectivo.

Las implicaciones de este propósito son diversos y muy trascendentes.

Dijo Romo ayer: “...hay que quitar el efectivo de la economía para poder combatir la corrupción, para traer millones de personas a la economía formal, ... este proyecto sí puede cambiar radicalmente, no nada más al perfil del sector financiero, sino también vamos a erradicar mucho lo que tanto nos lastima, que es la corrupción”.

Aunque Romo no lo mencionó, el uso del efectivo es también uno de los factores fundamentales de la evasión fiscal.

Y, algo más, el uso del efectivo también es la principal palanca de la informalidad, que va más allá de los temas estrictamente fiscales.

No es la primera vez que se plantea una reducción sensible del efectivo. La reforma fiscal propuesta en esta administración también limitó ese uso, sobre todo en transacciones de gran volumen como la adquisición de inmuebles y automóviles, y de hecho, estableció un impuesto a los depósitos en efectivo en el sistema bancario.

No obstante, pese a los incentivos diversos, no hubo una reducción en el uso del efectivo en la economía, sino un incremento.

De acuerdo con el Banco de México, los billetes y monedas en poder del público alcanzan hoy 1 billón 394 mil millones de pesos. Hace 10 años, esa cifra era de 395 mil millones de pesos.

Esto quiere decir que el incremento nominal es de 252 por ciento.

La inflación, en ese lapso, fue de 49.7 por ciento.

Esto significa que, en una década, el monto de billetes y monedas en poder del público creció en 135 por ciento en términos reales.

No es posible explicar esta cifra por razones de la demanda natural que deriva de la actividad económica, sino porque hay amplios sectores de la economía en donde no se usan los medios de pago del sistema bancario, por necesidad y sobre todo por conveniencia.

Hay una serie de círculos viciosos que se alimentan.

La corrupción requiere el efectivo, la evasión también, igual la informalidad, y el uso de medios bancarios tiene un costo que para algunos se vuelve muy elevado.

Para hacer realidad la eliminación del efectivo se requieren dos tipos de medidas.

Las primeras son de carácter coercitivo. Se necesitarían medidas, como por ejemplo, la prohibición del uso del efectivo en los pagos del gobierno y una restricción mayor en las compras del sector privado.

El otro tipo de medidas, tiene que ver con la reducción de las barreras de entrada al sector bancario, de tal forma que se utilice más el sistema bancario.

Hace años se apostaba a las cuentas de nómina como una de las formas de reducir el uso del efectivo.

Hoy se depositan las quincenas, pero en esas fechas, vemos filas interminables en los cajeros bancarios porque la gente saca el efectivo de sus cuentas.

El propósito planteado por Romo es algo que, efectivamente, reduciría ampliamente la corrupción y la evasión, pero costará mucho trabajo, y sobre todo, requerirá de determinación para asumir el enojo de múltiples sectores a los que se quitarían sus rentas con esas restricciones.

Veremos si ahora sí se hace efectivo ese propósito.