Juan Salazar, un fiscal anticorrupción, cuestionado
EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN.- Sí los diputados de la LIV Legislatura Local cumplen una mínima parte de lo que anunció Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, tendrán que iniciar un proceso de limpia. Es decir, deberán de corregir todos los errores y abusos autoritarios que provocaron los pseudos diputados que ya se van y entre esos yerros, está la designación del Fiscal Anticorrupción que, como parte de los acuerdos es garantizarles impunidad a los señores que cobran como legisladores morelenses más de 140 mil pesos mensuales y que durante los tres años por persona superaron los 5 millones de pesos y que entre los 30 diputados, superaron la cantidad de 150 millones de pesos en su legislatura solo de salarios y dietas.
Basta solo recordar que Juan Salazar Núñez, el amigo del gobernador Graco Luis, fue consejero jurídico al inicio del gobierno de la nueva visión y de ahí pasó a ocupar la Fiscalía Anticorrupción sin importar estar envuelto en la crítica y controversias su designación, que a decir de los profesionistas del derecho, jamás hubiera aceptado ese cargo pero al final pudo más su desfachatez para ocupar ese nombramiento. Las complicidades entre el peor gobernador de Morelos y sus esbirros, los diputados de la LIII Legislatura ocasionaron previo acuerdo, que no hayan visto entre los profesionistas del derecho, juristas y especialistas en el tema que hay en Morelos y que están ávidos de participar en la administración, sino que se decidieron por quien les garantice impunidad no solo al señor Ramírez sino también a ellos mismos.
Pero ¿y por qué fue ratificado? La respuesta es sencilla. Primero porque era su arma para perseguir a sus enemigos políticos y ahí está el caso de Alejandro Vera Jiménez a quien persiguió y al final, estar libre lo evidencia de que siguió instrucciones de su jefe y amigo, Graco Luis, para frenar al ex rector. Al igual que el investigador universitario, estaban en la lista alcaldes y demás funcionarios que se rebelaron públicamente al sistema. Segundo, ahora y al pasarles la cruda realidad de la derrota electoral, lo que buscan y necesitan urgentemente es impunidad, es decir, sin importar la cascada de denuncias penales que se presentarán en contra de los diputados y del mandatario estatal -que para ese entonces ya no estarán en el cargo-, lo que requieren con carácter de urgente es blindarse, y no tener la mínima posibilidad ya no de que puedan ser señalados sino castigados ante el temor de que puedan convertirse en inquilinos de Atlacholoaya. Ahora, lo que sin lugar a dudas hará el Fiscal Anticorrupción es pagar el favor y las denuncias que vendrán contra quien en breve serán ex titulares del poder Ejecutivo y del Legislativo, es que éstas no procedan. Exigirán que sean mantengan en el congelador y todos sus delitos cometidos se mantengan bien resguardados en el cajón de los recuerdos.
NADAR DE “MUERTITO”.- En qué mente perversa cabe que el Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara haya ratificado a Juan Salazar Núñez, sí durante los últimos años que estuvo en el cargo fue un funcionario gris. No tuvo los tamaños jurídicos para meter a la cárcel a Miguel Ángel Colín, ex presidente municipal de Temixco, pese a que se sabía del desfalco millonario que provocó en el Ayuntamiento. Después, pese a que erró las formas persiguió a Alejandro Vera, quien jurídicamente le ganó el caso –y políticamente también-, entre muchos otros casos que se fueron de las manos. No obstante, pasó prácticamente desapercibido, casi fue un fantasma y “nadó de a muertito” durante más de un año que cobró puntualmente sus 70 mil pesos mensuales sin haber tenido en 365 días un solo caso como para argumentar el sueldo que percibe. Lo de Colín y Vera, fue después del año en que no tuvo ninguna actividad contra funcionario alguno desde que el 28 de agosto del año 2015 que fue designado como el fiscal Anticorrupción de Morelos.
En el propio Congreso hubo un desfalco financiero que no ha quedado claro hasta el momento y no ha pasado nada; en los municipios hay diversas situaciones de malos manejos y malversación de recursos; las irregularidades en la compra del predio sede del poder Legislativo tampoco es motivo de investigación pese a los millones que existen de diferencia entre quienes vendieron y compraron; dentro del Ejecutivo existen inconsistencias y no pasa absolutamente nada. Lo peor, es que no sucederá nada contra nadie que esté del lado del gobierno emanado del Partido de la Revolución Democrática.
Con esa desfachatez que le caracteriza al nuevo fiscal anticorrupción, estuvo durante casi un año cobrando sus 70 mil pesos puntuales y se dedicó de lleno a trabajar en lo relacionado a la infraestructura de su dependencia, es decir, en todo lo relacionado a la elaboración del reglamento y la nueva ley así como lo referente al presupuesto financiero que requiere para poner en funcionamiento esta institución. Incluso, el propio Juan Salazar Núñez, reconoció que en más de nueve meses no trabajó en un solo asunto, lo que no le impidió cobrar lo mismo que percibe el Fiscal General de Justicia, Javier Pérez Durón.
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