Tencha, la ambiciosa del poder
La desfachatez, el cinismo, valemadrismo y lo gandaya en cómo actuaron los diputados quiénes en unas cuantas horas dejarán por fin el cargo -hinchados de billetes; serán los nuevos ricos-, tendrá que tener respuesta firme a sus acciones, de forma contundente por parte de sus sucesores porque lo que hicieron no tiene madre. No se puede servir de una manera tan voraz, desproporcionada y con tanta ambición de poder económico y político cómo lo hicieron. Los pseudo representantes populares no merecen ser juzgados por la sociedad –lo hizo el 1 de julio-, no, ellos tienen que ser investigados, inhabilitados para ocupar otro cargo y ser encarcelados por todo el daño provocado a Morelos.
Lo que han hecho con sus autorizaciones para endeudar al estado los diputados favoreciendo a Graco Luis, aprobando leyes que siempre tenían dedicatoria y colocando a sus familiares y amigos en puestos claves, siempre fue con alevosía, ventaja y traición. Por esta razón, junto con la legislatura 52, y la actual, han provocado un retroceso severo en Morelos de más de una década. La situación que hoy vive Morelos es preocupante, delicada, y con mucha incertidumbre de qué sucederá en lo subsecuente, cuando los perredistas y su mafia legislativa buscan ahora como venganza, convertir al estado en una bomba de tiempo para que le estalle a Cuauhtémoc Blanco Bravo cuando asuma el cargo de gobernador.
Los diputados de la 54 Legislatura cometieron tantos delitos como haber sido omisos en la recepción de documentos falsos para aprobar jubilaciones y sindicalizar a sus familiares y amigos, aunado al boquete financiero que “desapareció” y quizá hasta se lo robaron, y basta solo investigar y detectar todas las anomalías que provocaron en detrimento del pueblo para no solo ser juzgados sino para que se les castigue con cárcel y sean inquilinos de Atlacholoaya. A partir de diciembre de este año, la corrupción será un delito grave que no alcanzará fianza y ya sin fuero, los ahora diputados salientes, tendrá que buscar buenos abogados y ampararse porque el daño ocasionado fue criminal solo porque estaban amparados por el cargo que ostentaron por tres años para que no les hicieran nada.
TENCHA, LOCA DE PODER.- En su desesperación por lograr que junto con sus cómplices apoyarán la votación para designar a su esposo Roberto Soto Castor como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la diputada Hortencia Figueroa Peralta, luego de que logró blindar a su familia y allegados tanto en el sindicato y con las jubilaciones “doradas”.
En su afán porque no se filtrara información a sabiendas de que lo que estaban haciendo ayer en la sesión era irregular, engañaron a la prensa de que se iban a la sede alterna Cataluña para posteriormente llegar al Word Trade Center y al final al recinto legislativo, les quitó el celular a todos los trabajadores del Congreso, amenazándolos con despedirlos si la desobedecían cuando tuvo que ser abierta y público todo lo que aprobaron por ser de interés social.
Otro de los cómplices de Tencha Figueroa, es Mario Chávez Ortega, el diputado regordete del PRI que en campaña y tras los acuerdos hechos, decidió apoyar a Rodrigo Gayosso Cepeda, candidato perdedor al gobierno de Morelos, por lo tanto, pretenden colocar a su esposa como comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, para percibir un sueldo de 75 mil pesos mensuales. Por ello, Hortencia ordenó a todo el personal le fueran retirados sus teléfonos móviles y cualquier equipo tecnológico que permita captar video o fotografía. Su intención fue no dejar huella del último atraco a Morelos.
De los únicos que podían entrar, estaba Humberto Serrano, recientemente designado Secretario de Asuntos Legislativos y Parlamentarios del Congreso, y hay quien asegura que llevan maletas de dinero para catafixiarlos por la aprobación de los cargos que están pendientes para sus parejas.
CONGRESO, BISNE.- Fue tanto el empecinamiento de quienes ordenaron la construcción de la sede legislativa que decidieron ampararse para no permitir que el Ayuntamiento, conforme a la Ley, les solicitara los permisos de construcción, impacto ambiental y vial, entre otros que al final Graco hizo lo que quiso. Al terminarlo, exigieron se les dotara de los servicios como por ejemplo, del agua potable y al no pagar, en automático responsabilizaron que era una guerra política del alcalde Cuauhtémoc Blanco. Lo cierto, es que se construyó sin cumplir con el requisito de factibilidad del vital líquido porque no tenían toma de agua. Y todo esto, porque el Ayuntamiento de Cuernavaca decidió en dos ocasiones, clausurar la obra por violentar la normatividad de obras públicas. Y solo mediante los amparos es como se terminó la sede. Al final, la obra se hizo mal, no se ha pagado pero el bisne entre quienes autorizaron el proyecto y compraron el terreno ya se liquidó.
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