El principal reto para la política de austeridad que prometió implementar el nuevo gobierno que encabezará López Obrador no será a nivel federal, sino estatal, donde los legisladores reciben sueldos y bonos millonarios que incluso superan a los de los gobernadores de sus estados y la rendición de cuentas es nula
En el Congreso federal se ha centrado una de las discusiones más amplias en materia de austeridad para el próximo gobierno.
Mientras Morena y sus aliados han anunciado que buscarán disminuir el presupuesto en poco más de 4 mil millones de pesos en el Senado y la Cámara de Diputados en conjunto, poderes legislativos estatales derrochan recursos sin que se les haya cuestionado hasta el momento.
En abril de 2018, el Diario de Xalapa evidenció que la LXIV Legislatura del estado de Veracruz gastó el año pasado 236 millones 24 mil pesos en subsidios, subvenciones y ayudas sociales.
En días recientes, el diario El Universal de San Luis Potosí, dejó al descubierto que en su segundo año de gestión -de septiembre de 2016 a septiembre de 2017-, el congreso de esa entidad había derrochado un millón 330 mil pesos en alimentos.
Estos son sólo dos ejemplos del mal gasto que hacen los diputados y funcionarios de los congresos estatales.
La semana pasada, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Informe Legislativo 2018 en el que reveló el uso indebido de recursos públicos por parte de las legislaturas en diversas entidades, una mala planeación del gasto y la asignación discrecional de capital humano al interior, son algunas de las prácticas que enlista en su estudio.
El Informe del IMCO detalla que en total laboran mil 24 diputados locales, repartidos en las 32 entidades del país y que estos rara vez son llamados a transparentar el ejercicio del dinero que se les asigna año con año.
Es por ello que en casos como la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Sonora, Baja California, Quintana Roo y Jalisco, el dinero asignado a sus diputados locales es superior al de la Cámara de Diputados federal, que de por sí ya es alto: 16.9 millones de pesos
“Si vemos cuánto representa el gasto subnacional, una tercera parte se va en los congresos de los estados”, explica Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, quien señala que son pocos los estudios dedicados a revisar las cuentas de los poderes legislativos locales.
Otro de los hallazgos del Informe detalla que solamente el presupuesto de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México es dos veces más caro que el Congreso de los Diputados de España. Para el 2018, el Legislativo capitalino proyectó ejercer 2 mil 366 millones de pesos.
“Es un caso alarmante el de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y el costo que tiene por el alto número de empleados. Su aparato democrático es excesivo para las funciones que desempeña. Lo que vimos es que en tan sólo un año varió su presupuesto 24 por ciento al alza”
Mala planeación e invasión de funciones
La mala planeación del gasto en los congresos estatales es evidente cuando estos órganos terminan ejerciendo mucho más dinero de lo presupuestado para cada ejercicio.
El gasto excesivo que realizan la mayor parte de los congresos estatales se debe a que llevan acabo labores que no les corresponden como el otorgamiento de apoyos sociales, además de que no rinden cuentas claras de cómo usan todo el dinero que se les asigna
“A menos que exista un fenómeno extraordinario que comprometa el cumplimiento de sus metas, los congresos locales no deberían gastar más de lo que se aprueban”, señala el estudio del IMCO, que asegura que el año pasado 27 legislativos estatales ejercieron más dinero de lo proyectado. Cantidad que fue de mil 340 millones de pesos en total por encima del presupuesto original en conjunto.
El congreso que más rebasó su presupuesto original para terminar sus labores durante el 2017 fue el de Oaxaca, que en un inicio contempló gastar 397 millones de pesos, pero terminó utilizando 739 millones; es decir, un 87 por ciento más
La mayor parte del presupuesto de los congresos se va en el pago de salarios y las prestaciones correspondientes a los servidores públicos que ahí laboran. En promedio, todos los congresos gastan un 22 por ciento en pago de servicios básicos, oficiales, comunicación y de viáticos; este rubro es el segundo al que más se destinan recursos.
No obstante, el Informe Legislativo 2018 destaca que 25 congresos locales destinan en promedio un 14 por ciento de su presupuesto en “ayudas sociales”, realizando una labor con la que invaden las funciones que le corresponden al gobierno estatal.
Por ayuda social, los 25 congresos ejercieron mil 915 millones de pesos en 2017, “en tareas ajenas a atribuciones parlamentarias”, menciona el análisis del IMCO.
El análisis legislativo estipula que la invasión de las funciones de los gobernadores por apoyos sociales se da porque la ley no habilita a los congresos locales a dar despensas, juguetes, ofrecer fiestas, brindar apoyos económicos o, incluso, a construir obra pública.
“El otorgamiento de apoyos sociales no es propiamente una función del legislativo”, explica Guillermo Ávila, investigador del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
“Con la información disponible podemos ver que hay muchos gastos que no se justifican. El primer criterio es exigir que se transparenten y se muestren todos estos datos”
En esta lista de las legislaturas estatales que más gastaron, también aparece la Asamblea de la Ciudad de México en conjunto con el Congreso del Estado de México. Ambos poderes locales ejercieron un total de 576 millones de pesos para ayudas sociales en el 2017.
En promedio, un diputado local le cuesta al erario 11.7 millones de pesos. El IMCO destaca que si los congresos estatales destinaran 3.5 millones de pesos por año, como ocurre en el estado de Puebla, el ahorro por las labores que realizan estos poderes locales implicaría un ahorro de 10 mil 503 millones de pesos.
El costo por los 27 congresos estatales que rebasaron el presupuesto que se les asignó fue en total de mil 340 millones de pesos
La austeridad en el Congreso federal
En concordancia con el discurso de austeridad que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo durante su campaña electoral, los legisladores de Morena prevén como una de sus primeras reformas en el Congreso de la Unión reducir gastos.
La semana pasada, luego de la toma de protesta de los senadores de la LXIV Legislatura, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres de Morena, informó que la austeridad será una de las primeras acciones que acordará la bancada de su partido y aliados, quienes serán mayoría en la Cámara alta.
Las modificaciones presupuestales que ya han adelantado los congresistas de Morena comprenden ajustar entre un 25 y 40 por ciento la reducción del dinero para el ejercicio de la Cámara de Diputados y el Senado.
Además, se encuentra la intención de suprimir las partidas para grupos parlamentarios y comisiones, así como eliminar gastos de seguros médicos, de telefonía celular, vales de gasolina y comida al igual que el uso de vehículos y contratación de despachos
Otra medida de austeridad tiene que ver con la reducción de comisiones legislativas, contratos por honorarios y viáticos, y la anulación de la práctica del “moche”.
El inicio de nuevas legislaturas en los congresos estatales con una mayoría también de diputados de Morena, podría hacer que se siga la misma ruta que a nivel federal de reducir gastos, asegura Guillermo Ávila de Fundar.
“Con la renovación de los congresos estatales se debe atender el tema de la austeridad. Una de las formas de hacerlo es que se vayan disminuyendo los privilegios, como se pretende hacer en el Congreso federal”, refiere Ávila.
El IMCO sostiene que en el 2018 las legislaturas locales tendrán un cargo al erario de 14 mil 481 millones de pesos y es por ello que dentro en su Informe Legislativo 2018 incluyó propuestas para que el derroche disminuya.
El Instituto Mexicano para la Competitividad sugiere que los congresos se apeguen al presupuesto de egresos que aprueban antes de cada ejercicio y que eviten el aumento desproporcionado a menos que exista una justificación.
También, considera que los congresos dejen las malas prácticas como destinar recursos a ayudas sociales para con ello dejar de invadir funciones de los gobernadores.
En aras de eficientar los recursos, esta organización de la sociedad civil señala que una acción para que los congresos estatales tengan un mejor desempeño es que cuenten con consejos fiscales con autonomía técnica e implementar un servicio profesional de carrera para que los legisladores locales y otros funcionarios estén mejor capacitados y requieran gastar menos en asesorías externas.
“Se requiere que los congresos cuenten con más capacidad técnica en su servicio civil parlamentario, que estos funcionarios ingresen por mérito o que se les capacite durante su carrera legislativa”, comenta Manuel Guadarrama del IMCO.
Una de las principales promesas de campaña de López Obrador fue disminuir el gasto del gobierno, por lo que los congresistas de Morena buscarán reducir entre un 25 y 40 por ciento el presupuesto del Congreso de la Unión
El especialista destaca que un dato grave que demuestra esta falta de profesionalización es que en el 2017 ningún legislativo local hizo pública la contratación de alguna plaza. El problema se agrava debido a que en 8 congresos no existe la figura de la profesionalización de carrera dentro de su ley orgánica.
Ganan como reyes
En México ser diputado local puede rendir más frutos económicos que ser gobernador.
Congresistas locales tienen salarios y prestaciones que superan las dietas de algunos gobernadores como la de Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, de Nuevo León; Héctor Astudillo, de Guerrero; o Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.
El Informe Legislativo elaborado por el IMCO reveló que el salario de algunos diputados locales es por demás oneroso.
Los legisladores de Guanajuato, por ejemplo, perciben de manera neta cada mes 159 mil 322 pesos, según el Informe
Dicha cantidad supera a la de los diputados federales quienes al sumar su dieta neta mensual con los apoyos económicos de asistencia legislativa y atención ciudadana, perciben 149 mil 230 pesos.
Los diputados guanajuatenses perciben además un aguinaldo correspondiente a un mes y medio de su trabajo, que equivale a 239 mil pesos.
Cabe resaltar que al congreso de Guanajuato que cuenta con 36 diputados, al año se les destinan 103 millones 178 mil pesos en “remuneraciones adicionales y especiales”, tanto para legisladores como para los demás servidores públicos que ahí laboran.
En el rubro de traslado y viáticos, así como en servicios oficiales, el congreso de Guanajuato destinó un millón 462 mil pesos y 36 millones 128 mil pesos, respectivamente. Por ayuda social, esta legislatura destinó 31 millones 101 mil pesos.
Pero no sólo en Guanajuato legislar rinde buenos salarios. En San Luis Potosí los diputados locales ganan cada mes 114 mil 054 pesos, y en Tamaulipas 102 mil 319 pesos de manera neta.
En contraste, en nueve estados de la República, el IMCO no logró conocer el salario y prestaciones específicas de los diputados locales, de acuerdo con la base de datos del Informe Legislativo 2018.
Estas entidades son Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco y Yucatán.
“En el tema del reporte, se observa esa desigualdad, hay legisladores que ganan mucho más que otros, no existe una forma unificada. En Guanajuato es muy alto el sueldo consolidado, lamentablemente en otras entidades no podemos conocer las demás compensaciones por que no se desglosa esa información.
En algunos de los congresos locales como en el caso de Guanajuato o San Luís Potosí los legisladores reciben sueldos tan elevados que llegan a superar a los de los gobernadores o incluso los de los diputados federales
“Es increíble que a estas alturas no podamos saber con exactitud el salario de un diputado local en el país”, concluye Manuel Guadarrama.