El tres de julio pasado, dos días después de las elecciones presidenciales, un modesto Volkswagen Jetta atravesó el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, y se estacionó frente a la puerta del Palacio Presidencial. Andrés Manuel López Obrador se bajó del asiento del copiloto para dirigirse a pie a la oficina de su predecesor. Una mujer se abrió paso entre los codazos de la multitud de periodistas. Quería pedir trabajo. Nadie le impidió acercarse al presidente electo de la República. Él le plantó dos besos en cada mejilla. Expertos en México y en el extranjero contemplaron atónitos esta escena, así como otras similares que se han venido sucediendo, ante las extraordinarias implicaciones que ello supone para la seguridad del presidente, de sus acompañantes, e incluso de los mandatarios extranjeros que visitarán México en los próximos seis años.

En un país con 85 personas asesinadas al día (25 por cada 100.000 habitantes), con más de 100 candidatos acribillados a tiros en la campaña, López Obrador ha decidido circular por sus calles como si fuera inmortal. A él, dice, "lo protege la gente". Convencido a cada paso de que su rotundo éxito en las urnas radicó en gran medida en alejarse de la imagen de un presidente convencional —tradicionalmente inaccesible y rodeado de escoltas— proclamó desde su campaña un anuncio histórico: si ganaba, no viviría en la residencia oficial de Los Pinos, viajaría en aviones comerciales y prescindiría del órgano técnico militar encargado históricamente de la protección de los presidentes y su familia, el Estado Mayor Presidencial. Poco después de celebrar su victoria, lo ha repetido en diferentes actos públicos.

Esta medida, a tres meses de que tome posesión y se haga efectiva, tendrá un impacto no solo en su seguridad, que es la de todo un país, sino en la de los mandatarios extranjeros que vengan de visita oficial, pues, aunque en algunos casos como es el de Estados Unidos, el presidente viaja con un equipo propio de seguridad, el Estado Mayor Presidencial resulta clave en su custodia. "El servicio se coordina con la seguridad local, con su experiencia e inteligencia sobre el terreno para trabajar. Esta medida tendrá un impacto para cualquier país que los visite", apunta el exagente especial del FBI y fundador de la consultora de seguridad Shaffer Security Group, Greg Shaffer, desde Washington.

Para los responsables de seguridad de varias embajadas europeas en México el anuncio no ha modificado "de momento" sus protocolos, pero la mayoría se muestra escéptico con que vaya a desaparecer por completo el órgano; todavía más con que nadie vaya a desempeñar las funciones que este realizaba. "La seguridad de un jefe de Estado es mucho más compleja que los escoltas que lo acompañan. Hay labores de inteligencia que nadie ve, pero que se tienen que realizar", apunta uno de ellos, bajo condición de anonimato. Todos coinciden en que esta medida tiene que ver con "contentar" a un electorado, pero dudan de que realmente se lleve a cabo tal y como ha prometido el futuro presidente. "A nadie en ese Gobierno le interesará que una visita oficial asuma ni un mínimo riesgo. Generalmente las medidas de protección suelen ser más extraordinarias para estas personas que para el propio mandatario nacional. Por el momento no existe preocupación alguna de que esto vaya a cambiar", agrega uno de los expertos. "Siempre hemos tenido buenas relaciones con nuestras contrapartes mexicanas, trabajando conjuntamente para garantizar la seguridad de funcionarios de los Estados Unidos en México, y así continuaremos haciéndolo", agrega por su parte un portavoz de la embajada estadounidense.

Aunque López Obrador insiste en que a él no lo verán con "guaruras" (escoltas), esta semana ha sucedido algo muy distinto. La tranquilidad de las embajadas está muy relacionada con lo que ocurre en la práctica en ocasiones como esta. Este martes, se reunió con el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, en Chiapas. Y, aunque todo el país observó cómo el futuro presidente mexicano se bajaba de un avión de Aeroméxico, detrás de los focos y acompañándolo se encontraba el Estado Mayor Presidencial. Según unas imágenes de la prensa local, la aeronave TP02, propia de esta institución, voló hasta el encuentro con miembros de este órgano y de la Secretaría de Exteriores, como se ha realizado tradicionalmente con el resto de mandatarios, para gestionar la seguridad del evento y de la visita oficial.

El expresidente de Uruguay José Mujica, conocido por su estilo de vida humilde, quiso también reducir a la mínima expresión su equipo de seguridad, aunque contó con protección durante todo su mandato. Con un contexto diametralmente opuesto, pues Uruguay cuenta con una población de casi tres millones y medio de habitantes y la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica (de 8 por cada 100.000), el comportamiento del líder mexicano ha recordado al del exmandatario uruguayo.

El que fuera el jefe de seguridad durante la presidencia de Mujica, Carlos Haller, recuerda que la protección del expresidente "tenía más que ver con canalizar el cariño de la gente, que no lo agobiaran", algo similar a lo que propone López Obrador. No obstante, su seguridad estaba coordinada con el Ministerio de Interior y Defensa del país sudamericano. Haller, un civil designado por Mujica, cuenta a este diario que viajaba con él y con su doctora —"No recuerdo que fuéramos más de cuatro en ningún viaje", agrega— y que, como López Obrador, tenía especial antipatía a las medidas de seguridad, pero debía de plegarse a la ley, que establece una escolta y ciertas medidas de protección.

La decisión de renunciar al Estado Mayor Presidencial tiene mucho que ver con la mala fama que ha rodeado desde hace décadas a esta institución, apunta quien fuera subsecretario de la policía de la Ciudad de México durante los años en que gobernó López Obrador (desde 2000 a diciembre de 2005), Gabriel Regino. "Se ve como el órgano que ha dominado al país, el que ha dirigido al presidente, en sus decisiones, en sus movimientos, en todo. Hace labores de inteligencia y contrainteligencia y posee un suprapoder. Además, no rinde cuentas a nadie, es completamente opaco", añade y reconoce que apoya su decisión, siempre y cuando este cuerpo se sustituya por uno de élite, por ejemplo, de la Policía Federal.

Nadie ha detallado todavía quién desempeñará las múltiples funciones que hasta ahora ejercía esta institución, formada por alrededor de 2.000 militares altamente cualificados. López Obrador sí adelantó que el Estado Mayor se integrará a la Secretaría de Defensa. "Si hubiese una nueva visita papal o una cumbre, que eventualmente le va a tocar, no sabemos cómo lo van a resolver. ¿Se encargará el Ejército? No sé por qué en ese caso sería preferible un cuerpo militar y no uno civil especializado que realiza una labor indispensable para la operación del Gobierno. Se empezarán a dar cuenta", añade experto en asuntos de seguridad Alejandro Hope y agrega que "hay una confusión de conceptos, el Estado Mayor Presidencial no trabaja solo para proteger al presidente, sino a la Presidencia y la institución".

Ante el descontrol de cada evento y la polémica suscitada por su seguridad, López Obrador anunció que de esta función se encargarán 20 civiles desarmados. Diez hombres y 10 mujeres coordinados por Daniel Asaf, socio de algunos restaurantes de un barrio de moda de la capital y miembro de confianza del partido, sin experiencia en estos asuntos, según señalan personas cercanas. Este periódico ha intentado en reiteradas ocasiones ponerse en contacto con el equipo del presidente electo para conocer más detalles, pero no ha habido respuesta.

La sorprendente estrategia que ha mencionado el futuro presidente está basada en su experiencia como jefe de Gobierno de la capital. Entre 2000 y 2005, un grupo de seis mujeres armadas, que eran policías judiciales, conocidas como Las Gacelas, se encargaron de asegurar su círculo más cercano: caminaban junto a él y vigilaban cualquier acercamiento. No estaban solas, además de ellas en cada evento se desplegaba un entramado de seguridad mucho más amplio: alrededor de 300 agentes de la policía local y civiles especializados en logística, según explica la encargada de coordinar aquel equipo, Polimnia Romana. Ella considera que 20 civiles no son suficientes ni cree que esa propuesta se vaya a cumplir cuando tome posesión en diciembre. "El problema es que no ha abandonado el papel del candidato. Él quiere quedar bien con la gente siempre y no es consciente de lo irresponsable de esta decisión. Sigue jugando para la tribuna", agrega Romana, que trabajó junto a él hasta 2012.

Todos los cuestionan la propuesta de los 20 ciudadanos, pues teniendo en cuenta unos turnos de descanso mínimos, no habrá más de 10 personas custodiando al presidente. "Está claro que quiere inaugurar un nuevo estilo de gobernar y se vale. Ganaron abrumadoramente y quieren establecer nuevas formas. Pero hay que reconocer que el problema no es el Estado Mayor. Deben aclarar quién se encargará entonces de todas las funciones que desempeña este órgano", agrega el analista Alejandro Hope.

La reducción de la seguridad del presidente supone todo un reto en un país que atraviesa la época más sangrienta de su historia, que cada mes bate un nuevo récord de homicidios. Y que no ha olvidado que en los últimos 13 años han muerto en accidentes aéreos tres secretarios de Gobernación (Interior) mexicanos: Ramón Martín Huerta (en 2005), Juan Camilo Mouriño (en 2008) y Francisco Blake Mora (en 2011). Y hace solo unos meses el Cártel Jalisco Nueva Generación intentó asesinar al que fuera el fiscal general de ese Estado en Guadalajara. "Su decisión no tiene sentido, es muy egoísta. Quiere ser visto como un hombre de la gente, mientras pone en riesgo a todos los que están a su alrededor. No ha explicado por qué quiere hacer esto, salvo por razones políticas", agrega el exagente especial del FBI, Greg Shaffer.

Con información de Antonia Laborde, desde Washington, y Magdalena Martínez, desde Montevideo.