Por medio de una compleja red de funcionarios, empresarios inmobiliarios, constructores, amigos y familiares, el Gobierno de Rodrigo Medina desvió 3 mil 600 millones de pesos, reveló ayer la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León.
Reportó que Medina y funcionarios realizaron operaciones ilegales para comprar terrenos en Pesquería, realizar una obra multimillonaria en ellos y entregarlos para la instalación de una planta automotriz.
Tras informar que un Juez concedió el embargo precautorio de bienes contra Medina y 10 de sus ex colaboradores, Aldo Fasci, asesor del Ejecutivo, relató el entramado del caso.
Explicó que el Consejo Estatal de Promoción a la Inversión, el Consejo de Administración del Sistema de Caminos y el Comité Técnico de Fidecitrus violaron la ley al autorizar inversiones para un proyecto de beneficio privado, y obras para las que no estaban facultados.
En total, los terrenos costaron mil 086 millones de pesos y las obras de nivelación del suelo alrededor de 2 mil millones.
El Consejo de Promoción a la Inversión habría incluso falseado actas y la fecha de un estudio realizado por el Tec de Monterrey. Al Sistema de Caminos se le atribuye ejecución de obras que no corresponden a su objeto, y adjudicación de contratos a empresarios vinculados a funcionarios y con relaciones familiares entre sí.
Se dijo que Fidecitrus modificó su objeto para tomar decisiones de autoridad que no debía. Además, pagó impuestos que correspondían a los particulares que vendieron los terrenos.
La participación irregular de empresas privadas empezó desde que el Consejo de Promoción a la Inversión contrató a la inmobiliaria Proyectos y Desarrollos Salve, para buscar terrenos de uso industrial.
Según fuentes, esta empresa tiene vínculos con Inmobiliaria Galord, propietaria de uno de los terrenos finalmente adquiridos, lo que implicaría conflicto de intereses. A su vez, Inmobiliaria Galord resultó propiedad de Bernardo Castillón y Juan Manuel García Cañamar, amigos cercanos de Medina.
En la obra para nivelar los terrenos también hubo anomalías, pues fue asignada a Grupo Profrezac, propiedad de José Aguirre, empresario de Zacatecas y amigo de Humberto Medina Ainslie, padre del ex Gobernador.
Esta compañía cobró trabajos que no hizo, infló el volumen de los trabajos realizados y, según fuentes, subcontrató a las empresas Terracerías y Pavimentos de Fresnillo, Constructora Coss Bu, Impulsora Coronas del Mar y Constructora Jaken.
En 2013, se publicó que Constructora Coss Bu edificó un complejo de locales comerciales y oficinas a Medina Ainslie, y ayer Fasci reveló que el padre del ex Gobernador no tuvo que pagar por esa obra.
Grupo Profrezac es propietario del Lear Jet 45 que, según el Estado, fue usado en 32 ocasiones por el ex Gobernador en viajes personales sin costo.
Constructora Jaken está integrada por accionistas que a su vez figuran como apoderados o representantes en las empresas restauranteras de Castillón, según las fuentes.