El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón anunció que procederá penalmente en contra de su antecesor, el priista Rodrigo Medina de la Cruz, y 10 de sus funcionarios de primer nivel, por daño patrimonial, peculado, ejercicio indebido y abusivo de funciones y coalición.
Todo se deriva de las investigaciones de lo que el gobierno ha dado en llamar “Operación Tornado”.
En rueda de prensa, el fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, y el fiscal especial Anticorrupción y asesor del gobernador, Aldo Fasci Zuazua, informaron que el daño al Estado asciende a 3 mil 600 millones de pesos; señalaron que como parte de la investigación se procedió al embargo de bienes de siete funcionarios, incluyendo al ex gobernador Rodrigo Medina.
Todos deberán comparecer para responder a las acusaciones que se les hacen.
La investigación abarca a 9 funcionarios estatales, 5 funcionarios de primer nivel, 10 empresarios, 2 funcionarios bancarios, así como familiares y socios de funcionarios públicos. Además serán denunciados 2 alcaldes en funciones y 2 diputados federales en funciones, contra los que se promoverá un desafuero.
En la conferencia, a la que también asistió la Contralora Estatal, Nora Elia Cantú, se informó que se tienen 117 casos integrados a partir de quejas y denuncias recibidas, así como por revisiones de la autoridad. De los 117 casos, 42 ya se investigan, en 28 se han iniciado procedimientos y en 47 se advirtió presunta responsabilidad penal.
Se iniciarán 10 procedimientos de responsabilidad administrativa a Rodolfo Gómez Acosta, ex tesorero; Rolando Zubirán, ex titular de Economía; Luis Marroquín, ex director de Obras Públicas; Juan Francisco Livas Cantú, ex subsecretario de Desarrollo Agropecuario; y Ramón Villagómez, ex director de Corporación General para el Desarrollo Agropecuario y actual diputado federal.
La sanción consiste en la inhabilitación por 10 años a cada uno y el pago de 210 millones de pesos.
Fasci Zuazua informó que hubo obra no realizada y pagada en su totalidad, por lo que se iniciarán procedimientos de responsabilidad administrativa a Víctor Ramón Martínez, inhabilitándolo por 10 años y aplicándole una sanción de 12.9 millones de pesos.
Inclusive, una de las empresas favoritas prestó una aeronave para viajes gratis a Estados Unidos, donde Medina y su familia viajaron gratis en 32 ocasiones.
Por lo pronto, se citó a tres ex funcionarios del Sistema Estatal de Caminos por la simulación de obra de repavimentación y cuyo daño patrimonial supera los 9 millones de pesos.
También hay investigación a funcionarios de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, Tesorería, Seguridad Pública, Educación, Servicios de Salud, Caminos, Agua y Drenaje, Metrorrey y la Secretaría General de Gobierno.
“No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios, lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores, si así se presentara”, explicó Canales.
“Nos esforzamos que no seamos instrumento de una campaña política, menos partidista, de ahí el significado de los diferentes casos que estamos presentando que son de varios partidos, de varias autoridades estatales y municipales”, añadió.
Canales Santos dijo que el embargo precautorio de bienes de los 11 ex funcionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León.
Expresó además que en los plazos legales correspondientes se solicitará al Juez de Control la fecha de la audiencia para formular la imputación a los ex funcionarios y con ello iniciar un proceso judicial.