Los legisladores solicitan que la suspensión se mantenga hasta que sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos
Ante el cese de profesores de escuelas públicas que se ha registrado en diferentes regiones del país, la Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas suspender, de manera inmediata e indefinida, los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros, así como cualquier procedimiento sancionatorio.
Los legisladores pidieron que esta suspensión se lleve a cabo hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.
En votación económica, el Pleno de San Lázaro avaló el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución donde se asegura que “la aplicación sesgada” de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), por parte de las autoridades educativas federales y estatales, ha dado lugar al cese de docentes de la escuela pública, en diferentes estados del país. “Se estima que hay más de 500 profesores que han sido víctimas de este tipo de atropellos en México”, detalla.
Los legisladores de Morena calificaron de fallida la reforma educativa y sostienen que fue “producto de un acuerdo cupular, producto del Pacto por México suscrito en 2012 por PRI, PAN y PRD, cuyos resultados polarizaron a la nación, además de que profundizaron y agravaron la crisis económica y social”.
“Quienes se oponen a las medidas punitivas de la mal llamada reforma educativa, en el mejor de los casos han sido separados de sus empleos, y en el peor han sido levantados y desaparecidos”, alertaron
los diputados Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Adela Piña Bernal, Irán Santiago Manuel, María Chávez Pérez, Azael Santiago Chepi, Idalia Reyes Miguel, Maribel Aguilera Cháirez, Hilda Patricia Ortega Nájera, María de Jesús García Guajardo; y denunciaron que en dicha reforma se establecen los casos en que los profesores pueden ser separados del servicio público, sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según sea el caso.
“Los profesores de México están siendo víctimas de un permanente acoso laboral al interior de las escuelas”, con una supervisión excesiva y aumento de cargas de trabajo administrativo, además de que el “linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal y la libertad de expresión del magisterio se ha pretendido coartar”, acusaron.
Con esa absurda invención de reforma constitucional —agregaron— el presidente Enrique Peña Nieto eludió su responsabilidad para verdaderamente atender los factores del rezago educativo.