El discurso incendiario de Mario Delgado sobre la reducción salarial tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales, se apagó. Por ahora, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, no habrá recorte en lo que ganan los legisladores. Se quedarán con su dieta de 74 mil pesos, sus 45 mil pesos de asistencia legislativa, y 28 mil para la atención ciudadana. En total, casi 150 mil pesos;  44 mil pesos más que los que López Obrador cobrará como Presidente. No hay que criticar la inconsistencia del discurso, sino la racionalidad de la acción. No se trata de que ganen menos, sino que trabajen mejor.

Este paso debe ser el principio de una rectificación mayor, frente a los problemas que está teniendo el equipo de López Obrador para reclutar personal de calidad que se sume al próximo gobierno. Varias ofertas que se han hecho a funcionarios o a quien trabaja en el sector privado, han sido rechazadas por los bajos salarios y la futura cancelación de los seguros médicos. Uno de quienes rechazaron continuar en el próximo gobierno es Ildefonso Guajardo, secretario de Economía y muy elogiado por su papel como negociador en jefe del Tratado de Libre Comercio, por la significativa pérdida que tendría en sus ingresos.

Carlos Urzúa, el próximo secretario de Hacienda, ofreció cargos a personas con experiencia a las que les tiene respeto y confianza, pero los rechazaron porque, como en uno de esos casos, el salario ofrecido apenas llegaba a ser el 10% de los que obtiene como consultor privado. Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos, ha ofrecido la titularidad de los bancos de desarrollo, sin encontrar a nadie que le acepte trabajar en el próximo gobierno, por las precarias remuneraciones que tendrían.

El problema no está, sin embargo, en quienes no quieren trabajar en el próximo gobierno, sino en quienes ya presentaron sus renuncias. Al menos cuatro altos funcionarios del Banco de México, entre los que se encuentran responsables de estabilidad financiera y sistema de pagos, ya presentaron sus renuncias. Hay 300 funcionarios con experiencia en el banco central que están en posibilidades de solicitar su liquidación anticipada, entre los que figuran dos vicegobernadores que están considerando retirarse de esa institución. La situación dentro del Banco de México es tan seria, que el gobernador, Alejandro Díaz de León, fue a ver a Delgado para pedirle que matizaran la iniciativa de ley sobre la reducción salarial. La respuesta, de acuerdo con funcionarios que conocieron de la plática, fue que ni una coma le cambiarían.

En Pemex la situación no es menos grave. Cuatro muy altos funcionarios en áreas clave se van a ir, junto con decenas más de funcionarios menores, pero con la experiencia en el sector energético. Entre los funcionarios que están pensando en renunciar, se encuentran responsables de P.M.I. Comercio Internacional, una sociedad anónima inscrita en Houston que realiza lo que Pemex, de quien depende, no puede hacer por ley: comercializar el crudo mexicano en el mundo y establecer alianzas y sinergias con otras empresas petroleras en el orbe. La importancia de la experiencia en ese campo es similar a la que tiene el responsable de negociar la deuda externa en Hacienda: la diferencia de ganar centavos en cada dólar de las transacciones realizadas, se cuentan en millones de dólares por los volúmenes que se negocian. Lorenza Martínez, la directora del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México, quien pospuso su renuncia por los ataques cibernéticos a los bancos privados, es otro ejemplo de la experiencia necesaria. Ella, que detectó los ataques de hackers antes que nadie, que habrían provocado pérdidas incalculables de no haberse atendido el problema, está próxima a salir.

En todas las áreas del gobierno están comenzando a presentarse renuncias, pese a los esfuerzos de algunos de los titulares que les están solicitando esperar hasta el último día del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Se está produciendo un escenario de ansiedad y prisa. Por un lado, para jubilarse sobre la base de su salario actual, tienen que hacer el trámite antes de que pase la ley en el Congreso, y por el otro, si no se colocan en el mercado en estos momentos, temen que, para diciembre, las posibilidades de trabajo en el sector privado estarán agotadas. De lo que no hay forma hoy en día es que permanezcan en sus trabajos.

Funcionarios federales han comentado que las reducciones salariales que hará el próximo gobierno, colocaría a muchos de ellos a niveles casi similares a los que ganan los sindicalizados en el grupo de mayor ingreso. Una de las diferencias entre unos y otros es que los sindicalizados no trabajan horas extras sin que se les paguen por hacer trabajos que no son simétricos a la responsabilidad de los funcionarios, ni están disponibles las 24 horas del día, toda la semana o el año.

Hay muchos simpatizantes de la reducción salarial sin matices, que ven en ello una reivindicación social por los abusos cometidos por algunos de quienes pertenecen o fueron parte de la alta burocracia. Eso, por supuesto, no puede permitirse. Pero hacer de los salarios una tabula rasa, es cegarse ante las consecuencias que significará quedarse sin la experiencia de un servicio civil de calidad. Lo que sucedió en el Congreso puede ser la pauta de lo que viene. De no ser así, la curva de aprendizaje del nuevo gobierno promete ser de pesadilla.