Hace un año, el 19 de septiembre de 2017, unos minutos después del sismo, caminé hacia un edificio que acababa de caer en la esquina de Amsterdam y Reynosa. Creo que no he dejado de pensar un solo día en el horror que ahí encontré.

Hasta ese momento, por alguna razón absurda, yo era de los que pensaban que el terremoto de 1985 había dejado una especie de legado en la Ciudad. Cultura sísmica, reglamentos de construcción acordes al riesgo que atraviesa una ciudad como esta. No sé. Incluso funcionarios que estarían dispuestos a arrastrar hasta el fin de sus días los fantasmas que persiguieron a algunos de los autores de la masacre de 1985 (de Antonio Carrillo Arenas se decía que los edificios se le habían caído como carrillos de arenas).

Pero ahí estaba de vuelta todo otra vez. Las montañas de escombros, el olor a gas, el ruido infernal de las ambulancias, los helicópteros, los camiones de bomberos: la ciudad destruida en un tajo que corría como un hachazo desde Tláhuac a Gustavo A. Madero.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, lanzó por esos días una convocatoria para que los damnificados por el sismo ayudaran a realizar una especie de autopsia de su edificio. ¿Qué había pasado? ¿Qué había provocado, al margen de la fuerza telúrica, la muerte de más de 200 personas, así como los inmensos daños visibles en la metrópoli?

Ignoro si en el pasado se había intentado un estudio tan serio. Apuesto a que no. En México hay registro de terremotos devastadores —en el siglo XV uno de ellos destruyó por completo México-Tenochtitlan— y sin embargo, cada que tiembla parece que es la primera vez. No existen archivos de los sismos, no existen planos de edificios dañados, los estudios de suelo suelen ser escondidos por las autoridades: de las grietas que corren bajo la Ciudad apenas tuvimos noticia tras el sismo de 2018.

En todo caso, la organización logró recopilar datos de 200 inmuebles. Realizó solicitudes de información aquí y allá. Consultó especialistas. Buscó los “eslabones” de “la cadena de corrupción, negligencia e impunidad” a los que debemos esta tragedia. Finalmente, relató la historia negra de 28 inmuebles que ejemplifican lo ocurrido.

Los resultados fueron presentados ayer. Los funcionarios del gobierno entrante —el gobierno de Claudia Sheinbaum— decidieron no asistir. Ninguno de ellos dio la cara, “y eso que prometieron que serían distintos”. No quisieron enterarse de lo que sucedió en la Ciudad que van a gobernar.

Y sin embargo, los hallazgos de MCCI causan indignación. El Reglamento de Construcciones es completamente ignorado. En todos los edificios que cayeron se habían hecho cálculos para aumentar los márgenes de ganancia de las constructoras. Los inmuebles fueron levantados, de manera invariable, con materiales deficientes. A algunos los construyeron sobre soportes viejos que se vendieron como nuevos: nadie le dijo a los ciudadanos que estaban comprando cascarones.

Las delegaciones capitalinas y las autoridades del gobierno central ignoraron las voces de vecinos que alertaron sobre edificios en que se violaba el uso de suelo, en que se hacían construcciones sin permiso y en que las construcciones originales eran adaptadas para volverlas edificios de departamentos. Las autoridades hicieron caso omiso de estudios de la UNAM que indicaban que edificios levantados después de 2004 tendrían “un desempeño inadecuado durante un sismo intenso”.

En la construcción de buena parte de los edificios se echó mano de documentos falsos o que contenían datos “que no corresponden a lo que se construye”.

Autoridades del gobierno central y las delegaciones otorgaron permisos sin revisar los planos o los estudios de suelo.

27 Directores Responsables de Obra, DRO, no tenían experiencia en esa materia y varios directores de Protección Civil habían llegado al cargo por amistad con funcionarios delegacionales. “En todos los casos investigados, la respuesta de las autoridades y empresarios ante solicitudes de información fueron las evasivas, la opacidad y un silencio de desdén al dolor de las víctimas”.

Según el informe, ni los dueños de constructoras ni los DRO han rendido cuentas. Ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo ha sido sancionada. Todos y cada uno se lavaron las manos.

Y ahora, de unos cargos pasarán a otros. La investigación demuestra que nada ha cambiado y que en esta Ciudad no hay castigo.

Para ellos solo existen premios.