La Ley de Austeridad Republicana es el principio de un cambio sustantivo en la vida política del país. Que se acaben los gastos superfluos que habían hecho de la vida pública un instrumento de ascenso social. Dinero de los contribuyentes para su movilización socioeconómica ascendente sin rendir cuentas ante los electores ni pagar costos por su rendimiento legislativo, en muchos casos, deficiente. Pero la ley que se discutirá en el Congreso y que con toda seguridad, dada la mayoría contundente de Morena, que introdujo la iniciativa de acuerdo con los deseos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, será aprobada, no puede caer en puritanismos ni prejuicios. Si el espíritu que anima su redacción no es expulsado durante su discusión parlamentaria, lo que resultará es una legislación que provocará un daño irreparable al servicio público, al país y al propio gobierno de López Obrador.

El impacto de lo que esta ley, en los términos como está redactada, causará, es analizado en un documento técnico sobre los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana, elaborado por 14 servidores y exservidores públicos, así como profesionistas y académicos en Administración Pública. El documento de 57 páginas no es partidista ni expresa posiciones ideológicas. Subraya las deficiencias que contemplan los lineamientos trazados en cuanto al recorte de plazas, la reducción de salarios, la cancelación de prestaciones y el aumento de la jornada laboral al personal de confianza, que representa al 20% del servicio público, que suman 318 mil personas.

Este grupo de funcionarios ha ido perdiendo poder adquisitivo desde 2003, por el congelamiento de salarios durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hubo un ajuste en los últimos meses con base en la inflación anual. En el análisis de los 15 últimos años, este congelamiento provocó que el poder adquisitivo del personal de confianza perdiera 60% en promedio, aunque en áreas como la Secretaría de Hacienda alcanza el 70%.

La ley que entró al Congreso provocaría el despido de un total de 222 mil personas, con lo cual el servicio público mantendría únicamente a 96 mil en puestos de confianza. Esto significa una reducción del 70% del total de trabajadores en el gobierno federal, donde los principales recortes serían en las secretarías de la Defensa y la Función Pública, donde se despediría al 70% de ese grupo de trabajadores, que es un porcentaje idéntico que impactaría en la PGR. En la Secretaría de Gobernación se registraría una reducción del 63%, mientras que en la Hacienda y del Trabajo, la reducción sería de 53%.

El personal de confianza es al que se ha estigmatizado en el desordenado y poco informado debate sobre el recorte salarial a la alta burocracia. En el documento técnico que están circulando para animar a la discusión, se establece que por personal de confianza se conoce a quienes toman las decisiones en todos los ámbitos del quehacer público, y que por su naturaleza y especialización se exigen grados de estudios, conocimientos y experiencia.

Ese grupo representa el 20.3% del total de burócratas que, en 2016 totalizaban poco más de un millón 567 mil personas que trabajan en 319 entes públicos. “Un recorte de la magnitud que se plantea –dice el documento–, mediante el cual se pretende que las dependencias y entidades operen únicamente con el 30% del personal de confianza, impactará inexorablemente de manera negativa en la capacidad del Poder Ejecutivo para, como se ha señalado, llevar a cabo dichos actos en lo particular y desplegar la función pública en lo general de forma eficiente y eficaz, tal y como lo demanda la ciudadanía que aspira a tener una administración gubernamental moderna y sustentada en mejores prácticas”.

El documento presenta las deficiencias analíticas de quienes redactaron la ley. Por ejemplo, en materia de seguros, señala: “Tomando como base la información de la licitación pública para la contratación del seguro colectivo de gastos médicos mayores, y haciendo un cálculo aproximado del monto total de estas aportaciones, se estima que el ISSSTE recibe 70 millones de pesos mensuales por parte de los trabajadores de confianza, y que en esos términos abría un aumento inmediato de la demanda de servicios médicos especializados y costosos para el ISSSTE, que actualmente atiende un total de 23.7 millones de consultas, de las cuales el 53.6%, es decir, 12.7 millones, corresponden a medicina general ambulatoria, y el resto, 11 millones de consultas de medicina especializada, el 46.4%”.

Esto significa, según el documento, que “haciendo una proyección de estas cifras, el personal de confianza que tendría que ser atendido por el ISSSTE al eliminarse (el seguro médico), se estima en al menos 928 mil personas que requerirán consultas especializadas, que se consideran las más caras. Esta demanda de atención médica especializada se estima que tendría un impacto económico para el ISSSTE de cuatro mil 80 millones de pesos. La medida no implicará un ahorro para el gobierno, y, por el contrario, el ISSSTE requerirá de un mayor presupuesto para atender la demanda de los servicios de salud”.

“La austeridad es un medio, no un fin en sí mismo”, apunta el documento. “Por ello, el recorte de plazas debe hacerse sobre la base de datos duros y con una visión integral, de largo alcance”. No lo dicen de manera crítica, pero el sabor de boca que deja el análisis es que la Ley de Austeridad Republicana está más sustentada en suspicacias que realidades, en arbitrariedades más que razones. No consolida al servicio civil profesional como una política de Estado, sino que la castra y empobrece.