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Si la consulta popular para decidir la suerte de un detonador de desarrollo económico, como será el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, era un despropósito, que su futuro se resuelva con una encuesta nacional, suena a burla. Pero es más que eso. Es una fuga hacia delante del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que después de haber hecho de la cancelación de la nueva terminal en Texcoco una de sus banderas electorales, trata ahora, mediante la no acción, dejar en manos de la gente la resolución de una política pública. Entregar a otros la responsabilidad de un gobierno no es gobernar. Por supuesto, hasta el 1 de diciembre empieza a hacerlo, pero será su administración la que concluya la obra de infraestructura más grande y ambiciosa desde la construcción de Ciudad Universitaria, inaugurada hace 60 años.

La consulta o la encuesta, para el mismo efecto, es un eufemismo político de rectificación, que como muchas de las que está haciendo últimamente, corrigen propuestas de campaña inviables en términos financieros. Lo absurdo de sugerir una encuesta nacional para decidir dónde estará el nuevo aeropuerto, es la idea en sí misma. El 70% de los mexicanos no usa avión, por lo que ese medio de transporte le es totalmente ajeno. Una buena parte ni siquiera vive en la Ciudad de México. Si el universo de la encuesta involucra a personas a las que un nuevo aeropuerto no les significa nada, las respuestas probables bordarían por el tema de la inversión total, donde el grueso de la información que fluye, combinada con mentiras, produce desinformación.

En todo caso, la discusión no debe ser dónde no, que es donde se encuentra el debate bravado de Texcoco y Santa Lucía, y su visión dogmática sobre cada sede, sino de cómo sí. Si la discusión se modifica en cómo puede salir el nuevo aeropuerto, entonces podrá llegarse a un mejor destino. Santa Lucía fue descartada como opción por el Colegio de Ingenieros Civiles, uno de los organismos especializados a los que López Obrador le pidió una opinión técnica, porque costaría 66% más de lo que saldrá en Texcoco. Esa obra está avanzada en 32%, donde la parte más compleja de ingeniería civil está prácticamente acabada, con los recursos federales ya dispuestos para los dos primeros años del gobierno de López Obrador –que no vería merma en sus presupuestos–, y en donde la ingeniería financiera desarrollada permitirá cubrir todo el financiamiento original, y tendrá un retorno de utilidad de 46% anual.

Pero para añadir información a la aportada por el Colegio de Ingenieros, vale la pena incluir el documento base sobre la cual el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que los empresarios presentarían una alternativa C. En el borrador del documento hay un dato clave: Santa Lucía tendría, en su fase óptima, el 60% de capacidad del aeropuerto en Texcoco, por lo que en menos de una década sería insuficiente. Sería el equivalente a la Terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez, con la diferencia de que esta siempre se planteó como una opción temporal, mientras que Santa Lucía se presenta como final. Esto representaría una reducción de los ingresos no aeroportuarios por pasajero (calculados en 9.7 dólares por cada uno de los 70 millones estimados en la primera etapa), y un potencial conflicto con inversionistas en la bursatilización del Impuesto al Uso de Aeropuerto y de la inversión de 30 mil millones de pesos de la emisión de Fibra E, que se basaron sobre la capacidad de Texcoco.

Un factor que afectaría a los usuarios son los costos en el pasaje que tendría Santa Lucía, al tenerse que renegociar los contratos colectivos con los sindicatos de pilotos, sobrecargos y personal de administración y mantenimiento, al desagregar sus operaciones, sin contar con las acciones similares que tendrían que implementar las aerolíneas, con lo que se eliminan las economías de escala que permite Texcoco. Aunque en la idea de Santa Lucía no hay claridad sobre lo que se haría, se ha deslizado que el actual aeropuerto sería para vuelos nacionales y la nueva terminal para internacionales. En términos de concepto, el diseño de que Texcoco sea un hub internacional para competir con Atlanta –el 70% de los pasajeros en esa terminal, que es la de mayor tráfico de personas, nunca sale de ahí por sus vuelos de interconexión–, quedaría prácticamente borrado por las dificultades logísticas para conectar de manera veloz las dos terminales, con la consecuente pérdida de valor.

Texcoco, cuya factibilidad se ha estudiado por 12 años, tiene en marcha un amplio programa sobre impacto ambiental, que está supervisando el Politécnico, además de obras de infraestructura hidráulicas, que estaban programadas para realizarse, pero que la obra aceleró. Las críticas sobre el tipo de suelo y cimentación son obsoletas, porque fueron resueltas con inversiones por 60 mil millones de pesos. Pero, muy importante a considerar, la obra en Texcoco existe y tiene un total de terminación, hasta ahora, de 32%, mientras que Santa Lucía es una idea del asesor de López Obrador, José María Riobóo, que tiene como aliado al próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

La decisión sobre dónde debe estar el nuevo aeropuerto debería ser ociosa. Por estas y más razones técnicas, económicas y financieras, Santa Lucía debe ser desechada. Pero esto no significa que no se tengan que hacer adecuaciones a la terminal en Texcoco. De esto y no de consultas y encuestas se debe estar hablando y confrontando ideas y soluciones. Algunas de estas consideraciones serán abordadas en este espacio en próximos textos.