El coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, patina con el cuento de que “un gran número de funcionarios” del Poder Judicial tiene “una gama de ingresos y beneficios”.
Y como ve “la emergencia económica que vive la nación”, pidió “un auténtico ejercicio de autorreflexión (sic) y moderación”, porque “no se puede seguir teniendo a un pueblo en la pobreza con jueces, magistrados, ministros (...) en el exceso, la opulencia y privilegios...”.
No le basta la reducción de 850 millones de pesos a la Suprema Corte porque ignora o desdeña que el total de ahorro suma mil millones, pues el PJF incluye a la Judicatura y el Tribunal Electoral federales.
La remuneración de juzgadores y consejeros (algunos con casi medio siglo de carrera), establece el 94 constitucional, “no podrá ser disminuida durante su encargo”, ya que su tarea requiere de la alta especialidad que contempla el artículo 127.
Eso quiere decir que su paga bien puede sobrepasar el absurdo tope salarial del presidente de la República impuesto por Felipe Calderón y refrendado por Andrés Manuel López Obrador.