El presidente electo se dijo horrorizado por los tráileres con 300 cadáveres que llevan dos años en Jalisco sin que nadie los recoja.

Nos deja ver una sensibilidad humanista que otros gobernantes no tienen.

El actual gobernador jalisciense, Aristóteles Sandoval, sólo atina a anunciar la compra de un nuevo frigorífico, sin ruedas, donde quepan más cuerpos de personas asesinadas.

No sabe qué hacer el gobernador de ese estado. Ni el actual presidente de la República, que no se ha pronunciado ante esa monstruosidad.

El problema es que López Obrador tampoco lo sabe.

Lo que tiene de humanista no lo tiene de hombre de Estado en este rubro.

Culpa de esos cadáveres refrigerados “al fraude electoral de 2006”.

Más simplismo, imposible.

Esos cadáveres son producto de la lucha entre cárteles del narcotráfico en esa entidad donde hay una guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Como también hay disputa en otros estados de la República.

Ante eso, ¿cuál es la política de lucha antidrogas del próximo presidente?

¿Cómo va a enfrentar esa realidad?

No la sabemos… ni ellos tampoco.

En dos meses toman posesión del gobierno federal y hasta ahora han expresado únicamente vaguedades, muy idealistas, pero irrealizables.

La política de “reconciliación”, que esgrimen de manera abstracta, es inviable en estos casos.

¿Sí se puede? A ver, que empiecen en Jalisco. Sienten a la mesa a los capos del Cártel Jalisco Nueva Generación con los de Sinaloa. Que se reconcilien.

O para no ir más lejos, aquí en la Ciudad de México donde va a gobernar Morena: ¿ya se reunió Claudia Sheinbaum con el líder del cártel Anti Unión y el de la Unión Tepito?

Por supuesto que no, porque el asunto es mucho más complejo que tener buenos deseos cuando se abordan los conflictos entre mafias que asesinan como beber un vaso de agua.

Para nuestra desgracia, el próximo gobierno no tiene política antidrogas ni antigrupos criminales.

En consecuencia, la situación de criminalidad se va a poner peor en el país.

Resulta un exceso culpar al expresidente Calderón de la violencia en el país.

No “le dio una patada al avispero para legitimarse” como dijo ayer Andrés Manuel López Obrador.

Metió de forma masiva al Ejército a Michoacán porque los grupos criminales tenían control territorial en ese estado.

Echó al Ejército a las calles de Michoacán porque se lo pidió el gobernador de ese estado, Lázaro Cárdenas Batel, ahora nombrado Coordinador de Asesores del próximo presidente de la República.

No era culpa de Lázaro Cárdenas –o no enteramente suya– que Michoacán estuviera así, sino que recibió un narcoestado de manos de su antecesor, Leonel Godoy, próximo funcionario de la Secretaría de Gobernación del presidente entrante.

Por supuesto que se va a poner peor.

La buena fe que tiene López Obrador en el tema de la violencia criminal, necesita acompañarse de ideas para abatirla, y ahí todos debemos aportar porque hay demasiadas víctimas.

La Ley de Seguridad Interior, que da fundamento legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, no debe echarse abajo. Eso pretende Morena en el Legislativo. Y en el Ejecutivo seguirán usándolas para enfrentar al narco. Qué incongruencia.

Se necesita ampliar la gama de delitos sin derecho a fianza.

Menos garantismo en la persecución de delitos como narcotráfico, portación de armas, extorsión y secuestro.

Preparación de policías estatales, con castigo a los gobiernos que no cumplan.

Inversión en una Policía Nacional que sustituya, en un mediano plazo, a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Y política social que integre a las comunidades.

De lo contrario, seguiremos con los buenos deseos mientras la criminalidad continúa al alza.

O saldrán “soluciones” como la del gobernador de Jalisco: comprar más frigoríficos para almacenar nuevos cadáveres.