Este miércoles, Andrés Manuel López Obrador comunicará oficialmente la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. El presidente electo de México hará el anuncio en un acto en el Museo de la Memoria y Tolerancia con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 a manos de policías locales del municipio de Iguala, Guerrero, al sur del país.

El caso tiene un lugar destacado en la lista de problemas que el próximo Gobierno heredará de Enrique Peña Nieto. La investigación hecha por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) de los hechos ocurridos hace cuatro años se encuentra en un punto muerto. No tiene respaldo social y carece de credibilidad para los organismos internacionales y para los familiares de las víctimas de la escuela normal rural de Ayotzinapa.

 

La pesquisa, una de las más importantes realizadas en México recientemente, ha generado cerca de 488 resoluciones judiciales que han derivado en la detención de 170 personas, entre ellas policías locales de varios municipios y supuestos integrantes de la banda criminal Guerreros Unidos. El Estado mexicano ha invertido en la averiguación 1.200 millones de pesos, más de 64 millones de dólares. Nada de esto significa que se haya hecho justicia. No existe una sola sentencia condenatoria para los presuntos responsables. Los familiares de las víctimas tampoco están satisfechas con las conclusiones vertidas en un expediente de 54.000 hojas.

“Los padres de los 43 piden verdad y justicia. Quieren saber qué pasó y dónde están sus hijos”, explica Alejandro Encinas. Este veterano exmilitante del desaparecido Partido Comunista de México ha sido designado por López Obrador para crear la comisión de la verdad. “Eso implica no solo reabrir el caso Ayotzinapa, que se pretendía dar por cerrado con la llamada ‘verdad histórica’, sino que también nos va a permitir tener un instrumento con la fuerza judicial suficiente para revisar el expediente y continuar las investigaciones”, dice quien se encargará desde diciembre de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación (Interior).

Encinas reconoce la solidez de la “reconstrucción de los hechos” que hizo la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía en el expediente. Difiere, sin embargo, en la conclusión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula en una gigantesca pira encendida durante 17 horas en un fuego que alcanzó los 1.200 grados centígrados. Este desenlace es popularmente conocido como la “verdad histórica”, que fue defendida por el exprocurador general, Jesús Murillo Karam.

Las autoridades tienen en su poder una imagen a ojo de pájaro tomada en octubre de 2014 de la supuesta escena del crimen. La fotografía muestra una mancha de 150 metros cuadrados en el sitio. Para respaldar su afirmación, los investigadores tuvieron que escarbar en los libros de historia para hallar otro referente de maldad semejante. Lo encontraron en el Holocausto. Uno de los expedientes en manos de la AIC cuenta con fotografías de cómo el Sonderkommando nazi quemó cuerpos de víctimas de los bombardeos en Dresde en febrero de 1945.

Este hecho ha sido ampliamente disputado. A José Torero, uno de los más reconocidos peritos internacionales en fuegos, le bastaron 20 minutos de visita al basurero, diez meses después de los hechos, para rechazar el incendio. El especialista publicó un experimento en la reputada revista Science donde aseguró que Guerreros Unidos tendría que haber echado mano de entre dos y cuatro toneladas de madera para incinerar por completo los cuerpos. Aun así, se habría encontrado materia orgánica en el sitio. A cuatro años de los hechos, solo han sido identificados los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio.

“La parte fundamental que sostiene la verdad histórica es la más endeble. No hay evidencia para demostrar que fueron incinerados allí todos los muchachos”, señala Encinas. Los responsables de la investigación, consultados por este diario, se defienden afirmando que se han hecho 1.495 búsquedas de los estudiantes sin hallar otro paradero.

La solidez de la investigación comenzó a hacer agua incluso para el Poder Judicial. En junio, un tribunal colegiado dictó una histórica sentencia que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala. Tres magistrados dieron razón a varias voces, una de ellas de la ONU, que encontraron que la tortura fue una forma de extraer confesiones a decenas de imputados. A regañadientes, un exfuncionario de la Fiscalía admite que existen dos casos de tortura documentados, un policía local y Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Cepillo, un supuesto sicario que habría dado la orden de asesinar e incinerar a los estudiantes.

Reabrir la investigación

La decisión del tribunal fue respondida con dureza por el Poder Ejecutivo, quien atacó la sentencia con más de 200 recursos judiciales y afirmando que era imposible crear la comisión. El jueves, el tribunal resolvió de forma unánime que no existe tal imposibilidad.

Esto ha abierto una nueva vía para el Gobierno de izquierdas de López Obrador. Encinas asegura que la comisión estaría a cargo de la Fiscalía general. “Este sería uno de los primeros pasos a atender en esta Fiscalía especializada en derechos humanos, la reapertura de la investigación”. La nueva etapa de la pesquisa estaría acompañada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ambos organismos han rivalizado duramente con el Gobierno de Peña Nieto por la conducción de la investigación.

La ruta marca una diferencia con la oposición, que ha presentado una iniciativa en el Senado para crear una comisión de la verdad independiente del Poder Ejecutivo. “Los victimarios principales en los patrones de violación de derechos humanos están relacionados con el Estado mexicano. El Estado no podría investigarse a sí mismo, es un absurdo”, considera Clemente Castañeda, legislador de Movimiento Ciudadano, de centro izquierda.

El senador, que redacta la propuesta basada en experiencias de comisiones de Chile, Argentina y Sudáfrica, intentará persuadir a la Administración de López Obrador y a su partido, que tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso. “Si el Gobierno insiste en mantener el control de la investigación le puede ocurrir lo que pasó en el Gobierno de Peña Nieto, que mostró una ineficacia probada en la investigación de violaciones a derechos humanos”.

Emilio Álvarez Icaza, exsecretario de la CIDH, comparte una duda con el futuro Gobierno: “¿Qué hacemos con el pasado?”. El hoy senador independiente aventura una respuesta. “No lo sabemos como país. Y las ideas que encuentro en el nuevo Gobierno son muy inmaduras. Morena debe definirse”. El defensor de derechos humanos cree que la comisión de la verdad podría a ayudar a México a ahuyentar los fantasmas de su historia reciente. Sería una forma de buscar salida del laberinto de Ayotzinapa, en el que el país está perdido desde hace cuatro años.