-Señalan que regularización de asentamientos humanos y manejo de recursos no fueron transparentes
-Más de tres mil familias no tienen certeza jurídica en su propiedad; “sufren pobreza provocada por el gobierno
Dentro de la comparecencia de Miriam Lariza Rodríguez Galíndez, titular de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, la diputada Érika García Zaragoza, del Partido del Trabajo, señaló que la regularización de asentamientos humanos y el manejo de recursos no fueron transparentes e imperó la corrupción.
Marisela Jiménez Armendáriz, de Encuentro Social, manifestó que la comparecencia fue un cúmulo de mentiras, lo que provoca sospechas; el exceso de la burocracia rebasó la capacidad de trabajo. Más de tres mil familias no tienen certeza jurídica en su propiedad; “sufren pobreza que fue provocada por el mismo gobierno”.
Por su parte, Ariadna Barrea Vázquez, de Movimiento de Regeneración Nacional, expuso que hasta marzo del 2017, la legislatura anterior fue proxeneta de Graco Ramírez para lucrar con la tenencia de la tierra. “Nuestras tierras han quedado a merced del mercado”. Por tanto, dijo que se revisará el marco normativo, para limitar los excesos. Se solicitará información precisa a los entes fiscalizadores para determinar los actos ilícitos que se pudieran haber ejecutado.
Dalila Morales Sandoval, de Acción Nacional, expresó que la raíz agrarista y los fenómenos de conurbación han complicado el análisis de la tierra. El Ejecutivo ya no pide autorización al Legislativo para enajenar las propiedades de los inmuebles del estado. “Fue un sometimiento continuo”.
Añadió que el municipio de Jiutepec es un ejemplo de la corrupción; en el parque de “Los Venados” hay casas de interés social, que han restado oxígeno a los habitantes. La reserva territorial no debe ser facultad de una sola persona. Anunció que presentará una iniciativa para revertir la reforma correspondiente, con la finalidad de que la transición de dominio sea una responsabilidad de ambos poderes.
Rosalina Mazari Espín, del Revolucionario Institucional, comentó que el sismo de 1985 originó un “alto proceso migratorio”, lo que produjo una dinámica irregular de urbanización. El territorio sigue sufriendo el asalto de tierras productivas, en contubernio de los gobiernos estatal y municipal. “Hay un caos urbano”. Denunció que a ningún empresario se le han puesto límites.
Asimismo, dijo que cerca del 90 por ciento de los municipios no tienen planeación urbana. El actual régimen no actualizó los programas de desarrollo respectivos. No se actuó con firmeza en torno a los asentamientos ilícitos. “El gobierno fue muy permisivo y muy corrupto”, indicó.
La legisladora Blanca Nieves Sánchez Arano, de Nueva Alianza, externó que la certeza jurídica de la tierra está en incertidumbre. Existe escasez de suelo para el crecimiento urbano ordenado, porque persiste el régimen rural o comunal.