Esta semana, en que se cumplen cuatro años del crimen que cometió la banda de narcotraficantes “Guerreros Unidos” contra la vida de los normalistas de Ayotzinapa, se reunirá con los padres que siguen clamando por justicia.
Será oportuno que, en ese encuentro, González Pérez haga también algo a que, con o sin denuncia de por medio, está obligado desde el punto de vista ético: hacerles notar que su injusta guerra contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal es una afrenta a la razón pero también vulnera los derechos humanos del servidor público que hizo posible la identificación de al menos uno de los jóvenes victimados y cuyos cuerpos fueron quemados hasta su carbonización en el basurero de Cocula.