López Obrador se reunió este miércoles con los padres de los 43 de Ayotzinapa. El encuentro fue a puerta cerrada en el Museo de la Memoria y Tolerancia, en el centro de la Ciudad de México. Cuatro años después de los hechos, el futuro presidente mexicano concretó los compromisos con las víctimas de este caso, entre ellos la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. "Se acordó abrir las puertas del próximo Gobierno a los organismos de defensa de derechos humanos: a la ONU y a todos los organismos internacionales que han ayudado contra viento y marea a que este asunto no fuera cerrado", explicó en una conferencia de prensa el mandatario electo.
El encuentro significa un cambio de tono entre el Gobierno y las madres y padres de los estudiantes. De momento, la confrontación y el encono han dejado de marcar la relación. "Están dispuestos a cualquier diálogo, lo que el Gobierno actual nunca hizo. Ahora nuestro corazón late. Nuestra esperanza está en ellos. El corazón de nuestros hijos son sus hijos", dijo María Elena Guerrero al micrófono sin soltar la pancarta con una fotografía en blanco y negro de Giovanni, de 20 años. El aún presidente Enrique Peña Nieto se reunió el 29 de octubre de 2014 y en septiembre de 2015, un año después de los hechos, con los padres de los jóvenes desaparecidos. Estos encuentros estuvieron marcados por la tensión entre las partes provocada por la insatisfacción que dejó en los familiares la investigación del caso hecha por la Procuraduría General de la República, que concluyó que los estudiantes fueron incinerados en un basurero.
López Obrador prepara un nuevo camino. Su Gobierno ha redactado un decreto que será presentado después del 1 de diciembre, fecha en que el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) asumirá el poder. El documento pondrá en marcha la creación de la comisión que investigará de forma "imparcial y objetiva" los hechos ocurridos hace cuatro años, como lo ha ordenado el fallo de un tribunal federal. La comisión estará conformada por las víctimas y familiares, la Fiscalía General, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Todas las determinaciones o deliberaciones que se realicen dentro de la Comisión deberán contar con el aval de las víctimas, sus representantes y la CNDH", señala el borrador del decreto en manos de EL PAÍS.
El artículo séptimo de esa propuesta de decreto subraya el compromiso del nuevo Gobierno con la transparencia del caso. El texto señala, en una versión preliminar, que para efectos de la investigación y esclarecimiento del caso "no podrá invocarse la secrecía o reserva de la información" como lo establece la Ley General de Transparencia. El decreto también obliga a Alejandro Encinas, quien será el encargado de implementar la comisión desde la subsecretaría de derechos humanos de Gobernación (Interior), a presentar "informes periódicos públicos" sobre el estado de cumplimiento del instrumento.
López Obrador también se comprometió a que la nueva etapa de la pesquisa —la averiguación previa vigente no se cierra aún— no evitará ninguna línea de investigación. Esto incluye la supuesta omisión y encubrimiento del Ejército, que reclaman algunos colectivos. "No debemos de temer si se conoce la verdad. Las instituciones se fortalecen con la verdad, se debilitan si se oculta la verdad", dijo el mandatario electo. Nada menos que eso esperan los padres de los 43, quienes con sentencia o sin ella, abrazan la idea de la comisión. En palabras de María Elena Guerrero: "Hemos luchado cuatro años abriendo puertas. Es un honor que esta puerta se haya abierto sola. Hay una luz de esperanza para nosotros".