“Se nos metieron los ‘contras’ con los ayotzinapas y hubo una vergasera”, le escribió al día siguiente, a través de BlackBerry, Adán Casarrubias Salgado a su hermano Ángel.

La clave del primero era “Silver”. La del segundo, “Soldado del Amor”. Ambos hermanos eran líderes de la organización Guerreros Unidos.

“Silver” se hallaba en Cuernavaca, Morelos; “Soldado del Amor”, en Teloloapan, Guerrero. Intercambiaban mensajes intentando averiguar qué había sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Las intervenciones telefónicas que la DEA realizó en esos días indican que ninguno de los dos lo tenía muy claro.

“¿Qué onda carnal, qué más te han reportado?”, preguntó “Silver”. “Soldado del Amor” le respondió: “Solo que ya llevaban 60 paquetes ya guardados y varios con San Pedro”.

Los “paquetes” eran los “ayotzinapas” que los sicarios de Guerreros Unidos habían secuestrado aquella noche. La referencia a San Pedro quería decir, desde luego, que varios miembros del grupo estaban muertos.

Los miembros de Guerreros Unidos empleaban varias claves en sus comunicaciones por mensaje de texto. “La Bandera” era Iguala (en referencia a que ahí se confeccionó la enseña nacional). “El Mole” era Teloloapan. “El Camote”, Puebla. “La Flor”, Cuernavaca. “El Humo”, la CDMX.

Adán y Ángel se pusieron rápidamente de acuerdo: resolvieron que la policía comunitaria cerrara “la entrada por Mezcala”, que se hiciera una demanda colectiva al gobierno del estado, así como una marcha de transportistas —y que esa marcha fuera “en contra del presidente”.

En esa conversación “Silver” ordenó que un sujeto apodado El Cholo estuviera alerta y alertara a su gente. Poco después, “Silver” entró en contacto con otro de sus hombres. Su clave era “Vaquero Nuevo”. Su PIN corresponde al de un sujeto apodado El Cabo Gil.

Según la intervención telefónica realizada por la DEA, El Cabo Gil informó a Adán Casarrubias que había comenzado la detención de policías municipales “para tomarles huellas y arraigarlos”.

Gracias a la conversación se sabe que fue El Cabo el primero en decir que a los normalistas les había pagado el líder de una organización rival, Santiago Mazari Miranda, alias El Carrete, y que habían llegado a Iguala con “gente de Morelos”.

El Cabo le dijo a su jefe que un abogado de apellido Victoria estaba tramitando amparos para los municipales “y trabajando con los peritos para echarles la mano lo más que se pueda”.

Antes de terminar la comunicación, El Cabo se comprometió a “poner a unos chavos” para que abrieran páginas de internet y culparan de los hechos al procurador del estado”.

El mensaje que relacionaba al procurador Iñaky Blanco con El Carrete comenzó a circular en cadenas de whatsapp: “Te pido que publiques de favor esta información… ya que es solamente la verdad que nadie quiere decir”.

La semana pasada un juez federal dictó auto de libertad por falta de elementos —en el delito de delincuencia organizada— a ocho implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Entre los liberados se encuentran precisamente El Cabo Gil y El Cepillo. Ambos confesaron su participación directa en los hechos: el secuestro, el asesinato y el calcinamiento de los normalistas.

Gil cayó en poder de las autoridades once meses después de los hechos. Varios detenidos lo habían señalado como jefe operativo de Guerreros Unidos. Uno de sus cómplices, La Camperra, reveló que El Cabo Gil tenía mando sobre todos los jefes de plaza de la zona.

Supongo que ya no importa su declaración, pero no está de más traer una parte a cuento: Gil reveló que una parte de los 43 fueron entregados a El Cepillo en Lomas del Coyote, que El Cepillo los condujo al basurero de Cocula, en donde los asesinaron a tiros y golpes antes de incinerar sus restos con diésel.

Dijo también que un segundo grupo de alumnos fue llevado al rancho de uno de los jefes de célula de la organización, Víctor Hugo Benítez Palacios, alias El Tilo, y que ahí éste los disolvió en ácido.

El celular de El Cabo Gil registró actividad aquella noche en una de las antenas —la marcada con el número 15— del municipio de Cocula.

Además de aparecer en las intervenciones que la DEA realizó en números telefónicos de miembros de Guerreros Unidos, decenas de cómplices lo mencionaron en sus declaraciones ministeriales.

Desde su detención comenzó una operación legal y mediática para liberarlo. La semana pasada aquella estrategia rindió frutos —en gran medida gracias del desaseo con que la PGR hizo la investigación.

Indigna la justicia que pueden esperar los padres de las víctimas.
 

 

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