El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ha perfilado una nueva forma de enfrentar al crimen organizado. No será con amor y paz ni con persuasión para que los criminales y los jefes de los cárteles de las drogas mexicanos, que hace tiempo son trasnacionales y están considerados entre las mafias más poderosas del mundo, sino con algo extraordinariamente inusual: que las Fuerzas Armadas combatan a los criminales sin usar la fuerza. Su nueva propuesta es, por decir lo menos, controvertida.

López Obrador anunció el sábado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, símbolo de la represión desde hace medio siglo, que presentará una iniciativa para crear una Guardia Civil, integrada por el Ejército, la Marina y la Policía Federal. “La propuesta es que las Fuerzas Armadas actúen como un ejército de paz”, dijo. “Tendrán que ayudarnos sin el uso de la fuerza para garantizar la seguridad interior y ayudar a que haya seguridad pública. Tenemos un grave problema de inseguridad y de violencia en el país, y vamos a buscar la manera de enfrentarlo sin el uso de la fuerza. Vamos a atender las causas que han originado la violencia en México. Estoy seguro que si hay trabajo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, vamos a lograr la paz y la tranquilidad en nuestro país”. La Guardia Civil es el nuevo nombre para lo que propuso hace tiempo como Guardia Nacional, desechada en agosto por el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, por la complejidad de las reformas constitucionales que tendrían que hacerse para desaparecer a las Fuerzas Armadas y convertirlas en un nuevo ente. El tema parecía zanjado tras la visita del presidente electo a los secretarios de la Defensa y de la Marina, pero el sábado López Obrador volvió a su idea original de desaparecer a las Fuerzas Armadas.

No se sabe el porqué de su insistencia de desaparecer a las Fuerzas Armadas y de quitarles su armamento, pero lo tiene en la cabeza de manera fija y clara, y no distingue entre la responsabilidad de mantener la seguridad nacional, la de la seguridad interna y la de seguridad pública. Para el Presidente electo, todo es lo mismo, sometido a un mando donde la jerarquía castrense se difumine, y debe ser sin armas. En su discurso del sábado dio una muestra de ello. Si hubiera una invasión, dijo, todos los mexicanos saldrían a defender a la patria. Dicho de otra forma, las Fuerzas Armadas no son una condición sine qua non para mantener la soberanía nacional.

La propuesta de López Obrador es reduccionista. Crear condiciones sociales y económicas para dar trabajo y atender a los jóvenes es parte del problema, pero no su solución integral. Podrá haber, en el mejor de los casos, una disminución de jóvenes reclutados por el narcotráfico, pero el fenómeno no desaparecerá. El narcotráfico es un negocio y no va a dejar de serlo por los altísimos márgenes de utilidad. Parte de los recursos que obtienen los utilizan para la compra de armamento, cada vez más poderoso y sofisticado para enfrentar la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas y desafiar al Estado mexicano.

Pedirle a las Fuerzas Armadas que asuman las tareas de seguridad pública sin armas, es tanto como entregar a soldados y marinos al crimen organizado. Las armas son un disuasivo, y la distorsión mexicana en materia de uso de la fuerza no puede ser resuelta mediante el desarme. Un tema es el abuso de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos, que tienen que atajarse y castigarse, y otro regalar el país al poderío bélico que tienen los cárteles de la droga. Si el Presidente electo cree que esa es la solución al problema de la inseguridad, se equivoca. La ecuación que plantea es permitir que los cárteles de las drogas sigan haciendo su negocio, con todo lo que ello implica en México, a cambio de que sean ellos los que se hagan cargo de la seguridad. No los toca nadie a cambio de que no toquen a nadie. Entre eso y caminar hacia la creación de un narcoestado no hay diferencia.

López Obrador tiene que clarificar qué quiere exactamente. Otros países tienen cuerpos como la Guardia Civil que planteó. Existe en España y depende de los ministerios de Defensa y del Interior, pero no suple a las Fuerzas Armadas. Chile tiene a los Carabineros, bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aparte del Ejército. El gobierno del presidente Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva al trasladar en su totalidad a la 3ª Brigada de la Policía Militar dentro de un nuevo cuerpo, encabezado por civiles a los que se sumaron miembros del CISEN y toda la Policía Federal. Una nueva policía nacional propuesta por el gobierno de Felipe Calderón, nunca fue aprobada en el Congreso.

López Obrador tendría en esos modelos una repuesta a lo que desea. Sí puede crear –de hecho es necesario– una nueva policía nacional que puede llamar como quiera, pero no a costa de las Fuerzas Armadas que, convertidas en un ente paramilitar, enfrenten el poderío del crimen organizado con toletes y buenos modales. Cometer el error del gobierno de Enrique Peña Nieto de no combatir al crimen organizado durante los primeros ocho meses de su administración, provocó la espiral de violencia que López Obrador heredará. Su propuesta es aún peor. Matar políticamente a las Fuerzas Armadas, o dejar que literalmente las maten, es eliminar, por razones que aún son oscuras, la última frontera mexicana.