Aprobada hace mes y medio casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y celebrada por la  mayoría de Morena y por el gobierno electo como el primer gran paso rumbo a la “Cuarta Transformación” de la vida pública de México, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impuso un tope legal obligatorio de 108 mil pesos a los sueldos de los funcionarios y gobernantes del Estado mexicano, ha empezado a dividir opiniones en el equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador por los efectos que puede provocar en la estructura actual del gobierno federal, como renuncias masivas, controversias legales y hasta amparos de organismos autónomos y de otros poderes que podrían generar un caos en la administración federal en el arranque del nuevo gobierno.

Aunque hay un sector que insiste en que la ley debe promulgarse y aplicarse “a rajatabla”,  con todo y sanciones penales y multas para organismos o Poderes que se nieguen a acatarla (como el caso del INEGI que recién aumentó sueldos de sus directivos en franca oposición a esa ley) bajo el argumento de que “su aplicación es fundamental para hacer realidad el proyecto de austeridad republicana” que busca un cambio en la concepción del servicio público, hay otra corriente que ha alertado al presidente electo que la aplicación de la nueva legislación debe ser gradual y que deben buscarse algunas “salidas legales” para evitar conflictos legales con otros poderes y organismos autónomos, además de una afectación en algunas áreas específicas del gobierno por la perdida o renuncia de personal técnico o especializado.

Ese choque de posiciones, que ilustra muy bien el dato que ayer daba en estas páginas el periodista Mario Maldonado, en su columna Historias de NegoCEOs, sobre una comunicación interna en la que el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, promueve la elaboración de un amparo de funcionarios del Poder Judicial en contra de la reducción de sus salarios, es parte de lo que llevó a operadores políticos de alto nivel del gobierno electo a buscar un “salida política” para que la aplicación de la Ley de Remuneraciones pudiera considerar algunas excepciones o modificaciones al tope de los 108 mil pesos, sin que López Obrador tuviera que pagar algún costo por tratarse de una de sus propuestas de campaña.

Una fuente cercana a esas negociaciones asegura que los operadores lopezobradoristas buscaron a personajes del gobierno de Peña Nieto para plantear la posibilidad de que desde el actual gabinete se buscara impulsar que un grupo de diputados, formado por las fracciones minoritarias del PAN, PRI, PRD, MC y PVEM, que pudieran reunir un tercio de los diputados necesarios para presentar una “acción de inconstitucionalidad” o una “controversia constitucional” ante la Suprema Corte de Justicia contra la Ley de Remuneraciones y a partir de ese recurso los ministros se encargaran de congelar su aplicación y eventualmente solicitar su derogación al Congreso.

Pero cuando el planteamiento llegó tanto a los diputados de oposición como a la Corte, en ambos casos rechazaron asumir el “enorme costo político” que tendría ante la sociedad ser los promotores o los autores de la derogación de una ley que tiene tan amplio respaldo ciudadano por como se vendió política y mediáticamente como un tema de obligada austeridad en el gobierno. “Y nosotros ¿por qué tenemos que cargar con el rechazo popular que generaría una medida como echar abajo una legislación como esa?”, comentaron ministros de la SCJN que se negaron a participar en la operación que promovían desde el círculo cercano de López Obrador.

Hoy el asunto está entrampado para quienes buscan la “salida legal” a los problemas y conflictos que puede generar la nueva ley, mientras los grupos que buscan la implementación a como de lugar del nuevo tope salarial empujan su promulgación, aunque todo indica que tendrán que esperar hasta después del 1 de diciembre porque en el actual gobierno de Peña no piensan promulgarla en lo que resta de su administración. Y el problema es que, como ya lo hizo el INEGI, otros organismos autónomos, sindicatos de burócratas o incluso Poderes como el Judicial que están en contra del tope y la disminución de sus salarios, podrían ampararse o dictar medidas administrativas y salariales apelando a que no se les puede aplicar retroactivamente la Ley de Remuneraciones. Vaya embrollo el que se viene para el comienzo del nuevo gobierno.

NOTAS INDISCRETAS… La decisión del Tribunal Electoral federal de mantener el resultado de las elecciones en Coyoacán y Querétaro, en contra de las impugnaciones de Morena, parecen ser un aviso de la posición mayoritaria que se avecina entre los magistrados federales ante el recurso de nulidad en Puebla. Si el recuento total de los votos confirmó el triunfo de Martha Erika Alonso (“haiga sido como haiga sido, diría el clásico) va a ser muy difícil que el Tribunal federal acepte otorgar la anulación de Puebla, como lo demanda el ex candidato de Morena, Miguel Barbosa…Los dados mandan Escalera doble. Bueno el tiro.