Los cambios hacia Ley Orgánica de Administración Pública del Estado aprobada la semana pasada por el Congreso local tienen sustento, entre otros el económico al dejar de gastarse más de 100 millones de pesos mensuales en salarios, prestaciones económicas y otros gastos que tenían los exservidores públicos de la burocracia dorada.
Lo anterior permitirá entrar al programa de austeridad propuesto por el Presidente electo, André Manuel López Obrador, principalmente para el próximo año y tener más recursos para programas sociales.
Es decir, habrá menos gasto hacia un grupo de personas que tenían salarios demasiado altos en un pueblo pobre, que también por mantener ese tipo de burocracia generaban inflación.
Es por ello que también Andrés Manuel López Obrador ha solicitado a todos los gobiernos estatales hacer ajustes en su gasto de nómina, principalmente la que más obtiene recursos financieros en el rubro de salarios.
Pero también dentro de los cambios vienen otro tipo de situaciones, que van de la mano y hacen sinergia con el gasto público como es replantar los salarios, para llegar a medianidad del pago de emolumentos.
Ahora también busca hacerle justicia al trabajador de base que percibe menos de 10 mil pesos mensuales, cuando los requerimientos mínimos para la sobrevivencia tranquila de un mexicano es de tener una paga mayor.
Son los primeros pasos de los gobiernos reconocidos como la cuarta transición política, porque también van por la búsqueda de disminuir algunas tasas impositivas como es el Impuesto Sobre la Renta.
Disminuir el Impuesto Especial Sobre la Productividad, que permitirá bajar los costos de los combustibles, energía eléctrica y otros más que están dentro de la canasta básica, así como el de los medicamentos.
Cuauhtémoc Blanco Bravo sabe que las recomendaciones de Andrés Manuel López Obrador son también indispensables para el estado, porque el exgobernador Graco Ramírez dejó la Tesorería estatal en quiebra y con grandes deudas.
Y habrá que señalar un punto importante para las finanzas del estado: uno deben buscarse los mecanismos de apoyo y salvamento hacia la Universidad Autónoma del Estado, que hoy cuenta con más de 43 mil estudiantes y más de seis mil trabajadores.
Un segundo punto es que para este año solamente para réditos enel pago de la deuda externa o con la banca privada deberán darse cerca de mil millones de pesos, sin pagarse el capital para que la misma disminuya.
En pago de proveedores y prestadores de servicios, el adeudo por omisión e irresponsabilidad Graco Ramírez dejó una morosidad por 800 millones de pesos, en perjuicio de la empresa morelenses y sus trabajadores.
La tarea que tiene Cuauhtémoc Blanco Bravo está en manos de un experto en las finanzas y que saber resolverlas, este tiene nombre y apellido: Alejandro Villarreal Gasca, quien es el secretario de Hacienda.
Es el hoy secretario de Hacienda quien tiene la oportunidad de hacer quedar bien al gobernador con su labor, para recuperar la tranquilidad financiera del sector público de Morelos.
El gobierno estatal por ello hoy tiene varias transformaciones en su estructura administrativa, que incumben a los demás poderes y que al final también los ayuntamientos que iniciarán actividades el primero de enero del 2019 deben entrarle al programa de austeridad.
Desde el sector oficial saben que la situación es de saber administrar los escasos recursos financieros, materiales y humanos que habrá durante los próximos tres y seis años.
Y quien no entre al programa de austeridad en el gasto, entonces podría perderse y generar mayor endeudamiento hacia sus gobernados, además de adquirir problemas a futuro.
El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo sabe que de no haber austeridad entonces viene la inflación, está resulta inconveniente porque este tipo de factores genera más pobreza y eso lo vivimos durante la pésima administración del exgobernador Graco Ramírez.