La ola verde parece vivir un nuevo impulso en México. La izquierda mexicana, ahora mayoría en las dos Cámaras del Congreso, se ha propuesto priorizar la despenalización del aborto en todo el país. Gran parte de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha comenzado a trabajar en iniciativas para legislarlo. Sin embargo, las diferencias sobre cómo debería hacerse han sumido al partido en un enredo. Las organizaciones feministas temen que ninguna de las propuestas garantice el acceso a la interrupción del embarazo en buenas condiciones para las mujeres.
Una treintena de diputadas de Morena anunció el 27 de septiembre su intención de legislar sobre el tema. En una conferencia de prensa intentaron mostrar unidad. “México ha modificado mucho su Constitución para garantizar los derechos de las mujeres y ha firmado tratados internacionales para ratificar eso. No puede ser que todavía se esté criminalizando a las mujeres y, peor aún, que estén muriendo por abortos clandestinos y mal tratados. Tenemos la certeza que en esta legislatura [la despenalización] se presenta y se aprueba”, asegura Beatriz Rojas, una de las legisladoras que impulsa la iniciativa en la cámara baja.
México enfrenta un debate que se vislumbra complicado, tras el antecedente de Argentina, donde el proyecto alcanzó, después de meses de presión social, media sanción en la Cámara de diputados pero terminó siendo rechazado por el Senado. En el país norteamericano, el aborto es legal únicamente en caso de violación. En 25 de los 32 Estados es permitido en situaciones donde la vida de la madre corre peligro. Solo en Ciudad de México, donde fue legalizado hace once años, está admitido por elección de la mujer. Es por esto que al menos 38.000 mujeres de otros Estados han viajado a la capital entre 2007 y 2015 para interrumpir su embarazo de manera gratuita y segura, según datos de la organización Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE). Un informe del Instituto Guttermacher calculaba en 2009 más de un millón de abortos inducidos al año en todo el país.
Uno de los principales obstáculos que puede enfrentar la despenalización del aborto, más allá de la movilización de los sectores de la derecha, es la fragmentación del oficialismo una vez comenzado el debate. El propio López Obrador no ha expresado públicamente su postura y propuso que el tema se sometiera a plebiscito. La falta de apoyo público del futuro presidente mexicano y su alianza durante la campaña con el partido evangélico Encuentro Social incrementan las dudas sobre qué postura tomarán los legisladores durante la discusión de la ley. “Mandarlo a referéndum quiere decir que no se legisla ni se legaliza como una disposición del Gobierno”, reprocha la senadora de de izquierda Patricia Mercado. “No creo que Morena, como fracción parlamentaria, esté a favor pero sí creo que hay una buena cantidad de mujeres y hombres de ese partido que quieren echar adelante esto”, dice.
A pesar del dominio que tiene Morena en las dos Cámaras, el espinoso tema no supone una votación homogénea. Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso e impulsora de la iniciativa, vaticina una “votación personalizada” y no “por bloques”. “Puede haber diputados de Morena que no apoyen el proyecto”, admite.
Como si la controversia política y social no fuera suficiente, la despenalización del aborto en México encara un problema de forma. Por un lado, las diputadas de Morena han trabajado en un proyecto para reformar el Código Penal que presentarán en las próximas semanas. En el Senado, la cámara alta, una veintena de legisladores y legisladoras ha respaldado este martes otra iniciativa. Esta, sin embargo, pretende corregir la Constitución. Ambas propuestas llegaron sin un acuerdo previo entre los propios miembros del partido y ya han sido cuestionadas por las organizaciones feministas.
Fernanda Díaz de León, coordinadora de Políticas y Abogacía de la organización feminista Ipas, refuta las dos iniciativas. La reforma constitucional no garantizaría los medios para el libre acceso al aborto seguro, mientras que una modificación del Código Penal sería insuficiente porque los Estados son libres de legislar sobre este tema a través de normas locales. La experta propone establecer constitucionalmente el aborto como un asunto federal para después promover la despenalización. “Por ahora es solo un posicionamiento político. Para que no quede solo en un discurso, hay que plantearlo bien y eso va a ser un proceso largo”, manifiesta.
El camino más efectivo para Regina Tamés, abogada y directora de GIRE, sería el que plantean las diputadas de Morena. “No es necesaria la modificación de la Constitución. Sería suficiente con reformar la ley de Salud y el Código Penal”. Sin embargo, admite que este procedimiento implicaría tener que legislar en cada uno de los 32 Estados. “Simbólicamente es fantástico, jurídicamente sí habría un problema porque habría que modificar cada uno de los códigos penales locales”, reconoce.
En un Congreso por primera vez paritario, legisladoras de otros partidos de izquierda se han mostrado dispuestas a acompañar un proyecto de despenalización. Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, asegura que su bloque secundará la propuesta, pero sostiene que hay que cuidar el cómo para que no se utilice “solamente como bandera”. “Sabemos que [este tema] articulará grupos conservadores que ejercerán presión y que harán cabildeo. Si hay determinación del partido mayoritario en la Cámara, no tendría que haber problema. Pero para eso se necesita determinación”, dice. El destino parece claro, pero aún falta definir un camino que será largo.