Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública, dijo que la dependencia sólo sanciona administrativamente por lo que aplicó sanciones por negligencia u omisiones.
Para la Secretaría de la Función Pública (SFP), la investigación sobre el socavón en el Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos, “al día de hoy es caso cerrado”. Así lo aseveró su titular, Arely Gómez.
Entrevistada al término de su participación en instalación de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, en el Senado de la República, precisó que la SFP aplicó sanciones administrativas por negligencia u omisiones y hubo casos de inhabilitación hasta por diez años.
“Que quede claro, la Secretaría de la Función Pública sanciona administrativamente, son responsabilidades administrativas, nosotros no vemos temas penales, se sancionó a quienes incurrieron en negligencia”, dijo.
Cuestionada sobre la recomendación de la la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se demanda aplicar acciones penales tras determinar que no fue un accidente sino una cadena de ineptitudes, Gómez González, señaló que se va a revisar y analizar, “pero lo que quiero dejar en claro es que la SFP sancionó e hizo un trabajo verdaderamente integral y exhaustivo”.
La funcionaria dijo que incluso “se hizo una auditoria en donde se determinaron 22 cédulas de observaciones, se siguió todo el trámite, el procedimiento que marca la norma y se le dio una oportunidad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que se comprobara, se comprobaron algunas cosas, otras no y se le sancionó. El trabajo fue impecable y está abierto al escrutinio público”, insistió.
Detalló que, entre los sancionados con la inhabilitación están ocho servidores públicos, siete de la SCT y uno de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). “Esto llega hasta el director del Centro de SCT, que es nivel alto”, apuntó.
Resaltó que para la Función Pública ni ese caso, ni el caso Odebrecht están impunes.
La exsenadora añadió que la SFP desde el primer día tomó acción inmediata ante los lamentables hechos que ocurrieron ese día. “Nosotros iniciamos el 12 de julio y para septiembre ya teníamos una investigación exhaustiva, amplia, coordinada, no fragmentada, donde intervinieron todos los Órganos Internos de Control que tenían algún tema que atender, como fue el Órgano Interno de Control de Banobras, SCT y Conagua”.
Respecto si se dio vista de las sanciones que se impusieron a las autoridades penales, indicó que “ellos estarán haciendo su investigación en paralelo, porque aquí lo que se analizó fue las responsabilidades administrativas”.