El primero de diciembre, los muertos como consecuencia de homicidios dolosos ya no serán del presidente Enrique Peña Nieto, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las emboscadas a los cuerpos de seguridad federal, serán suyas no de Peña Nieto, como también los secuestros, los robos y las extorsiones. Ese día y los subsiguientes serán iguales como hoy, mañana y el 30 de noviembre, porque la inseguridad no desaparece por decreto ni con actos de fe, sino con un trabajo sostenido y planificado para que con los años pueda comenzarse a dar resultados. Pero esa es la trampa en la que se metió el futuro gobierno de López Obrador, al fijar plazos para acabar con la violencia sin tener el método para enfrentar a los criminales de manera efectiva, y no como sugieren, con palabras en lugar de balas.

El nuevo gobierno podrá decir que le entregaron un país en ruinas, lo que en el tema de la seguridad es correcto, pero no podrán sostener eternamente la plañidera porque se comprometió a resolver en 36 meses el fenómeno que más agobia a los mexicanos. El Presidente electo dice que el crimen tiene que enfrentarse de manera integral, lo que es cierto. Los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto así lo propusieron, pero nunca pudieron llevarlo a cabo como lo diseñaron. Hay que frenar el reclutamiento de jóvenes mediante oportunidades de vida, que sin bien no compiten con los ingresos que les deja el narcotráfico, su principal estímulo sería que la vida no será corta. Pero sin combate a los delincuentes ni trabajo de inteligencia, nada va a cambiar; todo lo contrario.

La experiencia de Peña Nieto al dejar de combatirlos en sus primeros ocho meses de gobierno, pensando que así se reduciría la violencia, es la mejor muestra de que eso es un error estratégico. Las personas a las que encomendó López Obrador el diseño del modelo de seguridad y el andamiaje jurídico para echar a andar una nueva Secretaría de Seguridad, no han cumplido con su trabajo. La iniciativa de ley para crearla, presentada por su responsable, Alfonso Durazo, fue rechazada por el Presidente electo, quien le encargó a su asesor jurídico, Julio Scherer, que trabajara el proyecto porque el que revisó no servía.

Cuadrar la seguridad pública con la seguridad nacional, como pretende la nueva Secretaría de Seguridad al incorporar el CISEN –reduciendo el trabajo de inteligencia– y Protección Civil, ha resultado mucho más complejo de resolver jurídicamente de lo que se imaginaban. La creación de una Guardia Civil con militares al frente, es un distractor retórico que, sin embargo, se va a concretar como una fuerza de 250 mil elementos, divididos en células de mil cada una, encabezada por un militar o un marino, que tendrá a su mando policías federales y estatales, distribuidos en 250 ciudades, entre las que destacan la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como los destinos turísticos en Acapulco, Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta.

Estas células combatirán la delincuencia del fuero común. Lo que tiene que ver con el fuero federal, que implica la lucha contra los cárteles de la droga, no va a ser una prioridad –la violencia, ciertamente, la genera el narcomenudeo, no el narcotráfico, aunque están vinculados–, por lo que el presupuesto de sólo 0.8% del PIB que se dedicará a la seguridad, parece suficiente para el nuevo gobierno. No presupuestar para compras de armamento y pedir la cancelación de equipo ya ordenado, puede hacerle sentido a López Obrador en su idea de austeridad, pero en el combate a criminales es cederles el monopolio de la fuerza. Si su objetivo involuntario es que su gobierno pone los muertos y los criminales le ganan la guerra, está haciendo lo correcto. Si no ha visto que ese será el resultado, tiene que corregirlo.

La estrategia de seguridad del nuevo gobierno es un galimatías. El Presidente electo y su equipo están llenos de contradicciones y de ocurrencias coyunturales. La seguridad, parafraseando a Georges Clemenceau, es demasiada seria para dejárselo a estos políticos, que además están confundidos y sin encontrar la respuesta al reto. Pero la suerte les sonríe. El grupo parlamentario del PAN presentó este martes una iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no es rebuscada ni egoístamente ambiciosa como originalmente la deseaba López Obrador, pero resuelve el embrollo en el que se encuentran.

La iniciativa tiene mucho eco en lo que propuso en un libro este año el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado en México de estar vinculado a los cárteles de la droga y odiado por muchos, pero reconocido por la OEA y el Departamento de Estado, que tienen otro tipo de información sobre él y le encargaron un plan de seguridad pública para América Latina. García Luna no asesoró al PAN, pero las propuestas que tomaron de su libro han probado funcionar para reducir la violencia.

No estaría mal que López Obrador dejara de ocupar a improvisados y hablara con profesionales en el tema –en su equipo hay varios–, para que dejen a un lado la creatividad destructiva y se enfoquen en la seguridad pública. Si no quiere al Cisen en la Secretaría de Gobernación, que tampoco lo meta con calzador en la Secretaría de Seguridad, y lo convierta en un órgano desconcentrado adscrito a la Presidencia, y que Protección Civil se quede donde está. Le quedan seis semanas escasas para tener con algo concreto de corto, mediano y largo plazo, antes de iniciar su administración y que los muertos por la violencia empiecen a contabilizársele y a pesarle.