La solicitud que las organizaciones que representan al comercio formal del centro histórico de Cuernavaca hicieron al Congreso para que se legisle en materia de marchas y protestas en la vía pública generó polémica entre los diputados.
El representante de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, se pronunció a favor de que se entre al análisis de una propuesta legislativa con esos al- cances; pero los coordinadores parlamentarios de Nueva Alianza y Partido del Trabajo, considera- ron que la vía para acabar con la violación de derechos de terceros es otra.
Álvarez Cisneros consideró que el tema “es indispensable” porque señaló que la mayoría de la población no puede ser rehén de la anarquía.
Agregó que se entiende el derecho constitucional de la libre expresión, pero cuando hay afectaciones a terceros, “es inaceptable”, por ello señaló que sí debe regularse a pesar de la rispidez. política que un asunto como este conlleva.
El representante del PT, Edwin Brito Brito, dijo que es un tema complicado por la contraposi- ción de derechos que se dan: hasta dónde uno tiene derecho a la manifestación y hasta donde otro tiene derecho al libre tránsito y a no ser molestado.
“Yo creo que es un derecho que debemos proteger (la libre expresión), pero es un derecho al que debe recurrirse como última instancia ante un problema”, estableció.
Finalmente, el diputado por Nueva Alianza, Francisco Santillán Arredondo, dijo que las marchas vulneran y lastiman los derechos de terceros, pero agregó que éstas son obligadas por la falta de sensibilidad de las autoridades a atender los problemas y reclamos de los ciudadanos.
Consideró que debe encontrarse un mecanismo que impida que los movimientos sociales violenten a terceros, pero descartó la prohibición.