Dicen que hubo excesos y falta de transparencia en su manejo, que les dejaron una institución quebrada y llena de conflictos. Los acusan de muchas cosas, pero no hacen nada. Si la legislatura 54 no actúa pronto contra sus antecesores, se comerá toda la bazofia que le dejaron. Más aún: serán cómplices.
Mes y medio ha transcurrido desde que concluyó la 53 legislatura de Morelos, considerada la peor en la historia reciente del estado. Sus integrantes se fueron en medio de reclamos sociales y acusaciones de corrupción, ninguno ganó en las elecciones pasadas ni está considerado para incorporarse en las administraciones actuales y próximas por iniciar. La historia de ese parlamento estuvo plagada de abusos y de un entreguismo total a Graco Ramírez; el desprestigio en el que cayeron sus integrantes es tan grande que algunos, como Hortencia Figueroa, tuvieron que cambiar de domicilio por el reclamo ciudadano.
El daño que provocó el congreso anterior al estado es enorme y supera el saqueo económico a la institución; el quebranto económico según lo ha dicho el Auditor Superior de Fiscalización Vicente Loredo ronda los mil 200 millones y los responsables directos son quienes presidieron la cámara: Francisco Moreno Merino, Beatriz Viscera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta.
Los treinta diputados de la Legislatura 53 fueron cómplices de Graco Ramírez, ellos modificaron leyes a favor del perredista e hicieron cambios constitucionales para que el tabasqueño pudiese robar la entidad. Esa legislatura superó cualquier abuso pasado y en su infinita ambición entregaron todo, incluyendo su dignidad, a quien manejó el congreso: Rodrigo Gayosso.
Los abusos que cometieron los diputados de la 53 legislatura de Morelos no fueron sólo económicos, la legislatura pasada manejó más de mil 500 millones de pesos en tres años y además de que quebraron al congreso y dejaron cientos de millones de pesos de adeudos, cambiaron leyes a petición de Graco Ramírez y su hijo.
Esos diputados siguieron la línea política marcada por el ejecutivo perredista y se lanzaron contra la universidad de Morelos y su titular; recordemos aquellos penosos momentos protagonizados por los coordinadores parlamentarios en los que el congreso en pleno se lanzaba contra la UAEM y su presidente, el priísta Francisco Moreno Merino preguntaba a Alejandro Vera ¿En dónde estaba el dinero de la universidad?
La Legislatura 53 también fue comparsa del gobernador en sus ataques contra el Obispo de Cuernavaca; Moreno Merino acusó al jefe de la iglesia católica de proteger pederastas, de malversar el dinero de la iglesia y de actuar con fines electorales; las diputadas Hortencia Figueroa y Beatriz Alatriste acompañaron a Graco Ramírez al Episcopado Mexicano y respaldaron su petición de que Ramón Castro Castro fuera removido de su cargo.
Fueron esos diputados bajo la conducción legal y política de Rodrigo Gayosso quienes llevaron a juicio al entonces alcalde capitalino Cuauhtémoc Blanco y violentando su propia ley y procesos legislativos intentaron en repetidas ocasiones removerlo del cargo. Ahí estaban operando para el hijastro del gobernador, entre otros, los diputados Julio Yáñez, Jaime Álvarez, Julio Espín, Francisco Santillán, Francisco Moreno, Javier Estrada, Alberto Martínez, Mario Chávez, Eder Rodríguez, Enrique Laffitte, Silvia Irra, José Manuel Tablas, Carlos Alaniz, Norma Popoca, Beto Mojica, Aristeo Rodríguez y Edwin Brito.
Rodrigo Gayosso fue el verdadero poder de la legislatura; cuando el hijastro de Graco Ramírez tomó las riendas del congreso ya manejaba al poder ejecutivo estatal y tenía una gran influencia en el poder judicial a través de Carmen Cuevas; con las tres instituciones a su servicio Gayosso hizo lo que quiso en la entidad, no hubo límites y los abusos se cometieron sin recato. Con todo ese poder a su alcance las leyes se modificaron y el congreso se convirtió en un instrumento político y plataforma de campaña del PRD y del hijastro; todos sus integrantes de la 53 perdieron la dignidad, aunque ganaron mucho dinero.
Por todos estos antecedentes es imperante que la nueva legislatura actúe, que no deje pasar el tiempo ni permita que la impunidad prevalezca. Ha pasado mes y medio desde que los diputados tomaron posesión del cargo y en este tiempo se han cansado de recapitular los abusos cometidos por sus antecesores, pero nada más. Unos y otros han señalado las irregularidades en la construcción del nuevo edificio, se han quejado de la quiebra técnica en la que les dejaron la institución, de las jubilaciones doradas, de los nombramientos ilegales, de los cambios arbitrarios a la ley y han denunciado las anomalías del proceso de entrega recepción. ¿Y luego?
El tiempo corre y va en contra de la nueva legislatura, sus antecesores están esperanzados en que a la 54 se le irán los días en quejas y desacuerdos y no tendrán manera de actuar jurídicamente en su contra; un as bajo la manga que presumen es el control que tienen sobre Vicente Loredo, a quien dicen, le conocen cosas y será incapaz de actuar en su contra. “No hay manera, se van a quedar en declaraciones” presumen las diputadas ex presidentas.
La nueva legislatura tiene un enorme reto operativo, pero también una gigantesca deuda social. La gente espera de ellos lo mismo que del gobernador, que hagan justicia, que apliquen la ley, que llamen a cuentas a los corruptos, que reviertan las acciones ilegales cometidas por sus antecesores y metan a la cárcel a los ladrones.
Los primeros pasos de este congreso han sido inconsistentes, se les ha ido el tiempo en temas domésticos, en atender diferencias personales y tratar de ponerse de acuerdo; la paciencia de la gente comienza a agotarse y las especulaciones de que estamos frente a un congreso cómplice son cada día mayores. Recordemos que quienes presiden hoy la cámara, la petista Tania Valentina y Jesús Alfonso Sotelo, del PES, cargan sendas acusaciones de tener nexos con la delincuencia organizada y relación directa con grupos criminales.
No hay otra: la Legislatura 54 tiene que actuar legalmente contra sus antecesores, debe hacerlo de inmediato y demostrar que no son cómplices ni repetirán la historia reciente, serán estigmatizados como comparsas. Estos diputados son afines al gobernador Cuauhtémoc Blanco y ello implica una presión extra, pues lo mismo que al jefe del ejecutivo se les exige que cumplan con la promesa de hacer justicia.
Hasta hoy esta cámara de diputados ha demostrado ser bastante limitada en todos los aspectos, les gusta hacer declaraciones espectaculares, pero no pasan a la acción concreta. Estamos frente a un parlamento sin mucha experiencia política, con poca preparación profesional y con nula credibilidad social.
O actúan de inmediato o serán parte de la corrupción.
· posdata
Todos en Morelos saben que los negocios en el sexenio de Graco Ramírez se hicieron a través de su familia; su esposa Elena Cepeda y sus hijos José Domingo Ramírez y Rodrigo Gayosso fueron quienes manejaban los contratos, decidían las obras y ordenaban las adjudicaciones.
Nada se contrataba si la familia no estaba de acuerdo; ellos ponían las empresas y determinaban los montos que se adjudicarían. Fueron ellos los que armaron el esquema de negocio y fue Rodrigo Gayosso quien colocó a sus amigos en puestos clave para manejar el dinero, los contratos y las obras.
La historia no fue secreto para nadie, era tanto el poder de la familia perredista que todo se hacía a la vista de todos. Elena, Rodrigo y José Domingo no tenían pudor para actuar; para qué tenerlo si se sabían omnipotentes y tenían controlados a los tres poderes del estado. Item más: estaban convencidos que iban a ganar la elección y por eso no les preocupaba hacer las cosas con discreción o de manera legal.
Una a una las historias de corrupción se fueron contando a lo largo del sexenio; algunos como Gerardo Becerra presentaron denuncias ante la PGR y otros más lo hicieron ante la Contraloría o los órganos fiscalizadores estatal y federal. De nada servía quejarse porque Graco era todo poderoso en Morelos y gozaba de protección presidencial.
Pero las cosas cambiaron y la suerte de la poderosa familia perredista se acabó; Rodrigo Gayosso perdió la elección con el único candidato que prometió meterlo a la cárcel y entonces comenzó la tragedia para la nueva visión. Hoy se saben perseguidos, han salido del país y antes de irse advirtieron a sus cómplices que ellos no habían firmado nada, que nada les podrían probar y que en todo caso el problema legal sería para quienes fueron funcionarios. Andrik Ruíz de Chávez y Sergio Beltrán Toto están en la mira del nuevo gobierno y a punto de ser denunciados.
El hilo se rompe siempre por lo más delgado y esa puede ser la clave para que Graco y su familia sean llamados a cuentas. El reto de la administración de Cuauhtémoc Blanco es pasar de la denuncia verbal a la presentación de pruebas; de ello depende que los ladrones vayan a la cárcel, pero también que el discurso de este gobierno se valide. Sin acción penal contra los corruptos y cárcel para Graco, el futuro de esta administración estará en riesgo.
Al final de su sexenio, sabiéndose derrotado en lo electoral, Graco hizo todo lo que pudo para tratar de salvarse: se negaron a entregar la información correspondiente al proceso de transición y en lugar de ello lo que hicieron fue destruir expedientes para que a los nuevos funcionarios les costara trabajo entender lo que paso y pudieran actuar en consecuencia. De manera paralela la familia puso tierra de por medio: Graco y la gorda se fueron a España y unos días más tarde Gayosso se mudó a San Diego en Estados Unidos.
Unos y otros han comenzado a analizar su defensa jurídica y a vislumbrar escenarios posibles, algunos incluso ya contrataron un despacho de abogados y están preparando su defensa legal. Saben que vienen tiempos muy complicados, que la persecución legal será también política y que mientras se mantenga vivo el reclamo social a través de los medios de comunicación la batalla no terminará.
La clave de la historia está en la manera como la nueva administración atienda el tema; no basta acusar y prometer, tienen que actuar y para ello es necesario documentar y armar expedientes. Los primeros pasos, lo tienen muy claros en el equipo de gobierno, se tienen que dar contra quienes operaban las cosas, contra los que recibieron los contratos y saben cómo se hacían los negocios.
Hay obras que no existen, otras que quedaron inconclusas, muchas que no cumplen con los requisitos establecidos y carecen de calidad y todas se hicieron con sobreprecio. Ahí está la clave: el gobierno tiene que revisar, auditar y de inmediato proceder contra las empresas y contra los funcionarios, al hacerlo la línea subirá y alcanzará a los que no firmaban, pero eran los verdaderos operadores del negocio.
Lo mismo se puede y debe hacer en el área de salud, Turismo, Cultura, Agua y Medio Ambiente; los negocios fueron abusivos y los procesos se hicieron de manera burda, por ello es posible documentar y actuar.
Si Cuauhtémoc Blanco actúa será porque no quiso hacerlo.
· nota
Está en marcha la renovación de la dirigencia del PAN en Morelos. Se enfrentan los malos contra los peores.
Los panistas saben cuál es cuál.
· post it
Dejar de actuar contra los corruptos sería un error fatal para las nuevas autoridades; la gente los consideraría cómplices y les pasaría la factura en las próximas elecciones.
Peor: si no hay una actuación legal contra los ladrones, en poco tiempo los pillos (empezando por Graco, Gayosso, Irra y La Tencha) saldrán a decir: ¡Ya ven que somos inocentes y aquellos mentirosos!
Proceder contra sus antecesores es electoralmente hablando, de vida o muerte para el gobernador y los diputados.
· redes sociales
Semana clave para la UAEM. Si las cosas salen como las autoridades estatales esperan, en unos días llegará el dinero y se levantará la huelga. Los líderes sindicales de Graco, por cierto, no han hecho más que estorbar.
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