La 53 y la 54 ¿Justicia o complicidad?
Los presidentes de la cámara de diputados de Morelos presentaron ayer una denuncia contra sus antecesores por diversos delitos. La demanda se hace 46 días después de que inició su gestión y en medio de una crítica generalizada por presunta complicidad entre los diputados actuales y los que se fueron. La acción legal puede ser un acto de justicia, si el documento está bien sustentado; o un acto de complicidad para protegerlos de futuras acciones legales.
Más de mes y medio ha pasado desde que inició la nueva legislatura de Morelos y a pesar de las innumerables acusaciones que los actuales diputados han hecho contra sus antecesores todavía no han podido probar ninguna imputación. El parlamento anterior se movió entre señalamientos públicos y enfrentamientos sociales, de principio a fin estuvieron en medio de la polémica y al final todos concluyeron su gestión acusados de corrupción y entreguismo a Graco Ramírez. A pesar de ello la posibilidad de que sus faltas queden impunes aumenta cada día; si el congreso no prueba sus acusaciones, quedará exhibido por complicidad o por incompetencia.
Ayer por la mañana el presidente de la mesa directiva de la 54 legislatura local Alfonso de Jesús Sotelo presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Morelos contra sus antecesores por las irregularidades que han encontrado en el manejo del congreso; la acusación fue hecha en lo general contra los 30 integrantes de la pasada legislatura, pero de manera particular en los casos de Francisco Moreno Merino, Beatriz Viscera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta.
Las anomalías financieras y abusos de poder cometidos por los diputados anteriores son del conocimiento público, lo mismo que su manera de actuar al margen de la ley. A pesar de ello, de que sus excesos fueron secreto a voces, para sustentar una denuncia penal se requiere de pruebas y elementos que soporten legalmente los cargos, en caso contrario lo único que lograrían sería blindar a los acusados y dejar en ridículo al demandante ¿La denuncia presentada fue acompañada de pruebas contundentes?
Entendamos algo: probar una acusación de corrupción no es fácil a pesar de que en este caso las evidencias de los abusos son notorias. Cuentan los mismos ex diputados que antes de dejar el cargo las diputadas Hortencia Figueroa y Beatriz Alatriste acordaron desaparecer todos los documentos relacionados con el manejo financiero, alegando que los papeles “se perdieron con el sismo”. Además, es lógico, los acusados se defenderán y si la denuncia presentada contra ellos no está bien hecha, la echarán abajo y quedarán blindados de futuras acusaciones.
El reto de la 54 Legislatura no es denunciar a sus antecesores, sino comprobar sus abusos y proceder contra los corruptos; presentar una denuncia sin sustento para dar un golpe mediático no sirve de nada y por el contrario, podría entenderse como una manera de proteger a la legislatura anterior. Más claro: si la denuncia es jurídicamente frágil, los diputados podrían estar actuando en complicidad con sus antecesores dándoles una salida jurídica para limpiar sus malos pasos y su nombre. ¿Está seguro Alfonso Sotelo que su demanda es sólida?
Hay muchos aspectos por los cuales la cámara de diputados podría actuar: el Auditor Superior de Fiscalización Vicente Loredo ha declarado públicamente que los integrantes del congreso anterior no comprobaron 1,200 millones de pesos, lo cual es una evidente irregularidad con implicaciones legales; y aunque al cierre de su último periodo legislativo los diputados anunciaron que se habían auditado y aprobado sus cuentas públicas de tres años, por un aparente descuido no lo hicieron, lo que permite a sus sucesores revisar y sancionar sus finanzas.
Paralelamente está el manejo discrecional que hubo en el Fondo de Fortalecimiento Municipal creado en el año 2015 y en donde se movieron alrededor de 100 millones de pesos anuales producto del descuento del 2 por ciento de las participaciones a los municipios. La operación y destino de esos recursos nunca fue transparente, el organismo fue manejado por Jesús Rencillas Román como presidente, Ana Cristina Guevara Ramírez (actual diputada de Movimiento Ciudadano), Josue Espíndola Díaz, José Enrique Pérez Rodríguez, Marco Antonio Díaz Guerrero y Fernando Casillas Méndez como consejeros; a la fecha nadie sabe cuál fue el destino de ese dinero, qué obras se llevaron a cabo y de qué manera se justificó la salida de los recursos. Una pregunta más ¿Fue legal quitarle a los municipios parte de sus participaciones para que el congreso hiciera obra municipal?
También queda pendiente que se aclaren y comprueben legalmente las transferencias hechas de la cuenta del Congreso a las cuentas personales de varios diputados; fueron depósitos millonarios que se justificaron por “un acuerdo de conferencia”, pero que podrían considerarse un desvío de recursos públicos, una evasión fiscal, lavado de dinero y al hacerla en acuerdo con varias personas, tipificarse como delincuencia organizada.
Hay varios aspectos por los cuales la 54 legislatura de Morelos podría proceder contra de sus antecesores, aún sin tener físicamente los documentos que las diputadas Figueroa y Alatriste sustrajeron; hay muchos puntos a partir de los cuales actuar, es cuestión de que los diputados quieran. La demanda presentada ayer por Alfonso Sotelo, por cierto, no incluye ninguno de los puntos anteriores, fue sólo por la venta de los autos del congreso.
En poco tiempo sabremos si la denuncia que presentó ayer el presidente de la cámara es sólida y representa una verdadera acción en contra de la corrupción y los malos manejos de los diputados anteriores o se trata de una cortina de humo y un acto de complicidad para cubrir las tropelías pasadas. Hoy el congreso tiene de su lado al Fiscal General y al Auditor, al Gobernador y también a la opinión pública para que actúen; no hay motivos para que no hagan justicia.
Existen muchos elementos para actuar en contra los diputados de la 53 legislatura de Morelos, si la denuncia no procede y se cae por falta de elementos, estaremos frente a un acto de simulación y complicidad.
Si eso ocurre, nada habrá de distinto entre los integrantes del anterior y el actual Congreso de Morelos.
· posdata
Las historias de corrupción en el sexenio pasado se cuentan por decenas; los abusos cometidos en contra de las instituciones ocurrieron en los tres poderes del estado y los tres niveles de gobierno. En el caso de Morelos las faltas fueron públicas, se denunciaron desde diferentes lados y nunca prosperaron porque fue un sexenio de corrupción y complicidad.
Al respecto hace unos días el portal de la revista Proceso publicó la siguiente nota firmada por Jaime Luis Brito:
“Hijastro de Graco Ramírez, clave en la asignación directa de obra pública que debió licitarse”
El corporativo Veltormart de César Mendoza Tajonar, amigo personal de Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro del ex gobernador de Morelos Graco Ramírez, fue una de las empresas más beneficiadas por asignación de obras públicas que debieron licitarse.
De ser una pequeña empresa creada en 2008 este corporativo pasó de la construcción de un pequeño camino en el municipio de Ocuituco en los Altos de Morelos, por siete millones de pesos, a construir un libramiento en Cuautla por 16 millones de pesos en 2014, a la asignación de una obra por 98 millones pesos, en este caso el Auditorio Teopanzolco, en Cuernavaca...
Dicha obra, compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, fue asignada por el gobierno estatal a Veltormar de forma directa por encima de la intención de ICA (Ingenieros Civiles Asociados), quienes participaron en el concurso de licitación; se asignó directamente a la empresa de Mendoza Tajonar pese a que la cotización era 11 millones de pesos más cara.
Fidel Giménez Valdez, secretario de Obras Públicas en Morelos, informó que se ha detectado que la pasada administración de Graco Ramírez asignó de forma directa obras públicas que debieron licitarse; además, muchas de estas obras están reportadas como totalmente terminadas cuando apenas alcanzan el 70% de su construcción...
Durante las últimas revisiones se detectó que un elevado porcentaje de obras públicas fueron asignadas de manera directa o bien por invitación restringida, lo que significa una excepción a la ley que señala que las obras deben ser licitadas; pero desde el año 2012 cuando inició el sexenio de Graco Ramírez hasta los primeros meses de 2018, la regla se invirtió y se dieron contratos millonarios de forma directa.
“Las dos terceras partes del presupuesto de obras fueron otorgados mediante el mecanismo de asignación o adjudicación directa o de forma focalizada, restringida”. Pero además, se detectó que hay obras reportadas como terminadas y la realidad es que aún se siguen construyendo o por lo menos se adeuda el pago. Por ejemplo, la comandancia de la Policía Estatal en el municipio de Huitzilac, al norte de Cuernavaca, apenas se encuentra al 70%.
Veltormart, caso “emblemático”
“El accionista mayoritario (Mendoza Tajonar) de esa empresa (Veltormart) pertenece al círculo de amigos de Rodrigo Gayosso Cepeda, de otra manera no se entiende cómo obtuvo del gobierno de Graco Ramírez asignaciones directas en obras públicas por cerca de 800 millones de pesos”, asegura Gerardo Becerra, miembro de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos.
En las investigaciones que realiza la nueva Secretaría de Obras Públicas han saltado nombres como el de Mendoza Tajonar, entre otros miembros de la red de amigos que Rodrigo Gayosso Cepeda tejió desde que fue secretario municipal en Cuernavaca en la administración de Manuel Martínez Garrigós (2009-2012). Sin embargo, será hasta que se presenten las denuncias, cuando se pueda conocer a detalle el nombre de las demás empresas.
Gayosso Cepeda se encargó de montar una red de amigos que fueron beneficiados por los negocios de la familia en el poder...
· nota
Cuando la semana pasado en Ciudad del Carmen Andrés Manuel López Obrador declaró que no encarcelaría políticos porque no necesitaba de ese tipo de actos para legitimarse, muchos ex funcionarios morelenses suspiraron aliviados, empezando por el gobernador Graco Ramírez y su familia. “Es más importante hacer la transformación de México que meter a la cárcel a políticos” dijo el presidente electo de México al reiterar que su línea sería el perdón y la amnistía.
Pero un par de días después la futura secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero amplió la declaración de su jefe al afirmar que la lista de las personas que podrían recibir la amnistía no incluye a quienes dañaron el erario público, como en el caso de algunos ex gobernadores. “En esos casos no se puede hablar de amnistía porque hay un agravio al erario”.
La puntualización de la futura encargada de la política interna del país es interesante y corrige lo que muchos consideramos una terrible declaración de AMLO; el perdón no debe ser absoluto ni contra todos los pillos, la reconciliación es con los ciudadanos que han padecido la inseguridad, la violencia y los abusos de la gente del poder, no con quienes han lastimado a México.
En el caso de Morelos perdonar a Graco y su banda de ladrones representaría un enorme costo político y electoral para las nuevas autoridades.
Perdón a los políticos ladrones significa complicidad con la corrupción. No puede haber transformación sin justicia.
· post it
La extorsión a pequeños comercios y empresas en Morelos va a la alza, igual que los asaltos a cuentahabientes. En la capital son varios los casos de ciudadanos que son extorsionados y algunos han sido asesinados por negarse a pagar derecho de piso.
Los robos a personas que retiran dinero del banco también es un problema latente: estos asaltos suceden varias veces a la semana y en diferentes instituciones bancarias, los ladrones saben perfectamente quien retiró dinero, lo siguen, lo golpean y le quitan el efectivo. ¿No ha pensado la policía en investigar al personal de los bancos?
Ya se fue Alberto Capella y en su lugar está un almirante que, esperamos, no caiga en los mismos vicios de su antecesor. Si no pueden con la delincuencia común, es imposible que acaben con los grupos criminales organizados.
· redes sociales
La diputada Juanita Guerra dice que se solidariza con la UAEM y exige que el gobierno federal les de dinero.
¿Y si en lugar de declarar hiciera algo para que la federación acelere el rescate?
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