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Presentan denuncia contra “quien resulte responsable” por desviar recursos del Congreso

 

 
 
Los diputados Marcos Zapotitla, Tania Valentina Rodríguez, Rosalina Mazari, Alfonso Sotelo y Dalila Morales acudieron a la Fiscalía del Estado a presentar la denuncia. Fotógraf@: SILVIA LOZANO
 
Enumeran excesos y delitos de los diputados de la anterior legislatura.

Los integrantes de la LIV Legislatura promovieron la primera denuncia penal en contra de sus antecesores, por diversos delitos cometidos en el uso de recursos del Congreso del estado durante los últimos tres años.

La mañana de ayer, los legisladores acudieron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y presentaron la denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que en el proceso iniciado se señala a los integrantes de la LIII Legislatura por la presunta comisión de diversos delitos, como el haberse autovendido 32 vehículos último modelo por un monto total de 850 mil pesos.

También presentaron pruebas de que los exdiputados se gastaron de manera ilegal los recursos obtenidos de las aportaciones que realizan los trabajadores ante el Instituto de Crédito, del dinero que retuvieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y para el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de un seguro de vida. La cantidad que presuntamente se desvió fue de 34 millones de pesos.

Los exdiputados fueron acusados de haber expedido cheques a su favor por más de ocho millones de pesos al final de la LIII Legislatura.

El presidente de la Mesa Directiva refirió que la denuncia es la primera de otros procesos penales que podrían promover debido a las irregularidades que han detectado en el proceso de entrega-recepción, como el robo de documentos del sistema contable que sirve para cotejar las cuentas públicas.

Sotelo Martínez dijo que pese a todas las irregularidades antes citadas, los exdiputados se aprobaron las cuentas públicas sin haberlas informado ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). De esta ilegalidad también fue informada la Fiscalía General del Estado.

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