Diputados
Nada ha cambiado en el congreso de Morelos, salvo el nombre y número de sus integrantes. La impunidad continúa y la simulación se ha vuelto el sello de la casa. La confianza en este nuevo parlamento se pierde aceleradamente como consecuencia de su pasividad y su falta de actuación hacia sus antecesores. ¿Estaremos frente a una legislatura peor que la anterior?
El nuevo parlamento entró con muchas ganas de cambiar las cosas, con un discurso explosivo que habla de terminar con la impunidad, castigar la corrupción e implementar el modelo de austeridad que promueve Andrés Manuel López Obrador. Seis semanas después nada ha cambiado, la arenga contra sus antecesores continúa, pero sin contenido ni acciones contundentes; el combate a la corrupción es sólo de palabra y de la austeridad no se acuerdan. Pareciera que entre los diputados actuales y los anteriores existe una especie de pacto para que nada suceda y los pecados se perdonen. Entre la legislatura pasada y la actual no hay diferencia.
Después de las campañas los ojos ciudadanos voltearon al congreso local, los abusos cometidos por la legislatura 53 fueron hasta el último día de su gestión y generaron una molestia generalizada, casi tan grande como la que provocó Graco Ramírez y su familia. La gente sabe que el parlamento fue cómplice del ex gobernador perredista y que los diputados fueron empleados y socios de Rodrigo Gayosso. Las jubilaciones doradas fueron la cereza de un pastel de corrupción y abusos que la ciudadanía exige castigar.
Pero a pesar de que las irregularidades fueron públicas y las evidencias están a la vista, los diputados no hacen nada para castigar los actos fuera de le ley. A los legisladores les gusta elevar la voz en la tribuna, dar declaraciones tronantes y no dejan de hablar de la lucha contra la corrupción y la nueva actitud de austeridad, pero todo se queda en discurso.
Hace unos días el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados Alfonso de Jesús Sotelo anunció que presentarían una denuncia penal en la Fiscalía del estado en contra de los 30 integrantes de la pasada legislatura; se actuaría de manera contundente y habría sanciones, dijo el ex alcalde de Jojutla a quien un testigo protegido de la PGR señaló como cómplice del grupo delictivo conocido como Los Rojos.
Unas horas después de que se presentó la demanda en la FGE se conoció el contenido de la misma la esperanza de que habría justicia se derrumbó, porque la querella que armó el diputado Sotelo y su equipo de abogados estaba mal hecha y no abordaba ningún tema fuerte; para el presidente de la mesa directiva lo más grave que hicieron sus antecesores fue vender a menor precio algunos autos propiedad del congreso.
Derivado de la tibieza de la demanda un grupo de diputados encabezados por José Casas presentaron de inmediato un punto de acuerdo que ordenaban de manera inmediata “acciones legales por responsabilidades administrativas y penales” contra los diputados Francisco Moreno, Beatriz Alatriste, Hortencia Figueroa, Julio Espín y Silvia Irra. Todos ellos, según el documento firmado por los diputados, cometieron desvío de recursos públicos, omisiones y actos constitutivos de delito en el ejercicio de sus funciones.
Esta segunda acción corrige la plana al presidente de la mesa directiva e intenta demostrar que no hay complicidad entre los diputados actuales y los anteriores. Dentro del congreso existe molestia por la postura asumida por Alfonso Sotelo, sobre todo porque para muchos la demanda presentada es una burla y un engaño; las acciones que respaldan el punto de acuerdo presentado este miércoles por Pepe Casas, por el contrario, son sólidas y dan pie a acciones legales. Quizá por ello Alfonso Sotelo intentó posponer la presentación del punto de acuerdo.
El problema que se vive dentro de la legislatura es cada día más grave, los desencuentros entre los integrantes del parlamento son constantes, la división es evidente y las limitaciones (o complicidades) de algunos diputados salta a la vista. La demanda presentada en la FGE es notoriamente un acto de complicidad para proteger a los diputados anteriores y eso afecta no sólo al congreso, también pega políticamente a la administración de Cuauhtémoc Blanco.
Si verdaderamente la cámara de diputados quiere poner un ejemplo de combate a la corrupción tiene que proceder como se plantea en el punto de acuerdo presentado este miércoles; el documento expone y documenta la manera como los diputados Moreno, Alatriste, Figueroa, Espín e Irra permitieron y aceptaron el desvío de recursos económicos obtenidos de las cuotas y aportaciones de los trabajadores del congreso del estado que debieron ser entregados al Instituto de Crédito.
Este ilícito es muy grave, está documentalmente comprobado y sus implicaciones son de carácter administrativo y penal; para tener una idea de lo que representa haber retenido y dejado de aportar las cuotas de los trabajadores al ICTSGEM recordemos que por ese mismo hecho Graco Ramírez metió a la cárcel al ex secretario de hacienda de Marco Adame Castillo, Alfredo Jaime de la Torre.
Hay muchos elementos comprobables a partir de los cuales la actual legislatura podría proceder contra sus antecesores, como el desvío de recursos al Instituto de Crédito; pero están también las transferencias millonarias hechas desde la cuenta del Congreso a las cuentas personales de varios diputados, el manejo del Fondo de Desarrollo y Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y las cuentas públicas no aprobadas de la cámara de diputados.
Por eso extraña (y molesta) que el presidente de la mesa directiva Alfonso Sotelo promoviera una demanda por la venta a menor precio de algunos autos del congreso y no por los fraudes multimillonarios cometidos en contra del erario. Es como si las demandas contra Graco Ramírez se hicieran por su mal gusto personal y no por sus múltiples actos de corrupción.
A seis semanas de que inició la legislatura 54 no se ve ningún cambio ni diferencia con la anterior. La complicidad sigue, la impunidad prevalece y la corrupción observa en la falta de acciones.
Ni siquiera la austeridad republicana que pregonan se ve por ningún lado.
· posdata
El conflicto universitario no ha podido resolverse aún, porque en reiteradas ocasiones la federación ha cancelado las reuniones para atender el tema; la última fue el miércoles pasado.
El problema es mayúsculo y la solución no se ve por ningún lado porque para que la huelga concluya se requieren al menos 408 millones de pesos que por el momento nadie está dispuesto a aportar.
La tensión en la comunidad universitaria va en aumento conforme pasan las semanas, van 29 días desde que estalló la huelga y si el conflicto no se resuelve pronto el semestre de más de 43 alumnos se habrá perdido.
Sindicatos y alumnos han sido pacientes hasta ahora, entienden que el fondo de este problema es económico y que la solución no está en manos de las autoridades locales; los sindicatos aguantaron lo más posible el estallamiento de la huelga y acompañan al rector en todas las mesas de negociación; Gustavo Urquiza y los representantes sindicales tienen claro que la solución al problema no está en Morelos, pues las finanzas locales están quebradas, por ello la insistencia de todos de que sea la federación la que rescate a la UAEM.
Pero aunque hasta ahora los trabajadores y los alumnos han mostrado madurez, la paciencia se terminará muy pronto; aunque todos están conscientes que la crisis es heredada y que insolvencia universitaria es producto de diferentes factores, cuando se pierda el semestre y la crisis económica agobie a las familias la ruptura será inevitable.
No hay otro camino para lograr el rescate financiero universitario que no sea la federación; esa es la única manera de obtener el dinero que requiere la UAEM y aunque eventualmente los alumnos y trabajadores radicalicen su postura en el estado, el dinero tendrá que llegar de fuera.
Falta muy poco para que la huelga universitaria se transforme en una crisis de estado.
· nota
La que viene será una semana intensa para los ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez. Será en ese momento, cuentan, cuando la administración que encabeza Cuauhtémoc Blanco presentará denuncias penales, estatales y federales, así como procesos administrativos contra varios personajes que conformaron el equipo del perredista.
La cosa va en serio, dicen, la promesa de actuar contra la corrupción se va a cumplir y ya se tienen los elementos para sancionar a quienes violentaron la ley, abusaron del poder y malversaron recursos. A pesar de que el régimen anterior intentó esconder la información, hoy se ha podido comprobar el mal uso de los recursos y las actuaciones fuera del marco jurídico. La gente quiere justicia, dice el secretario de la oficina de la gubernatura José Manuel Sanz.
Nadie ha querido proporcionar aún los nombres de quienes serán acusados, pero se puede anticipar quienes serán. El grupo con el que operaron Graco Ramírez y Rodrigo Gayosso fue cerrado y las huellas que dejaron permitieron armar expedientes que sin lugar a dudas concluirán con sanciones.
Ese es el primer paso obligado para ir tras Graco y su familia; Rodrigo Gayosso pregona a los cuatro vientos que es intocable porque nunca firmó ningún documento ni tampoco ocupó ningún cargo en la administración de su padrastro, pero olvida que sus amigos fueron quienes operaron los negocios en su nombre, que ellos recibieron indicaciones directas de su parte, que ellos sí firmaron los documentos, que ellos sí incurren en responsabilidad y que ellos sí pueden ir a la cárcel.
Ahí la historia puede cambiar, pues los inculpados tendrán que decidir si asumen toda la culpa y pagan los platos rotos, dividen la responsabilidad o negocian.
Hay que estar atentos a lo que se de conocer la próxima semana sobre este tema, la denuncia que haga el gobierno estatal contra funcionarios de la administración anterior no será (esperamos) una demanda de chocolate como la que presentó la legislatura estatal contra sus antecesores.
· post it
El secretario de obras del gobierno estatal informa que en breve se retirarán las divisiones que hay en el Paso Exprés Cuernavaca; la negociación con el gobierno federal está hecha, la petición fue aceptada y los documentos para oficializar el acuerdo ya fueron entregados a las instancias correspondientes, lo que falta es que las autoridades de SCT y Capufe inicien el retiro de los muros de contención.
Retirar las vallas intermedias es una medida de sentido común, desde que se construyó esa obra la gente pidió que no hubiera carriles confinados porque sólo provocaban accidentes; la SCT y Capufe se negaron sistemáticamente a ello, lo mismo que a abrir accesos a la ciudad para que el Paso Exprés ayudara a la circulación local y no fuera sólo un puente para que los vacacionistas saltaran Cuernavaca.
Lo que viene, confirma Fidel Giménez, es la anulación de los carriles confinados y la construcción de más accesos a la ciudad. Esto que parece simple y requerirá una inversión menor, puede aliviar mucho la congestión vehicular que cotidianamente se padece en la capital.
Buen punto para el nuevo gobierno. Buena actuación del secretario.
· redes sociales
Si no hay combate a la corrupción, ni alto a la impunidad, ni se revierten los daños causados por los diputados anteriores, ni existe austeridad... ¿En qué son diferentes la legislatura pasada y la actual?
· es viernes
Lo decía Marco Aurelio en sus meditaciones: “No obres como quien ha de vivir diez mil años. Lo irreparable está ya suspendido encima de ti. Mientras vivas, mientras es aún posible, se hombre de bien”
Ya saben: Hoy Toca.
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