Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dice que si en la consulta ciudadana resulta Texcoco el sitio donde quede el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, varias cosas cambiarán. Se van a revisar adjudicaciones, contratos, subcontrataciones y cómo se fueron adquiriendo y vendiendo los terrenos en la zona donde se realiza la obra. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo fue laxo, sino tolerante con irregularidades que se fueron dando en el proceso de construcción y tienen que ser corregidas. No las hará jamás de manera transparente el gobierno que dejará de serlo en un mes y medio, pero sí lo debe hacer el entrante.

La obra en Texcoco está a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, una empresa de participación estatal mayoritaria, que publica en red toda la documentación sobre licitaciones, adjudicaciones, opiniones de los testigos sociales y los diversos mecanismos de transparencia. Hasta el 7 de septiembre pasado, según un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre los trabajos aeroportuarios, las adjudicaciones directas representaron el 0.5% del importe total, mientras que las licitaciones públicas correspondían al 88%. Un total de 292 empresas –90% aproximadamente son mexicanas– participan en los 274 contratos de la obra. Sin embargo, esto no significa que sean plenamente transparentes.

No necesariamente se encontrarían irregularidades en las licitaciones y sus adjudicaciones, sino en algo subjetivo que entra en un terreno de opacidad, como es el conflicto de interés. Según funcionarios federales, hay dos personajes cercanos al presidente Peña Nieto que han participado activamente en el proyecto sin dar la cara, sino detrás de dos de las empresas que han ganado licitaciones. Uno es el expresidente Carlos Salinas y el otro es el empresario Juan Armando Hinojosa, que fue el operador inmobiliario en la adquisición de la casa blanca del presidente Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.

La participación de ellos no significa automáticamente un acto ilegal, pero su involucramiento tendría que ser revisado para determinar si su acceso al Presidente influyó para que se les asignaran parte de las obras. No es un elemento fácil para determinar si hubo irregularidades o un delito, pero sí sería importante que una revisión de sus contratos arroje luz para tener certidumbre que pudieron haber sido únicamente gestores, o incluso coinversionistas, pero sin preferencias en el proceso de las licitaciones. Otro caso similar es la barda perimetral de 70 kilómetros que protege la zona del nuevo aeropuerto, cuya construcción fue entregada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Otra fuente señaló que existen indicios de que la obra fue subcontratada al yerno de un importante general en activo.

La anatomía de los contratos está en la mira del próximo gobierno, pero el énfasis probablemente debería estar en los servicios no aeroportuarios y los bienes raíces. Los servicios no aeroportuarios involucran a todos los locales que renten las aerolíneas, las empresas que requieran de oficinas y bodegas, los restaurantes, hoteles, arrendadoras y establecimientos comerciales. En el caso de estos últimos, desde hace más de un año están asignados, e intentos de autoridades estatales para rentar espacio y promover a sus entidades, han sido inútiles. El análisis de quiénes se quedaron con esos espacios y cómo se asignaron, podría arrojar indicios que permita saber si hubo información confidencial que fue entregada para el beneficio de individuos o grupos empresariales, y sus nexos con funcionarios del gobierno federal.

En el caso de los bienes raíces, la adquisición de terrenos se ha venido haciendo desde hace casi 20 años, cuando estuvo en el horizonte la construcción de un nuevo aeropuerto. Funcionarios federales consultados sobre la adquisición de terrenos por parte de miembros de los últimos tres gobiernos, no negaron que esto no haya sucedido, pero desestimaron que formara parte de un círculo de corrupción o donde se vieran involucrados en conflictos de interés. En todo caso, la plusvalía de los terrenos en las zonas colindantes con el nuevo aeropuerto, ha hecho que se estén ofreciendo departamentos a precios accesibles, con la zanahoria de que una vez terminada la obra, el valor de sus propiedades se va a multiplicar.

El trabajo que tiene enfrente el próximo gobierno, en caso de que sea Texcoco el sitio donde finalmente se termine el nuevo aeropuerto, no va a ser sencillo, por la complejidad para encontrar irregularidades y porque los intereses económicos se cruzan. Desde octubre de 2015, el entonces senador Alejandro Encinas planteó en un informe de 127 páginas las posibilidades de corrupción inmobiliaria, detallando el modus operandi del grupo mexiquense cercano a Peña Nieto. No hubo acusaciones directas sobre la construcción del nuevo aeropuerto, pero mostró el camino en donde van a buscar.

Si se llega a fondo, muchas otras cosas van a saltar, porque los intereses empresariales no corren sobre una sola pista, ni benefician sólo a una parte interesada. Por ejemplo, si no fuera Texcoco, se tendrían que revisar los intereses empresariales del constructor José María Riobóo y del futuro secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, en la Base Militar de Santa Lucía, que tanto promueven, o analizar el porqué se incorporó la modernización del aeropuerto de Toluca en el último momento, que beneficia a OHL, que es utilizada por la oposición de Peña Nieto como símbolo de la corrupción en infraestructura, y al empresario Alfredo Miguel, muy cercano al Presidente y también a varios miembros del entorno cercano del Presidente electo.

Intereses económicos hay por doquier. Visto fríamente, ese no es el fondo del problema. Es si en las obras hubo preferencias y favoritismos, irregularidades o ilegalidades. Eso, en Texcoco o en cualquier otro sitio donde quede el nuevo aeropuerto, no se puede permitir.