Cuernavaca, Mor., Abogados y catedráticos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) presentaron ante el Congreso local una solicitud de juicio político contra el ex gobernador Graco Ramírez por retener de manera irregular, entre julio y agosto de 2017, 100 millones de pesos de participaciones estatales y federales que correspondían a esa casa de estudios.
El abogado Enrique Paredes Sotelo explicó que interpusieron un amparo para obligar al ex mandatario perredista a entregar los fondos, pero ello no impidió la crisis financiera que hoy sufre la UAEM y el estallamiento de la huelga, que este 19 de octubre cumple un mes.
‘‘En julio y agosto de 2017 el gobierno del estado retuvo participaciones a la UAEM con el pretexto de que el entonces rector, Alejandro Vera Jiménez, tenía una denuncia en su contra y el gobierno del estado suponía que se haría mal uso de los recursos.
‘‘Esa acción vulneró a más de 40 mil estudiantes y 6 mil trabajadores de la UAEM, pues violentó los derechos a la educación y al trabajo, que se estipulan en los artículos 3 y 5 de la Constitución Política federal’’, expresó el litigante.
Confió en que la nueva legislatura atienda su demanda y recordó que la Ley Estatal de Responsabilidades de Servidores Públicos estipula que el término de prescripción en este caso es de un año.
Paredes Sotelo explicó que las dos causales que invocaron para la solicitud de juicio político contra Graco Ramírez son afectación grave a una institución pública educativa y la violación de derechos humanos consagrados en la Constitución.
Señala dolo del perredista
Abundó que entre las pruebas que entregaron al diputado local José Casas destacan el corte de caja de la UAEM, los informes financieros de esos dos meses e informes de auditoría y de la Secretaría de Gobierno del estado.
Señaló que la retención indebida por 100 millones de pesos fue ‘‘una acción dolosa’’, pues Ramírez ordenó que no se hicieran esas transferencias a la UAEM, lo cual tuvo un ‘‘efecto dominó’’ que arrastra la institución educativa.
Dijo que si el Congreso local encuentra culpable al ex mandatario perredista, el procedimiento será enviar el resolutivo al Tribunal Superior de Justicia para que determine una sanción, que puede ser su inhabilitación o que la fiscalía anticorrupción resuelva si cometió un ilícito.