Las iniciativas de diputados y senadores de Morena para rotar a jueces y magistrados, además de regular la contratación de parientes consanguíneos, junto con la reciente aprobación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en la Cámara de Diputados, son parte de una campaña “de ataques sistemáticos” contra la independencia del Poder Judicial de la Federación que buscan afectar desde las remuneraciones de sus servidores hasta la administración de su régimen interno y su imagen pública al acusar a los funcionarios judiciales de “corruptos”, según denuncia formal interpuesta por un grupo de jueces y magistrados de circuito federales, que piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la autonomía del Poder Judicial.

“Con profunda preocupación en fechas recientes, hemos advertido reiterados ataques políticos y mediáticos en contra del Poder Judicial de la Federación, los cuales consideramos tienden a vulnerar la independencia de la función judicial federal; razón por la cual presentamos formal denuncia y solicitamos que ese Órgano Colegiado realice las investigaciones necesarias y, en su momento, formule las recomendaciones que estime pertinentes al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dicen 23 Jueces y 43 Magistrados de Circuito que integran el Sexto Circuito y del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en el estado de Puebla, en su denuncia interpuesta ante la Comisión Conjunta para Garantizar y Fortalecer la Autonomía e Independencia del Poder Judicial de la Federación.

Los titulares de juzgados y tribunales piden a la citada Comisión iniciar una investigación sobre estos ataques —de los que culpan lo mismo a políticos que a medios de comunicación— y que con el resultado de sus averiguaciones le soliciten a los ministros de la Corte y a los consejeros de la Judicatura que emitan recomendaciones y acciones para defender y garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial y sus integrantes.

“Es un hecho notorio que en las últimas semanas, el Poder Judicial ha sido objeto de un ataque sistemático en relación con aspectos vinculados a la remuneración de sus servidores públicos y a la administración de su régimen interno. Actores políticos han expresado públicamente (en tribuna de la Cámara de Senadores), que este Poder requiere de una ‘sacudida’; a lo que se ha ido sumando una variedad considerable de artículos y documentos, que de distintas formas desprestigian la imagen del Poder Judicial de la Federación y de sus servidores, tachando de corruptos a jueces, magistrados y ministros”, sostiene el texto de la denuncia presentada el 17 de octubre, fechada en San Andrés Cholula, Puebla, y de la cual esta columna tiene una copia.

Los medios también atacan al Poder Judicial. Al enumerar los “ataques”, los jueces y magistrados incluyen en su denuncia, como prueba de los “ataques sistemáticos”, las ligas digitales de varios periódicos y publicaciones en internet de noticias, articulistas y columnistas que han abordado el tema del Poder Judicial, tanto para informar de las iniciativas de Morena en el Congreso, como para cuestionar los planes de austeridad anunciados por ese Poder.

Y así interpretan los funcionarios judiciales la crítica e información de los medios como una fuente de “ataque” en su contra: “Los acontecimientos narrados son motivo de preocupación de los integrantes del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, en la medida en que se traducen en un permanente y sistemático esfuerzo por lesionar los principios sobre los que se erige la independencia judicial”.

Contra la disminución de sueldos. En la denuncia de los funcionarios judiciales se manifiestan totalmente en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada en septiembre en la Cámara de Diputados por acuerdo de todas las fracciones, y argumentan que disminuir los sueldos de los ministros, consejeros, jueces y magistrados, no sólo vulnera y afecta el funcionamiento del Poder Judicial y su autonomía, sino que la citada ley, que los obliga a ganar menos que el Presidente de la República, es violatoria de los artículos 17 y 94 de la Constitución, que prohíbe disminuir los sueldos y emolumentos de los miembros del Poder Judicial durante su encargo.  

“La entrada en vigor de la referida legislación y el salario que se pretende fijar para el Presidente de la República en el presupuesto de Ingresos correspondiente, traen como consecuencia la disminución de los salarios de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales; estimándose que, complementariamente, tendrá efectos negativos al seno de los demás empleados del Poder Judicial en cuanto a que, de manera escalonada, tendrán que ir aplicándose recortes a todos los empleados y su salario, el cual se verá disminuido considerablemente”, explican.

Y luego argumentan violaciones constitucionales en la disminución de sus sueldos: “Dado el conglomerado de empleados que participan en el acceso a la jurisdicción federal, es evidente que dichas acciones repercutirán negativamente en el derecho fundamental, contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, el cual indica que:  “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones”, en relación con la parte que trasciende del diverso ordinal 94 Constitucional, que señala:  “La remuneración que perciban por sus servicios los ministros, magistrados, jueces y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.

“De lo que se obtiene que la Constitución, además de consagrar como atributos propios de la administración de justicia el de gratuidad y el de que las resoluciones de los tribunales se dicten de manera pronta, completa e imparcial, exige que las leyes federales establezcan los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales  y la plena ejecución de sus resoluciones, debiendo garantizarse para ello, el derecho a gozar de ciertos emolumentos que, durante su encargo, no podrán ser disminuidos, lo que debe irradiar hacia todos los empleados que formen parte del Poder Judicial de la Federación”, sostienen los jueces y magistrados en su denuncia.

Contra iniciativas de Morena y PRD. Dos iniciativas recientes de Morena en el Congreso son identificadas como parte de la campaña de ataques al Poder Judicial por los autores de la denuncia. Por un lado, la iniciativa del senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, presentada el 4 de octubre para reformar el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para obligar al Consejo de la Judicatura Federal  que cambie de adscripción a magistrados y jueces federales, cuando cumplan un máximo de seis años para evitar y prevenir actos de corrupción de los funcionarios judiciales.

En contra de esa propuesta de Morena los jueces y magistrados señalan: “La anterior medida es desproporcional y también ocasionaría un impacto negativo en la independencia judicial, pues es evidente que los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito cuentan con familias que requieren de un arraigo temporal que les permita atender sus distintas necesidades, incluyendo, en su caso, las de los menores; de manera que los seis años mencionados no colmaría tal requerimiento, al margen de que la medida por sí misma resultaría desproporcionada, ya que no parece ser la más idónea para resolver el supuesto problema de nepotismo y corrupción; estos casos, habrá que individualizarlos y en el supuesto de que exista alguna irregularidad, deberán ser motivo de algún tipo de medida administrativa”.  

Se quejan también de la iniciativa que el pasado martes 9 presentó el diputado Javier Salinas Narváez, del PRD, para reformar el artículo 100 de la Constitución y 105 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que no se otorgue nombramientos a personas que sean cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, de algún titular de un órgano jurisdiccional o área administrativa del Consejo de la Judicatura Federal.

“Esta medida es claramente violatoria de diversos principios constitucionales y convencionales, pues se generan categorías sospechosas relacionadas con el parentesco y, con ello, una violación al principio de igualdad y no discriminación, pues no hay justificación alguna para que por el solo hecho de tener un parentesco sea viable coartar el acceso a la carrera judicial”, sostienen.

Jubilaciones anticipadas y fuga de talentos en el Poder Judicial. A raíz de los acontecimientos que denuncian, los jueces y magistrados aseguran que “una cantidad importante de compañeros titulares de órganos jurisdiccionales (Jueces y Magistrados Federales), con gran experiencia y solvencia profesional, decidieran iniciar su proceso de jubilación, lo que conlleva a una preocupante fuga de talentos”. Y al final de su denuncia, le solicitan a la Comisión Conjunta para Garantizar y Fortalecer la Autonomía e Independencia del Poder Judicial que emprenda la averiguación correspondiente y, en su momento, formule las recomendaciones necesarias al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos correspondientes.