-Los diputados tienen 361 días para imputarle un juicio político al ex gobernador: Bifmarck Flores
-La ciudadanía está ávida de justicia; si esto no se da, el acto caerá en la simulación
Los diputados tienen 361 días para imputarle un juicio político al ex gobernador, Graco Ramírez Garrido. La ciudadanía está ávida de justicia; si esto no se da, según jurisconsultos, el acto caerá en la simulación.
El periodo tomó su cuenta regresiva a partir de que se presentó la solicitud ante los diputados de la 54 Legislatura, el pasado jueves 19. Este parlamento tiene la encomienda de la ciudadanía de consumar este suceso y, asimismo, del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien dentro del lapso de su campaña comicial, prometió lo conducente.
El abogado postulante Bifmarck Flores Rentería informó que el documento tiene prescripción (en lenguaje jurídico, significa que está proclive a la caducidad) y aquél puede ser juzgado como servidor público; dijo que como gremio esperan que no haya actos de fingimiento y se haga justicia, porque el ex mandatario lesionó los derechos de 43 alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que lleva alrededor de un mes en huelga.
Asimismo, conminó a los diputados a que den prontitud a este encargo, para que la ciudadanía morelense les dé un voto más de credibilidad. Confió en que este Congreso lleve a buen puerto este sentir, que no sólo emerge de los abogados, sino de la mayoría de los morelenses.
Omitió dar un punto de vista sobre la denuncia de hechos, que Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, del Partido Encuentro social y presidente de la Mesa Directiva, interpuso ante la Fiscalía General del Estado: “No puedo hablar por ellos. Lo que nosotros estamos trabajando lo hacemos conforme a derecho y estamos impulsando este juicio”, acotó.
En su momento, Enrique Paredes Sotelo, quien es el precursor de esta demanda, expuso que si los actuales representantes populares quieren obtener la confianza de la ciudadanía, deben dar curso a este trámite, con el objetivo de que la impunidad no sea un elemento común en el panorama global.
Vale la pena recordar que esta demanda tiende a resarcir los “graves” efectos que Ramírez Garrido produjo a la máxima casa de estudios del estado, porque se violentaron los derechos humanos de los universitarios, por la retención de 100 millones de pesos durante los meses de julio y agosto del año pasado.
Los catedráticos en la ciencia jurídica presentaron las siguientes pruebas en contra: el corte de caja y los informes financieros, los cuales dan muestra fehacientemente que el gobierno estatal afectó “gravemente” la operatividad de la universidad.