Demuestra MCCI que no hubo criterios para evaluar el uso de recursos en campañas sanitarias
Entre 2015 y 2017, el Sector Salud gastó en comunicación social 3.7 millones de pesos (sic) cada día, para alcanzar tres mil 750 millones de pesos (sic), gasto que fue realizado sin criterios de evaluación, ni siquiera en circunstancias de emergencias epidemiológicas, según reporta el estudio Salud Deteriorada, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).
De acuerdo con el estudio, 14.23 por ciento del gasto en comunicación social del Gobierno de la República, fue destinado al sector salud, pero el uso de los recursos fue poco eficiente al no contarse con evaluaciones que establecieran la correspondencia de ese gasto con la efectividad y el cumplimiento de las metas y objetivos del sector salud, con ello, pese a los esfuerzos por transparentar el gasto en comunicación social realizados por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública.
En 2015 y 2017 no existió una sola evidencia de evaluación de campañas, con esto, es prácticamente imposible demostrar que los recursos fueron utilizados eficientemente, demuestra el reporte de MCCI y advierte que “entre 2013 y 2017, el gasto en publicidad oficial en México no sólo se incrementó, a pesar de los anuncios de recorte presupuestal, sino que el Gobierno gastó más de lo aprobado en 2017. Por ejemplo, el Gobierno ejerció más de 2.5 veces lo presupuestado”. Además, se “encontró que la Secretaría de Salud, entre 2015 y 2017, es la dependencia que más gastó en la Administración Pública Federal: en total, durante estos tres años, ejerció tres mil 705 millones de pesos (precios constantes de 2018)”.
Pese a estas disfunciones, “la nueva Ley General de Comunicación Social no cuenta con mecanismos claros para inhibir la discrecionalidad en el gasto y tampoco contempla evaluaciones obligatorias posteriores a las compañas publicitarias que contengan mensajes de emergencia.
El gasto asociado a mensajes extraordinarios en una declaración de emergencia tiene una normatividad débil sin evaluación ex post que mida el logro de metas y objetivos.
Existen pocos elementos, fuera de la Secretaría de Salud, para evaluar la pertinencia de las declaraciones de emergencias epidemiológicas, particularmente para quienes autorizan los mensajes de emergencia (Segob)”.
Al momento, establece el estudio, “no hay estudios formales que indiquen que el recurso ha sido bien empleado o al menos que su asignación respondió a criterios técnicos bien fundamentados. Lo que se deduce de las cifras en registros públicos, deja ver discrecionalidad en el proceso y el uso de recursos al amparo de declaratoria de campañas emergentes”.
También se detectó, al igual que en otros apartados del ejercicio del sector salud, la existencia de prácticas colusorias en que la autoridad en salud adjudica de manera directa adquisiciones y contratación de servicios a la Sociedad Mexicana de Salud Pública en donde trabajan muchos altos ex funcionarios del sector público, lo que genera un conflicto de interés. Pero además, los reportes finales del estudio sugieren una simulación en la entrega de esos vienen en el otorgamiento de servicios.