El futuro del aeropuerto de la Ciudad de México es una moneda que está en el aire. El riesgo es muy alto y los empresarios mexicanos se lo han hecho saber al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la misma semana en que se celebrará la consulta sobre su construcción. La patronal mexicana ha puesto sobre la mesa dos planteamientos centrales en torno al debate sobre el aeródromo: renunciar al proyecto en construcción podría traer inestabilidad financiera para el país y la organización de una consulta lejos de los términos que establece la ley sembraría desconfianza. En las cercanías del lago de Texcoco (30 kilómetros al noreste de Ciudad de México) continúan las obras que, según el actual Gobierno, ya han avanzado un 31%.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha lanzado esta semana un pronunciamiento donde deja clara su posición en favor de continuar con el proyecto que comenzó a construirse en 2015. “Una decisión eminentemente técnica, como es la ubicación de un aeropuerto, no debe ser sometida a consulta ciudadana. La participación ciudadana es fundamental para un desarrollo democrático robusto, sin embargo, las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas, quienes tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas, para concluir con la mejor opción”, explica el organismo.
La transición del Gobierno de Enrique Peña Nieto al de López Obrador se ha prolongado por cinco meses. En ese tiempo el presidente electo ha mantenido un constante diálogo con los empresarios. Ha calmado sus ánimos respecto a la seguridad de sus inversiones y sobre los contratos que algunos de ellos han celebrado con el Gobierno mexicano. Al mismo tiempo su equipo ha publicado documentación para respaldar una segunda opción: la renovación del aeropuerto Benito Juárez, actualmente en operación, y la apertura de un segundo aeródromo en donde ahora se encuentra la base aérea militar de Santa Lucía (a 50 kilómetros de Ciudad de México). En agosto, López Obrador anunció que la consulta se llevaría a cabo y hasta el 15 de octubre sus colaboradores hicieron pública la pregunta y la organización del referéndum.
Los empresarios han hecho énfasis sobre la legalidad de la votación que se celebrará del 25 al 28 de octubre solamente en 538 municipios del país, de un total de 2.463, dado que López Obrador todavía no asume el cargo. “[El ejercicio es] inadecuado como mecanismo para la toma de decisiones, no es jurídicamente válido y no tiene sustento legal”, señala la patronal. La Constitución de México reconoce la consulta popular como un mecanismo para tomar decisiones, pero establece un procedimiento en el que los poderes Legislativo y Judicial supervisan su justificación y el Instituto Nacional Electoral se encarga de su organización. “La Constitución prevé un mecanismo para que la gente decida por sí misma asuntos de interés nacional. López Obrador ha decidido ignorarlo y pasar por alto sus prevenciones”, apunta el analista político Jesús Silva-Herzog, en el diario mexicano Reforma. “La consulta es una farsa y es tan válida como si se hace una encuesta en Twitter. Se está jugando la obra más grande de México en décadas”, añade Valeria Moy, directora de México, ¿Cómo vamos? El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha insistido en que el resultado de la consulta será vinculante. “Lo que resulte, se va a respetar, porque en la democracia es el pueblo el que manda”, ha dicho este martes.
Hasta septiembre, el Gobierno mexicano ha celebrado 467 contratos para la construcción del nuevo aeropuerto. Entre ellos están compañías a cargo de Carlos Slim, el empresario más rico de México. Slim ha defendido el proyecto de Texcoco y el domingo, en la Cumbre de Negocios que se celebra en Guadalajara, ha apuntado a que la iniciativa privada podría involucrarse más en la financiación del proyecto —cuyo costo estimado es de 13.000 millones de dólares—. El magnate no ha descartado la posibilidad de que la construcción en marcha se cancele y ha insistido en la oportunidad para invertir en una alternativa aeroportuaria para la Ciudad de México. “Cualquiera de los dos aeropuertos que se decida en la consulta ciudadana debe licitarse para que sea operado por privados”, dijo.
“La cancelación del aeropuerto va a llevar una pésima señal de respeto a la ley y a los contratos. Si se pierden los contratos, nadie va a querer invertir en México”, alerta Moy. El equipo de López Obrador ha reconocido que si el proyecto en Texcoco se cancela existirá un “posible impacto negativo en los mercados financieros”. Los analistas estiman que alrededor de la fluctuación de la moneda mexicana en los últimos días está latente la incertidumbre por la construcción del aeródromo. Los mercados ya han comenzado a reaccionar: el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró este martes con pérdidas de 1,09%, un cuarto de estas han sido de los grupos aeroportuarios que cotizan en bolsa. Un banco de niebla obligó este martes al cierre del aeropuerto Benito Juárez durante dos horas, provocando demoras de hasta de seis horas en diversos vuelos. López Obrador viajó a Guadalajara a la Cumbre de Negocios para hablar con los empresarios. La demora en su vuelo retrasó su intervención.
