La 54 legislatura de Morelos quedó exhibida al presentar una demanda inconsistente por asuntos menores y jurídicamente endeble; a todos quedó claro que fue una denuncia de chocolate que no prosperará. La pregunta es una ¿Hay un acuerdo de impunidad entre los diputados actuales y sus antecesores?
Uno a uno los errores cometidos por los diputados locales exhiben las deficiencias de la nueva legislatura de Morelos. Incapaces, desinformados, insensibles y poco responsables, son algunos de los señalamientos que ya se han hecho a un congreso que no acaba de tomar forma, que lleva mes y medio divagando, que es ajeno a la agenda estatal y está perdido en discusiones internas. Las que vienen serán semanas intensas para el parlamento, en los próximos días les llegará el paquete económico y deberán discutirlo de la mejor manera para el estado. La confianza en esta legislatura se pierde día a día.
Igual que el gobernador Cuauhtémoc Blanco, la principal promesa de campaña de los diputados locales fue hacer justicia y llamar a cuentas a los corruptos, pero a diferencia de lo que pasa en el poder ejecutivo donde el ex titular se encargó de esconder la información y complicar el proceso de entrega recepción, en la cámara de diputados las faltas están a la vista y son fáciles de identificar.
Hay temas que llamaron la atención de la opinión pública, como las jubilaciones doradas y la sindicalización del personal de los diputados; pero existen asuntos de mayor gravedad que implican delitos de carácter penal o conllevan sanciones administrativas; a ninguno de ellos le ha entrado el congreso.
Para nadie es secreto que las jubilaciones doradas otorgadas por la pasada legislatura están fuera del marco legal, son violatorias a la norma y representan un abuso de poder de quienes hasta el último día de septiembre eran representantes populares. Desde hace años hay cientos de personas que buscan ese beneficio, que cumplen los años de servicio y reúnen los requisitos para obtenerlo, pero carecen del apoyo político necesario para que sus expedientes sean turnados. Muchos de quienes fueron jubilados o sindicalizados por la Legislatura 53 son personas jóvenes, que notoriamente falsificaron sus documentos y nunca debieron recibir una pensión, pero son amigos o familiares de los ex diputados.
Pero estos temas aunque ofensivos, no son los más graves cometidos por los anteriores diputados. En el parlamento anterior todo fue exceso, abuso e ilegalidad. La cámara de diputados, por ejemplo, retuvo durante tres años las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Crédito, pero nunca lo enteraron; existen oficios firmados por los tres presidentes que tuvo la legislatura (Francisco Moreno, Beatriz Alatriste y Hortencia Figueroa) en los que se reconocen los adeudos y suscriben convenios de reestructura, pero nunca hicieron los pagos. Hay también un oficio firmado por el ex secretario de hacienda que refiere una transferencia millonaria, lo cual implica responsabilidad para Jorge Michel Luna.
Otro tema que sigue sin ser investigado en la cámara es el manejo y uso de los recursos del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, organismo que durante tres años obtuvo participaciones municipales por el orden de los 300 millones de pesos y cuyo destino nunca fue clarificado. El dinero que se utilizó en dicho fondo provino del 1% de las participaciones de los municipios, fue administrado por 5 consejeros nombrados por representantes de 5 fuerzas políticas (Alberto Martínez, Carlos Alaniz, Julio Espín, Francisco Santillán y Jaime Álvarez) y hasta hoy pocos saben que se hizo con ese dinero.
Un asunto más que fue del dominio público y no ha sido siquiera referido por la 54 legislatura de Morelos son las transferencias millonarias que recibieron muchos diputados a sus cuentas personales desde la cuenta del congreso. Varias veces la administración del poder legislativo hizo traspasos directos a la cuenta de casi todos los diputados, fueron sumas millonarias cuyo único sustento fue “un acuerdo de conferencia”. El dinero transferido no era parte del sueldo de los diputados, tampoco fue producto de sus prerrogativas, ni se utilizó para el pago de sus empleados (todo lo anterior se les abonaba aparte); ese dinero no tuvo soporte legal, fueron depósitos aleatorios que quedaron registrados en las cuentas bancarias y que representan varios delitos, como peculado, desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada.
¿Más? También están los adelantos de participaciones solicitados por los tres presidentes de la cámara de diputados, avalados por la conferencia legislativa y manejados de manera discrecional sin sustento legal ni fiscal. La 53 legislatura de Morelos recibió alrededor de 1 mil 500 millones de pesos en tres años, dinero que se gastó de manera totalmente discrecional. Más aún: un mes antes de la elección del 01 de julio la presidenta de la cámara de diputados, la perredista Hortencia Figueroa Peralta solicitó un adelanto de participaciones por 10 millones de pesos, mismos que recibió y utilizó sin informar a los diputados.
Como estos hay más elementos que podrían referir en la nueva legislatura para actuar en contra de la corrupción y dar una muestra pública de que no habrá impunidad, pero en lugar de ello el nuevo presidente Alfonso Sotelo interpuso una demanda contra los 30 diputados anteriores por la venta irregular de algunos vehículos propiedad del poder legislativo. La denuncia genera suspicacia, provocó enfado entre sus compañeros y hace pensar que existe una especie de complicidad o protección de parte del ex alcalde de Jojutla.
Alfonso Sotelo se ha quedado muy corto en su encargo como presidente, no ha sabido conducir la cámara y está rebasado por las circunstancias. Su perfil está lejos de ser el que requiere un congreso que enarbola la honestidad y su preparación profesional le impide hacer más de lo que ha hecho hasta ahora. Sus derrapes no sólo afectan a su persona, hacen ver mal a todo el parlamento
Este tipo de actuaciones, la falta de contundencia y el mal manejo informativo de la cámara está pegando muy fuerte en la confianza legislativa. La paciencia ciudadana es poca y las nuevas autoridades están perdiendo el tiempo.
Perder la confianza ciudadana es fácil. Recuperarla es casi imposible.
· posdata
En la víspera del trueno el gobierno de Cuauhtémoc Blanco adelantará 100 millones de pesos de participaciones a la universidad, 60 esta semana y 40 la próxima; los recursos no resuelven la crisis, ni alcanzan para solventar las necesidades económicas del presente año, pero representan oxígeno puro para la UAEM, porque permitirían que se levante la huelga y se retomen las clases.
No es fácil para el gobierno de Blanco Bravo destinar 100 millones de pesos a la universidad; la administración estatal enfrenta una crisis sin precedente derivada de los pasivos que le heredó Graco Ramírez.
Para dimensionar de lo que estamos hablando repasemos algunas cifras: 1- La UAEM necesita 1,640 millones de pesos para resolver de manera integral su crisis; 640 sólo para sacar los pendientes del 2018. 2- El gobierno del Estado de Morelos heredó una deuda superior a 15 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil son a proveedores y deben cubrirse en el corto plazo. 3- Jorge Michel Luna dijo hace un mes que la administración de Graco Ramírez dejaría 5 mil millones de pesos en las cuentas estatales, suficientes para enfrentar todos los compromisos del 2018, pero al recibir la administración el gobierno de Cuauhtémoc Blanco se dio cuenta que sólo habían 1 mil millones de pesos para cerrar el año, insuficientes para atender siquiera la operatividad del gobierno.
Los recursos que depositó el gobierno estatal a la UAEM representan un adelanto de las participaciones que la máxima casa de estudios recibiría por los meses de octubre, noviembre y diciembre; con este dinero la universidad cubrirá las catorcenas anteriores y quizá la próxima, luego volverá a quedarse sin dinero.
Pero a pesar de que este apoyo sólo alivia de manera temporal el problema financiero, lo que sobresale es el hecho de que al levantarse la huelga y reanudarse las clases, los estudiantes universitarios rescatarán el semestre que está a punto de perderse. Estas semanas que gana el rector con el depósito permitirán a todos los involucrados en el rescate financiero de la UAEM buscar alternativas sin la presión de tener a los estudiantes fuera de las aulas.
El problema de la universidad de Morelos no está resuelto, pero la ayuda que brinda el gobierno estatal es oxígeno para la comunidad universitaria y sus integrantes. Estos días deben ser aprovechados por todos para redoblar esfuerzos en busca de dinero que evite que la UAEM vuelva a paralizarse.
· nota
El sindicato de trabajadores académicos de la UAEM es muy poco solidario con la comunidad universitaria. Son muchos los esfuerzos que se hacen para tratar de rescatar a la máxima casa de estudios de la crisis que la agobia y muy poco el compromiso de ese sindicato con su institución. Las autoridades estatales han hecho un esfuerzo titánico para adelantarles participaciones, el rector no ha dejado de buscar ayuda y ellos, el sindicato académico, no se ha decidido a levantar la huelga.
Es comprensible el enfado por la falta de pago y los inconvenientes que ello trae aparejado para muchos profesores, pero ante una situación tan compleja producto de diferentes circunstancias los académicos podrían tener más conciencia y solidaridad que la que han dejado ver hasta ahora.
Hay que tomar en cuenta que cada día que pasa, los trabajadores de la UAEM van acumulando pasivos que en algún momento cobrarán; por lo pronto con el abono que ha hecho el gobierno del estado les serán solventadas las dos catorcenas que les adeudan, es decir, antes de que concluya la semana estarán al día en sus pagos a pesar de que llevan un mes sin trabajar.
En el caso de los estudiantes la historia es otra: cada día que transcurre es un día perdido para los alumnos, a ellos no se les reembolsarán las pérdidas como a los maestros y el atraso académico por la falta de clases es muy fuerte. Hasta hoy hemos escuchado las voces inconformes de los trabajadores, las declaraciones demagógicas de los políticos y el esfuerzo financiero del gobierno estatal, pero no se ha dejado sentir la fuerza de la comunidad estudiantil; pareciera que poco les importa que el semestre se pierda.
Frente a un conflicto tan complejo como el de la UAEM y ante un escenario donde lo que hace falta es la voluntad de todos para salir adelante, el sindicato académico está dejando ver su peor rostro: de intransigencia, falto de solidaridad y profundamente egoísta. Repito: este día los trabajadores cobrarán las catorcenas pendientes, pero los alumnos no recuperarán el tiempo perdido.
Hoy la UAEM está inmersa en un severo problema financiero, pero también carece de liderazgo; ni el rector Urquiza, ni el líder de los estudiantes (quien quiera que sea) ha sabido dar la cara por nuestra universidad.
Hoy debemos apostar todos por el rescate financiero de la UAEM. Mañana habrá que pensar en su falta de conducción.
· post it
Para el fiscal general del estado Uriel Carmona, en Morelos no hay ni han habido fosas clandestinas, se trata, afirma, de “errores administrativos”.
La declaración del abogado es una aberración, es ofensiva y muestra no sólo su falta de capacidad profesional, también deja en evidencia su insensibilidad como ser humano.
El tema de las desapariciones forzosas y las fosas clandestinas es muy delicado en nuestro estado, basta recordar lo que pasó en Tetelcingo y Jojutla, donde se localizaron cientos de cuerpos depositados por autoridades, sin registro, sin cuidado del marco legal y en todos los casos sin el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de sus familias.
Estas fosas se sumaron a las decenas que durante los últimos años han encontrado autoridades federales en diversos puntos de la entidad, que fueron hechas por grupos criminales y en las que se enterraron a cientos de víctimas de la violencia.
Lo dicho por el fiscal Carmona Gándara es terrible; con esa personalidad y trayectoria Graco Ramírez lo hizo notario y luego Fiscal General de Morelos.
· redes sociales
Lo declaró el nuevo secretario de Movilidad y Transporte del gobierno de Cuauhtémoc Blanco: “La administración anterior pagó 190 millones de pesos por un sistema informático que no funciona” ¿Y luego?
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