El presidente electo señala que está por iniciar un mandato “para todos, no al servicio de una minoría”; dice que tiene autoridad moral de atender reclamación de IP

En referencia a quienes presionan para que no se cancele la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, advirtió: “aquí queda de manifiesto que hay una división clara, hay una frontera entre poder económico y poder político, el gobierno que está por iniciar su mandato es para todos, no es para un grupo; no va a ser un gobierno al servicio de una minoría, es el gobierno del pueblo y siempre va a prevalecer el interés general, lo que convenga a la nación, les guste o no les guste”.

Afirmó que hablará con los empresarios y contratistas del aeropuerto de Texcoco para invitarlos a que participen en la obra de Santa Lucía, “o llegar a arreglos”. En todo caso, dijo, se actuará con apego a la legalidad.

En conferencia de prensa por la mañana, López Obrador confirmó que será cancelada la construcción del NAIM en Texcoco y que en su lugar se harán dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía; esto un día después de que se revelaran los resultados de la consulta.

“Vamos a hablar con los empresarios, con los contratistas, para llegar a un acuerdo. Hay la posibilidad de que sigan con los contratos, haciendo la obra en Santa Lucía o llegar a arreglos”, abundó sobre el cambio de la construcción.

Agregó que no ha habido oposición de contratistas al nuevo gobierno, por lo que espera lograr un arreglo con ellos para mantener su apoyo para la próxima obra.

“Los contratistas han actuado con responsabilidad, no ha habido una oposición al gobierno electo ni al procedimiento de consulta (…) lo que yo he percibido es una disposición a un arreglo porque no van a perder”, indicó.

López Obrador añadió: “hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones; pero además de eso existe el respaldo y el aval de nuestra palabra, nuestra autoridad moral y política de atender cualquier reclamación de empresas o de inversionistas; es decir, esta decisión se toma con respeto absoluto al Estado de derecho sin afectar intereses de las empresas y de los financieros”.

Asimismo, enfatizó: “la decisión es obedecer el mandato de los mexicanos”, quienes inclinaron su voto a favor de Santa Lucía, dijo, tomaron una decisión racional, democrática y eficaz.