El anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que cancelará el aeropuerto de Ciudad de México que ya se construye en Texcoco abre la incógnita sobre el financiamiento de su propuesta para instalar un aeródromo en donde hoy se encuentra la base aérea de Santa Lucía. Los gastos que México tendrá que asumir en los próximos años sumarán tanto las pérdidas por el proyecto cancelado como el costo de la nueva terminal y la remodelación del aeropuerto Benito Juárez, actualmente en operaciones. En algunos de sus mensajes López Obrador ha mostrado algunos datos sobre el financiamiento que este cambio de planes requerirá, aunque su equipo ha reconocido que todavía no se han realizado todos los estudios sobre la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.
El coste estimado del aeropuerto de Texcoco fue de 285.000 millones de pesos (14.200 millones de dólares), mientras que la propuesta para Santa Lucía está calculada en 75.000 millones de pesos. Sin embargo, al nuevo aeropuerto habría que sumar el precio que supone suspender una obra pública en construcción que se calcula en unos 120.000 millones de pesos. “Esta estimación es muy conservadora porque habrá muchos contratistas que vayan a tribunales, incluso a Estados Unidos para recuperar la mayor cantidad posible de su inversión”, explica Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Hasta aquí el Gobierno de López Obrador tendría una diferencia de 90.000 millones de pesos respecto al proyecto que Enrique Peña Nieto lanzó en 2014. Sin embargo, el presidente electo ha garantizado que tanto el aeropuerto Benito Juárez como el de Toluca serán remodelados para desahogar el tráfico aéreo, sin incluir una cifra aproximada de su coste. Como antecedente, la construcción de la T2 del aeropuerto Benito Juárez costó en 2008 unos 109.000 millones de pesos.
En la ecuación también es importante considerar aquellos gastos que ya no pueden recuperarse: los cimientos de un aeropuerto cuya construcción ha avanzado un 31%. El Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, encargado de la administración de los contratos, estima que hasta ahora se han pagado 60.000 millones de pesos, de los cuales unos 45.000 millones serán imposibles de compensar. “De nada sirven los ejercicios de austeridad del Gobierno de López Obrador si se tira obra pública que ya se pagó a la basura”, añade Pardinas.
La decisión de suspender el aeropuerto de Texcoco ha tensado la relación entre López Obrador y los empresarios mexicanos. La incertidumbre ha tocado a los mercados y a la moneda mexicana. La construcción de un aeropuerto, bajo cualquier escenario, necesita una importante inversión privada dado que el Estado no puede financiar inmediatamente ese gasto. En el caso de Texcoco, el 90% de los recursos eran privados. El cambio de planes de última hora, cuando una buena parte de los contratos ya estaban asignados, supone un mayor riesgo para quienes en el futuro deseen respaldar de alguna forma un proyecto de obra pública del Gobierno de López Obrador. El crédito para financiar el proyecto de Santa Lucía, probablemente, será más costoso, dado que la percepción de que el riesgo de invertir en México ha aumentado en los últimos días. La calificadora de riesgo Moody’s, por ejemplo, rebajó el lunes la nota a los bonos del aeropuerto de Texcoco.
El presidente electo aseguró en octubre que en los presupuestos para el 2019 incluirá la inversión del Gobierno mexicano para el proyecto aeroportuario. Hasta ahora, no existe una estimación detallada de los recursos públicos y privados que se necesitarían para llevar a cabo el plan del nuevo Gobierno para desahogar el tráfico aéreo en Ciudad de México. López Obrador ha designado en las últimas horas una comisión para reunirse con los empresarios e inversionistas del aeropuerto de Texcoco “para dar tranquilidad y restaurar la confianza”, según ha informado Alfonso Romo, el próximo jefe de la Presidencia de la República.