Un policía que abusa de su poder es un mal policía. Peor: según los expertos un policía que agrede a los ciudadanos y que se excede en sus funciones es proclive a cometer otro tipo de actos ilícitos y está a un paso de relacionarse con la delincuencia. Contra eso también tienen que luchar Cuauhtémoc Blanco y José Antonio Guarneros.
Los abusos de la policía son parte medular del problema de violencia e inseguridad en Morelos; los excesos cometidos por uniformados son muchos, se han documentado varias veces y son del dominio público. Lo ocurrido ayer en la avenida Rio Mayo de Cuernavaca es un caso más de abuso de autoridad, expone la gravedad del tema y explica porqué la gente ha dejado de confiar en el gobierno. Esa es la Policía Morelos que tanto presumió Graco Ramírez; esos son los elementos que seleccionó, aleccionó y protegió Alberto Capella como Comisionado de Seguridad; ésta es la herencia que el PRD deja al estado.
Casos como el que ayer se compartió en las redes sociales se han presentado varias veces a lo largo de los últimos años en nuestra entidad; muchos recuerdan aquella ocasión en la cual elementos de la policía estatal detuvo a varios jóvenes y los colocaron en la batea caliente de una camioneta hasta que sufrieron quemaduras en casi todo el cuerpo. Muchas denuncias se han presentado contra uniformados por golpear o extorsionar ciudadanos; también hay casos de agresiones, abusos de autoridad y hasta señalamientos de la delincuencia organizada contra elementos de la CES.
Los abusos de autoridad y la violencia policial se han presentado de manera recurrente en Morelos desde hace varios años y la respuesta del comisionado de seguridad y del gobernador siempre fue la misma: falso. Alberto Capella y Graco Ramírez nunca hicieron caso a las denuncias, siempre rechazaron las acusaciones, defendieron a los uniformados y respondieron que las críticas eran la respuesta a los golpes que la policía daba a los grupos criminales. Para el gobernador y el comisionado todos eran culpables, menos sus policías; nunca, ni siquiera en los casos en los que se documentaron los excesos, hubo castigo para quienes abusaron del poder.
La impunidad con la que se ha manejado la policía en los últimos años es absoluta. ¿Otro ejemplo? Recordemos lo ocurrido el 30 de noviembre del 2017 en un domicilio de la colonia Rubén Jaramillo de Temixco, cuando elementos del Mando Único irrumpieron en una casa y desataron una balacera que duro varias horas y cuyo saldo fue cuatro mujeres, un adolescente y un bebe muertos. La policía del Mando Único implementó un cerco policiaco al rededor de la vivienda, entró y comenzó a disparar; no hubo ningún uniformado herido y las personas que la policía presentó fueron puestas en libertad porque según lo determinó un juez, ninguno de ellos había disparado. Fue una masacre.
Ese caso es emblemático de la manera como actuaba la policía de Alberto Capella: a pesar de las denuncias ciudadanas, de las fotografías, las grabaciones de audio y de video y diversas testimoniales, ninguno de los que participaron en ese hecho fue procesado, por el contrario, el gobierno estatal contrató espacios publicitarios en medios nacionales para que entrevistaran a los uniformados y al propio Alberto Capella. El comisionado siempre defendió a capa a sus elementos, argumentó que enfrentaba un complot de parte de la delincuencia organizada y de algunos medios de comunicación; siempre menospreció las denuncias ciudadanas.
Esa es la policía que armó y certificó Alberto Capella, por eso su estrategia de seguridad nunca funcionó, porque para los ciudadanos las autoridades eran tanto o más peligrosas que la delincuencia; por eso la población dejó de confiar en los uniformados. Era imposible que un plan de seguridad estatal funcionara cuando la gente era la primera en desconfiar de sus policías. Pero ni a Capella ni a Graco les importaba la seguridad o la opinión de la ciudadanía, el verdadero interés en el tema era económico, por lo que representa administrar la seguridad.
En menos de un mes de gestión el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ha enfrentado dos casos de abuso policiaco, ambos denunciados por la gente a través de las redes sociales. Éste último caso cobra relevancia por todos los ingredientes que contiene: hay prepotencia, abuso, brutalidad, impunidad y complicidad. En la grabación se observa cuando los policías bajan de la patrulla y comienzan a intimidar al chofer de una unidad de transporte público por un incidente de tránsito, poco a poco las cosas suben de intensidad, uno de ellos aborda el vehículo y comienza a golpear al conductor y luego entre los dos uniformados bajan, someten y golpean al joven. Entonces llegan más patrulleros y en lugar de poner un alto a los excesos, ayudan a sus compañeros a detener al chofer. Todo quedó documentado y expuesto en video.
La respuesta del comisionado de seguridad en los dos casos recientes es diferente a la del pasado: inmediatamente inician investigaciones y procesan a los policías involucrados; a diferencia del pasado reciente, cuando Alberto Capella era titular de la Comisión Estatal de Seguridad, hoy no vemos al comisionado grabando videos, defendiendo a sus muchachos y dando la espalda a la sociedad. “No permitiremos abusos, no se solapará ninguna ilegalidad y se actuará de manera contundente e inmediata contra los malos elementos” ha dicho públicamente el Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros.
El tema de la inseguridad en Morelos es sumamente complejo y entre las variables que incluye están sin duda los casos de abusos de autoridad. No todos los elementos que integran la Policía Morelos son malos, me atrevo a decir que la mayoría son gente buena, comprometida con su función y respetuosa de la ciudadanía; pero son los malos elementos quienes acaparan la atención, los que se asumen intocables y actúan con prepotencia. Por esos tipos toda la corporación es señalada y la ciudadanía deja de confiar en sus autoridades.
Cuauhtémoc Blanco lleva apenas un mes de gestión como gobernador y tienen la enorme responsabilidad de poner orden en todo el estado, incluyendo la policía; el nuevo gobierno tendrá que administrar el enojo y la desconfianza social hacia los cuerpos de seguridad y debe atender este tipo de situaciones con rapidez y contundencia.
Los policías que integran la CES Morelos vienen desde la administración anterior, eso no lo puede remediar Cuauhtémoc Blanco, pero la impunidad es algo que puede y debe terminar de raíz. Lo que paso ayer es un acto de brutalidad policiaca que no puede quedar impune. Para que el nuevo gobierno gane la confianza pública debe ser implacable con este tipo de cosas.
· posdata
La lucha del gobernador Cuauhtémoc Blanco es contra el tiempo, contra la expectativa ciudadana, contra los conflictos que le dejó sembrados Graco Ramírez, contra la corrupción y contra la impunidad.
El nuevo gobierno apenas está tomando posesión de las oficinas y conocimiento del estado que guarda la administración porque el régimen anterior se negó a entregar documentos.
En su cuarta semana como jefe del ejecutivo el ex seleccionado nacional comienza a sentir la presión de una sociedad ávida de justicia, que demanda actuación inmediata en contra de la corrupción y cumplimiento de la única promesa de campaña de Cuauhtémoc Blanco.
Para el equipo que acompaña al nuevo mandatario los días son largos, tienen que realizar tareas múltiples para conocer la situación en cada una de las áreas, cumplir la orden de auditarlas y proceder en aquellos casos en los que existan irregularidades; paralelamente tienen que seguir adelante con la agenda de las secretarías y responder a la operación cotidiana del gobierno.
La administración estatal recibe presión de muchos lados, la insolvencia en la que se encuentra la universidad es similar a la que enfrenta el estado, incluyendo a casi todos los municipios. A Cuauhtémoc Blanco le toca cerrar un periodo fiscal muy complicado y lo debe hacer sin dinero, con mucha presión social y contra muchos políticos que apuestan a que fracase.
El combate a la corrupción gubernamental es un tema fundamental para el nuevo gobierno; actuar contra los funcionarios de la administración anterior es prioritario para mantener la confianza en Cuauhtémoc Blanco y vivo el ánimo de la gente. Más que obra pública o acciones de gobierno la gente quiere que el futbolista inicie procedimientos contra el perredista y su familia; si no se combate la impunidad no hay manera de que el nuevo régimen triunfe en cualquiera de los demás rubros.
El reto de Cuauhtémoc Blanco como gobernador es enorme, lo mismo que las presiones que recibe su administración de parte de la gente que reclama justicia.
Lo dicho: la política es más cabrona que el fútbol. Mucho más.
· nota
Al presentarse a contestar la denuncia interpuesta en su contra por el presidente de la mesa directiva del congreso local Alfonso Sotelo, la ex diputada Hortencia Figueroa volvió a retar a la 54 legislatura a que demuestren las acusaciones que han hecho en su contra. La perredista considera falsos los señalamientos, dice que son una guerra mediática y asegura que ella cumplió con el proceso de entrega-recepción.
La postura retadora de la ex legisladora no es casual, la perredista conoce los problemas internos que hay en la cámara, los señala y los aprovecha; descalifica a Alfonso Sotelo y al hacerlo desacredita a una legislatura que sigue sin dar muestras de profesionalismo en su actuar.
Por lo que se conoce de la demanda presentada contra Hortencia Figueroa es predecible que la dama ganará la querella; cuando esto suceda la perredista confirmará que es víctima de violencia y persecución política. Todo porque el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados no tuvo la habilidad para integrar un buen expediente o quizá, porque desde el principio su objetivo fue proteger a sus antecesores a petición de su amigo Julio Espín.
Todo indica que este primer round lo ganará Figueroa Peralta; no porque sea inocente de las acusaciones de corrupción y malos manejos que pesan en su contra, sino porque la Legislatura 54, como ella misma lo ha dicho, está sumida en conflictos internos y bajo la conducción de figuras sin capacidad, inteligencia ni talento.
Un triunfo legal de Hortencia Figueroa en este tema sería un duro golpe a la legislatura morelense y una pésima señal para la sociedad; si los pillos comienzan a ganar las demandas porque están mal integradas, estaríamos nuevamente frente a un escenario de impunidad.
Ojo: en el ejercicio de poder la incapacidad y la omisión también son actos de corrupción.
· post it
Dicen los diputados integrantes de la 54 legislatura que sus antecesores no les dejaron ninguna información, de ahí que hasta el momento no puedan conocer la manera como sus antecesores ejercieron el presupuesto.
Es probable que para los nuevos diputados el quehacer legislativo sea nuevo y por eso su descontrol y desconocimiento; para que las cosas les resulten más fáciles y la información llegue a sus manos sin tanto problema les sugiero una cosa: Soliciten a los bancos un estado de cuenta detallado de 3 años, en él vendrán pormenorizadas las transacciones, sabrán en qué se gastó el dinero y hasta pueden obtener copias de los cheques y datos de las cuentas personales a las que se hicieron transferencias.
No es tan complicado: las participaciones que recibe una institución pública se hacen por la vía bancaria y siempre hay registro de ello; lo mismo sucede con los egresos, salvo en los pagos en efectivos y estos no pueden ser mayores, porque se incurriría en un delito fiscal.
En castellano: con los estados de cuenta pueden hacer un arqueo contable para conocer ingresos y egresos. Es sencillo, lo que se necesita es voluntad para hacerlo.
· redes sociales
De principio a fin el todavía alcalde de Jiutepec Manuel Agüero es un pillo. No le ha bastado saquear al municipio ni tampoco entorpecer el proceso de entrega recepción; el regordete personaje se ha dedicado a sembrar problemas para que le estallen a la próxima administración; lo último que ha hecho es incitar a los sindicatos a emplazar a huelga al ayuntamiento, para que ese conflicto reciba a Rafa Reyes.
La estrategia del Graco Chiquito de Jiutepec es la misma que el tabasqueño implementó a nivel estatal; su lógica es simple: desestabiliza para que no puedan actuar en tu contra.
El reto de Rafa Reyes es enorme y empieza por hacer justicia a la gente. Sin castigo a los pillos es imposible que su administración triunfe.
Comentarios para una columna sonriente:
Twitter: @eolopacheco
Facebook: Eolopachecomx
Instagram: eolopachecomx