CIUDAD DE MÉXICO.
Ante la inminente reducción de recursos públicos para los partidos, producto de las políticas de austeridad que impulsa el gobierno electo, el PRI busca evitar el colapso financiero de la oposición.
La senadora Claudia Ruiz Massieu presentó una propuesta de reforma constitucional y de ley para proponer que los partidos puedan recibir una mayor cantidad de aportaciones privadas, así como reducir el monto de las multas por violaciones graves.
En el primer caso se plantea que el monto donado a los institutos políticos, que puede ser deducible de impuestos, suba de 25% a 50 por ciento. Para el caso de las sanciones, la iniciativa propone que ya no sean de un máximo de 50% de su financiamiento público, sino de 25 por ciento.
“Estimamos que la simple y llana reducción del financiamiento público, sin acompañarse de la revisión de las modalidades y los hipotéticos montos del financiamiento privado, implicaría riesgos no sólo para la viabilidad misma de los partidos”, indican.
Piden para partidos más dinero privado
De aprobarse la propuesta de la líder nacional del PRI, la crisis en la que está sumida la oposición se atemperaría.
La senadora Claudia Ruiz Massieu, también dirigente nacional del PRI, presentó una propuesta de reforma constitucional y de leyes secundarias para evitar el colapso financiero de los partidos políticos de oposición, ante la inminente reducción de fondos públicos.
La priista plantea que los partidos políticos puedan recibir un mayor monto de aportaciones privadas, a partir de que aumente de 25% a 50% la cantidad donada que puede ser deducible de impuestos, así como reducir el monto de multas por violaciones graves, para que ya no sea de máximo 50%, sino de 25 por ciento.
“Estimamos que la simple y llana reducción del financiamiento público, sin acompañarse de la revisión de las modalidades y los hipotéticos montos del financiamiento privado, implicaría riesgos no sólo para la viabilidad misma de los partidos políticos y el cumplimiento de sus funciones constitucionales, sino para el posible ingreso de recursos ilícitos en el financiamiento de las formaciones partidarias, tanto para sus actividades ordinarias permanentes como para las actividades tendientes a obtener el sufragio popular. Puede incluso estarse generando una afectación al buen funcionamiento del sistema de partidos”, afirma la propuesta de reforma constitucional.
Entre otros puntos, la iniciativa de reforma legal desarrolla la forma en que deberá entenderse el financiamiento privado.
Expone que se permitirán “las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que personas físicas y morales realicen exclusivamente para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de algún partido político; los partidos políticos establecerán en su normatividad interna las reglas para recibir aportaciones en concepto de financiamiento privado por sus militantes, candidatos y simpatizantes, ajustándose a los siguientes límites:
“La aportación anual de cada militante tendrá como límite individual 0.1% del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.
La aportación de cada candidato tendrá como límite individual 30% del tope de gasto establecido para la elección inmediata anterior del cargo de representación popular para el que se le postule.
“La aportación voluntaria y personal anual de cada simpatizante, así como de cualquier persona física o moral, tendrá como límite individual 0.1% del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos para el sostenimiento sus actividades ordinarias”, detalla la propuesta, la cual también elaboró el coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong.
Cárcel, a quien venda el Padrón
Sancionar con 15 años de cárcel a quienes comercien con el Patrón Electoral y a quienes usen las campañas para lavar dinero forman parte del aumento de penas propuestas por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, para que los delitos electorales sean considerados graves y los responsables no puedan seguir el proceso en libertad.
“Cuando la conducta sea comercializar el Padrón Electoral o el Listado de Electores, la pena será de seis a 15 años de prisión, y multa de mil a cinco mil días multa; igual sanción se impondrá a quien falsifique, posea o use ilegalmente una credencial para votar con fotografía”, propone el senador de Morena.